El gobernador de Mendoza, que nunca deja de estar en una posición, al menos, incómoda cada vez que tiene que opinar sobre decisiones del presidente Milei, midió mucho más sus palabras cuando tuvo que brindar su opinión sobre la designación de jueces por decreto.
Es que el presidente Javier Milei anunció este martes, mediante un decreto simple, la designación en comisión del juez federal Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes de la Corte Suprema. Alfredo Cornejo dijo escuetamente: “ Lamento que sean por decreto, es decir, es mejor un consenso ”.
Estas declaraciones las realizó el gobernador durante una entrega de casas en un barrio de Santa Rosa. Allí, Cornejo midió sus palabras y dijo: “Prefiero no tener una opinión hasta tanto, veamos qué hace el Senado con eso”.
Desde el interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria ya anunciaron su posición en relación a la designación por decreto de los dos jueces que integrarán la Corte Suprema. Informaron su rechazo “por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente. De esta manera, una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”, dice el comunicado oficial.
“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "en comisión" y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas. Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina”, sentencia el comunicado opositor.
Finalmente, el Interbloque denuncia que la decisión de Javier Milei es una manera de protegerse ante las denuncias por el Criptogate: “De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento.