Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York se convierte en el escenario de una decisión que podría marcar un antes y un después en la relación de Argentina con los mercados internacionales. Diez años después de iniciado el proceso judicial por la expropiación de YPF, el tribunal debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska o si obliga al país a entregar activos como forma de pago por una operación que, según la justicia estadounidense, fue mal ejecutada.
La causa, que exige una indemnización de 16.100 millones de dólares —más de 2 millones diarios en intereses—, se originó en la omisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de realizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de reestatizar la petrolera en 2012.
Aunque no se discute el derecho soberano de expropiar, el incumplimiento de los estatutos de YPF perjudicó a inversores que habían adquirido acciones en Nueva York, habilitando el litigio en esa jurisdicción.
Tres caminos posibles
La Corte de Apelaciones tiene tres caminos posibles: conceder la suspensión del traspaso de acciones, rechazarla y permitir la ejecución inmediata del fallo, o mantener la cautelar pero exigir el pago con otros activos, como bonos soberanos. Cada opción implica consecuencias políticas, económicas y diplomáticas de gran magnitud. La Corte de Apelaciones tiene tres caminos posibles: conceder la suspensión del traspaso de acciones, rechazarla y permitir la ejecución inmediata del fallo, o mantener la cautelar pero exigir el pago con otros activos, como bonos soberanos. Cada opción implica consecuencias políticas, económicas y diplomáticas de gran magnitud.
Si se rechaza la suspensión, Argentina deberá decidir entre negociar con los acreedores o incumplir el fallo, lo que podría derivar en sanciones severas: desde el embargo de reservas del Banco Central hasta la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales. Incluso los activos de YPF podrían ser embargados.
El origen: la privatización con Menem
El origen del conflicto se remonta a la privatización de YPF en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem recaudó 1.100 millones de dólares en Wall Street bajo las leyes del mercado estadounidense.
Años más tarde, el Grupo Petersen adquirió el 25% de la petrolera con préstamos otorgados por Repsol y bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. El plan era pagar con los dividendos de las acciones, pero la reestatización de YPF en 2012 —mediante la Ley de Soberanía Hidrocarburífera— bloqueó esos pagos, llevando a Petersen a la quiebra.
Fondos buitre al acecho el rol de los Eskenazi
En 2015, el Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid subastó el derecho a litigar, que fue adquirido por Burford Capital, una firma especializada en financiar juicios. Burford también respaldó la demanda de Eton Park, otro inversor afectado. Aunque no es propietario de las demandas, Burford recibirá el 70% de lo que se cobre, mientras que el 30% irá a los acreedores de Petersen, que probablemente no recuperen nada debido al volumen de sus deudas.
La familia Eskenazi, vinculada al Grupo Petersen, habría aportado 100 millones de dólares de fondos propios en la operación de compra, según fuentes cercanas citadas por la agencia NA. Sin embargo, ese capital parece haberse diluido en una trama judicial que hoy enfrenta su capítulo más decisivo.
La resolución de la Corte de Apelaciones no solo definirá el destino de las acciones de YPF, sino que también pondrá a prueba la capacidad del Estado argentino para enfrentar las consecuencias de decisiones políticas tomadas hace más de una década. En juego no está solo el patrimonio de una empresa estratégica, sino la credibilidad de todo un país ante el mundo financiero.
