A menos de 24 horas de las elecciones del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) la fiscalización sigue bajo la lupa de las listas opositoras después del acuerdo que firmó el Gobierno con la actual conducción del gremio. La semana pasada, la oposición denunció que el Ejecutivo provincial ordenó a través de una resolución no otorgar liberación laboral a fiscales ni garantizar tiempo para que docentes puedan votar durante su jornada, sino que deben hacerlo fuera de su horario de trabajo.
Un nuevo acuerdo judicial entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el gremio cambió el escenario previsto por la resolución original de la Junta Electoral. El nuevo marco legal amplía la fiscalización y otorga cierta libertad de acción a fiscales y votantes, pero las listas opositoras denuncian que la participación sigue siendo insuficiente y que el proceso electoral continúa favoreciendo a los sectores oficialistas.
Resolución de la DGE y marcha atrás
La resolución RS-2025-07704307-GDEMZA-DGE, emitida por la Junta Electoral del SUTE el martes de la semana pasada, autorizaba el uso de edificios escolares para el acto eleccionario del 7 de octubre, pero limitaba estrictamente la liberación laboral a las autoridades de mesa. Ni fiscales ni votantes estaban contemplados. El mensaje era claro: el derecho a votar debía ejercerse fuera del horario de trabajo, sin afectar el servicio educativo.
Este marco restrictivo generó malestar entre las agrupaciones opositoras, que denunciaron una maniobra para desalentar la participación y limitar el control del proceso. “No se puede hablar de elecciones transparentes si las listas opositoras no tienen condiciones reales para fiscalizar ni garantizar que sus votantes puedan asistir”, expresó un referente de la agrupación Alternativa Docente.
Nuevo acuerdo, nuevas críticas
La presión derivó en una acción judicial que culminó el 2 de octubre con un nuevo acuerdo entre la DGE y el sindicato. El documento, firmado en la Segunda Cámara del Trabajo, introduce cambios sustanciales: habilita sectores escolares para el acto sin interrumpir clases, garantiza liberación de tareas con goce de haberes para autoridades de mesa y fiscales generales oficializados, y permite a los docentes afiliados disponer de una hora dentro de su jornada laboral para votar.
Aunque el acuerdo parece ampliar derechos, las críticas no cesan. Las listas opositoras señalan que la figura del “fiscal general” está reservada solo para candidatos oficializados, lo que excluye a otros actores que podrían ejercer control en nombre de agrupaciones minoritarias. Además, denuncian que el proceso de oficialización ha sido opaco y que muchas listas no han podido acceder a ese estatus, quedando fuera del esquema de fiscalización.
“Las listas opositoras seguimos sin poder fiscalizar en igualdad de condiciones”, afirmó a ElEditor Mendoza Virginia Pescarmona, del Frente CREO, sobre las nuevas condiciones. "Nosotros presentamos una lista con más de 300 fiscales y sólo podrán ser fiscales 160, que son los candidatos. No se habilitan los fiscales de las listas. Eso está denegado La conducción del gremio y la Junta Electoral siguen atentando contra el derecho al voto".
Por otra parte, apuntó: "Hay una zona gris de interpretación acerca de si realmente se les va a permitir el ingreso a las escuelas a los fiscales".
La interna del PJ en el SUTE
A su turno, Cristina Raso, candidata a conducir el SUTE por la lista Ámbar Verde (PJ), celebró la liberación de los fiscales. "Sin fiscales no había elección". Sin embargo, renovó sus críticas a la conducción, en manos del PJ (Carina Senado y Gustavo Correa). "La lista oficialista se manejó de manera espuria".
Luego convocó a "no dispersar el voto. Tenemos que tener un voto estratégico. Si el 80% no aprueba que continúen las prácticas del oficialismo no podemos dispersar el voto en seis listas".
Una hora para votar
Otro punto de conflicto en estas elecciones es la liberación de sólo una hora para votar. Si bien representa un avance respecto de la resolución original, que sólo permitía hacerlo fuera del horario laboral, su implementación depende de la coordinación con los equipos directivos de cada escuela, lo que en la práctica puede generar desigualdades.
“Hay directores que no están informados, otros que no quieren liberar personal. Otros que están empadronados en escuelas lejanas y tardarán más de una hora en ir y volver. No hay garantías reales de que todos los docentes puedan ejercer su derecho al voto”, denunció un delegado de base en San Rafael.
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Histórica marcha del SUTE y otros gremios estatales en Mendoza en 2022.
Foto: CTERA
Escuelas albergues, sin urnas volantes
El Frente CREO presentó un recurso ante la "negación del Derecho al voto en escuelas albergue, que el día de la elección estarán "albergados", es decir, en lugares alejados.
"Hemos constatado la ausencia de urnas volantes (móviles) destinadas a cubrir las Escuelas Albergue ubicadas en los parajes rurales del Departamento de Malargüe", y enumeraron:
- Escuela 4-183 (Turno Tarde): "Se ha detectado un cambio no informado de la mesa y departamento asignado a la Escuela 4-183. Dicha escuela ha sido empadronada para una urna volante cuyo recorrido no está previsto para el turno tarde, dejando a lxs compañeros afiliados que trabajan en ese horario sin la posibilidad efectiva de emitir su voto".
- Escuela 8443 Héctor Cubo, albergada en la fecha de votación, está a 186 km del lugar de la urna.
- Escuela 8511 Peregrina Cantos, Bardas blancas (albergada) a 60 km.
- Escuela 8497 Houssay (albergada), a 80 km.
- Escuela 4191 Hugo Pierini, La Junta (albergada), a 30 km.
Indicó el Frente que "esta negligencia logística y la falta de notificación implican una negación de facto del derecho al voto de lxs trabajadorxs. La situación de las Escuelas Albergue (personal impedido de moverse por lejanía) y el error en el recorrido de la Escuela 4-183 (anulando el voto del turno tarde) vulneran:
- "El principio de universalidad y accesibilidad al voto y la igualdad ante la ley para todxs lxs afiliadxs".
- "La responsabilidad ineludible de esta Junta Electoral de garantizar la logística adecuada para que el derecho a elegir y ser elegido sea efectivo y no meramente teórico".
Más de 20 mil afiliados, seis listas
Más de 20 mil docentes y celadores afiliados al SUTE elegirán a las autoridades que conducirán el gremio durante los próximos cuatro años. Serán seis las listas en competencia, con propuestas que van desde la izquierda sindical hasta el oficialismo actual, en un escenario atravesado por fracturas y alianzas.
La oferta electoral quedó conformada tras la presentación de listas del pasado 28 de agosto, con un abanico diverso que incluye sectores tradicionales y nuevas corrientes.
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Fuerza Colectiva: agrupa a sectores de izquierda como la Lista Rosa y colectivos independientes como MALVA.
Lista CREO: conformada por la agrupación 9 de abril (ex FURS) y ADE.
Lista Ámbar-Verde: liderada por Cristina Raso.
Frente por la Escuela Pública: actual oficialismo, integrado por las listas Azul-Naranja y Celeste, que hoy controlan el 100% de la representación provincial y departamental.
Lista Azul y Blanco: estaría vinculada a funcionarios de la DGE, que ya compitió en las últimas elecciones de Juntas Calificadoras.
Lista Púrpura: una alternativa independiente que presentó candidatos solo en Maipú, Godoy Cruz, Tunuyán y San Carlos.
