Desde el 2 de agosto y durante seis jornadas consecutivas, se desarrollará la audiencia pública oficial sobre el proyecto minero San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) en Uspallata, convocada por el Gobierno provincial. Con 3.836 inscriptos —de los cuales 2.269 tomarán la palabra entre oradores presenciales y virtuales— la convocatoria representa un desafío técnico y logístico sin precedentes.
La apertura de la audiencia oficial se hará a las 10. A esa misma hora, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo comenzará la audiencia convocada por vecinos y asambleístas de Uspallata en rechazo al proyecto y a la audiencia oficial, a la que impugnaron sin éxito en la Justicia.
Cómo será la audiencia pública oficial
Duración estimada: 6 días consecutivos
Total de oradores: 2.269, cada uno tendrá cinco minutos para exponer, según la modalidad que viene implementando el Gobierno. En audiencias anteriores pasado ese tiempo el audio se corta.
Día 1: exposiciones formales (Autoridad Ambiental Minera, empresa proponente, consultora del IIA) + 110 oradores
Días 2 a 6: 156 oradores diarios
Modalidades:
889 oradores presenciales
1.380 virtuales por Zoom
1.567 asistentes sin exposición
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El Gobierno de Cornejo llamó a Audiencia por San Jorge en medio de la montaña.
La sede es el campamento minero San Jorge, en el medio de la montaña, y se podrá ver por zoom y YouTube en vivo. Además, el Gobierno dispuso como puntos remotos habilitados el Polideportivo CEDRyS (Uspallata) y la Sala Malvinas Argentinas (Las Heras)
Transporte gratuito: habilitado solo sábado y domingo, hasta el 3 de agosto inclusive. Para obtener el transporte hay que presentar el DNI y la constancia de inscripción en la boletería de Andesmar en la Terminal.
La audiencia de vecinos y asambleístas
A la misma hora que la instancia oficial, se realizará una audiencia pública popular convocada por vecinos y asambleístas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, en el centro de Uspallata.
Los vecinos acudieron a la Justicia para impugnar la audiencia organizada por el Gobierno. Sin embargo las denuncias fueron rechazadas por la Fiscalía de Estado primero y por la Justicia después. Como última instancia, acudieron con un hábeas corpus para que el Ejecutivo garantice la protección de quienes van a acudir a la parroquia, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de agresiones contra vecinos en el marco de una marcha pacífica en enero de este año.