En paralelo a la audiencia pública oficial por el proyecto San Jorge, habrá una de vecinos en la parroquia. Exigen garantías mínimas para quienes participen.
La audiencia de vecinos y asambleístas de Uspallata contra San Jorge se hará en la parroquia del pueblo.
Federico Soria (Asamblea de Uspallata)La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentó este jueves a primera hora un recurso de amparo ante el Juzgado Penal Colegiado 1 con el objetivo de garantizar la seguridad y libertad de quienes participen en la “Audiencia Pública del Pueblo”, convocada para el próximo 2 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cuyo.
Esta audiencia es una convocatoria de vecinos y asambleístas en paralelo a la que hará el Gobierno junto a San Jorge en un campamento minero de la empresa.
El recurso fue interpuesto por Federico Soria, integrante de la Asamblea, con el patrocinio legal de Alfredo Guevara Escayola. La acción judicial se ampara en el artículo 43 de la Constitución Nacional y busca prevenir posibles restricciones a la libertad ambulatoria de los asistentes, en especial ante el antecedente de hechos violentos ocurridos en enero pasado, cuando manifestantes fueron agredidos por grupos vinculados al sindicato UOCRA, según consta en denuncias realizadas en su momento ante la Fiscalía de Uspallata.
Los asambleístas denuncian que la realización simultánea de dos audiencias públicas —una oficial convocada por el Gobierno de Mendoza en cercanías del proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino”, y otra popular organizada por vecinos en el centro de Uspallata— podría generar un clima de hostilidad y represión que desincentive la participación ciudadana.
El escrito judicial recuerda que en enero de este año, vecinos fueron agredidos por grupos trasladados en colectivos desde otras zonas de la provincia, y que y "una persona allegada al partido de gobierno inició un incendio, hechos utilizados por el Gobierno de la Provincia para adjudicar a los vecinos de Uspallata el uso de la violencia". Se refieren a Pablo González, alias El Mostro, quien a través de su hija tiene vínculos con la UCR de Las Heras, y admitió haber atacado un local con un elemento incendiario.
Recuerda también el escrito que "dos integrantes de la Asamblea fueron detenidos y posteriormente liberados bajo medidas cautelares". Se trata del propio Soria y de Mauricio Cornejo, encarcelados por una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera, por la cual aún deben acudir a Tribunales.
También menciona la presentación la detención de manifestantes en la Ruta Nacional 7, bajo el pretexto de identificación, lo que refuerza el temor de nuevos controles arbitrarios.
“Muchos ciudadanos sienten temor fundado de ver restringida su libertad ambulatoria, ya sea por controles en las rutas o provocaciones de sectores vinculados a intereses económicos y políticos”, señala el recurso.
La presentación judicial subraya que la Audiencia Pública que se hará en la villa está amparada por múltiples normas nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión, reunión y participación política. Entre ellas, se citan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, este último especialmente relevante por su enfoque en la protección de defensores ambientales.
El recurso solicita al Poder Judicial que ordene al Gobierno de Mendoza y a la Policía Provincial: