-El gobierno garantizó la media sanción concediendo modificaciones.
-Dos votos a favor y uno en contra de los mendocinos en el Senado por la reforma laboral .
Se aprobó en general la reforma laboral.
Pasada la medianoche, el Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. El oficialismo de La Libertad Avanza logró sortear el primer gran escollo legislativo del año en una sesión maratónica, que continuaba con la votación en particular.
Los negociadores del proyecto de Javier Milei se apoyaron en una alianza estratégica con sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y representantes de los gobernadores. La votación resultó con 42 votos a favor y 30 en contra. Se produjo a la 1:22 del jueves.
La votación fue el corolario de una semana de febriles tratativas en los pasillos del Congreso y los despachos de la Casa Rosada. Mientras transcurría la sesión, afuera del Congreso la policía reprimió a los manifestantes que protestaban en paz hasta que se produjo la entrada en acción de unos 30 encapuchados no identificados.
El presidente Javier Milei monitoreó cada instancia desde la Quinta de Olivos, mientras su gabinete, encabezado por el Jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo, terminaba de pulir los 28 cambios introducidos al texto original para desactivar la resistencia de la oposición dialoguista y de la CGT.
El presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans, aseguró que el proyecto "es inconstitucional". Además, denunció la violación de las normas en el proceso que derivó en la votación de la madrugada del jueves. Dijo que "ni Milei entiende el proyecto", cuya autoría adjudicó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
Mayans emparentó el modelo que promueve el proyecto al de la dictadura genocida que asaltó el poder en 1976, tras remarcar que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lidera una gestión que se vale de la represión para imponerse.
Patricia Bullrich cerró el tramo de los discursos en el recinto apenas pasadas la una de la mañana del jueves. Dijo que la reforma laboral "viene a desarmar una maraña de leyes" que perjudican la competitividad. Recalcó que la ley en cuestión tiene el fin de terminar con "un sistema feudal", como calificó a la organización política actual del país.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza afirmó que "bajar los impuestos es clave para la competitividad", a la vez que cuestionó al rol que desarrolla el Estado en materia laboral, porque "impide generar nuevos puestos de trabajo privado". Afirmó que "este sistema fracasó" y que la oposición defiende derechos de los que la gente "está afuera".
Bullrich condenó la industria del juicio, a la vez que defendió a los empresarios de las críticas que reciben por sus acciones. Aseguró que el país tiene menos empresas que Uruguay.
Asimismo, la senadora libertaria propició que haya gremios dialoguistas en lugar de los combativos. Defendió los límites a las licencias gremiales y a la celebración de asambleas. Alentó el banco de horas en lugar de las horas extras, para que los jóvenes "no trabajen los viernes". Cuestionó: "Pregúntenles a los jóvenes si quieren trabajar los viernes".
Al final de la exposición que llevó escrita y leyó recurrentemente durante su tiempo de intervención defendió el proyecto en general y en particular.
Para alcanzar el quórum y la mayoría necesaria, el Gobierno debió sacrificar uno de sus objetivos fiscales más ambiciosos: la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas. Este punto, que generaba un fuerte rechazo entre los mandatarios provinciales por su impacto en la coparticipación, fue retirado del pliego horas antes del inicio de la sesión.
Asimismo, la gestión de la senadora y referente oficialista Patricia Bullrich fue determinante para sellar acuerdos con el sindicalismo moderado. En un giro pragmático, el proyecto definitivo mantuvo la vigencia de la "cuota solidaria" —el aporte que realizan los trabajadores no afiliados a los gremios—, aunque con un tope del 2% y un plazo de revisión de dos años. Esta concesión evitó un desfinanciamiento inmediato de las estructuras sindicales, calmando las aguas tras las protestas que la CGT y movimientos de izquierda protagonizaron en las afueras del Palacio Legislativo durante la tarde.
El texto aprobado introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los puntos más destacados se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cese que reemplazará las indemnizaciones tradicionales de manera optativa. Según el articulado, las grandes empresas aportarán un 1% mensual, mientras que para las PyMEs la alícuota será del 2,5%.
Otro pilar de la reforma es la implementación del "banco de horas", que permite compensar jornadas extendidas con descansos, siempre bajo acuerdo individual o colectivo. Además, la ley establece la unificación y simplificación del registro laboral a través de ARCA, buscando reducir la litigiosidad y lo que el oficialismo denomina la "industria del juicio".
La oposición más dura, nucleada en el interbloque del Frente de Todos y sectores vinculados, rechazó de plano la iniciativa. Senadores como Marcelo Lewandowski calificaron la reforma como un "retroceso en los derechos adquiridos", mientras que desde el oficialismo se celebró como un hito histórico. "Es la modernización más importante de los últimos 50 años", afirmó Bullrich minutos antes de la votación definitiva.
Un dato llamativo fue la inclusión a último momento de un artículo que habilita la progresiva transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero de la Ciudad de Buenos Aires, una medida que generó controversia pero que terminó de abrochar el apoyo de los legisladores alineados con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Con la media sanción en el bolsillo, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera una sanción definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo. El escenario que se abre es de una tensa calma: si bien el oficialismo demostró capacidad de maniobra política, las modificaciones aceptadas dejan un sabor agridulce en los sectores más ortodoxos del Ejecutivo, que ahora deberán gestionar un mercado laboral en transición bajo la atenta mirada de la justicia y los sindicatos.