Mendoza vive horas decisivas: el martes se trata en el Senado la DIA del proyecto San Jorge. Iglesias evangélicas y católicas se pronunciaron en contra.
San Jorge genera rechazo en buena parte de la comunidad de Uspallata.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaMendoza vive horas decisivas. A horas de que el Senado provincial vote la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto megaminero San Jorge, en Uspallata, una serie de pronunciamientos provenientes de iglesias, comunidades indígenas, organizaciones sociales y académicas se multiplicaron contra ele proyecto de oro y cobre y contra la megaminería. Este lunes un caravanazo partió desde la villa cordillerana y se espera que s le unan columnas de toda la provincia.
“El agua que abastece al 75% de la población de la provincia está en grave riesgo con la vida y la producción de Mendoza”, advirtió la Red del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Red de Fe por la Justicia Climática en una carta enviada a los senadores. La frase resume el núcleo del conflicto: entienden que el emprendimiento extractivo puede comprometer el bien común más preciado en un territorio árido como Mendoza.
El CLAI es un organismo ecuménico que agrupa a diversas iglesias protestantes, evangélicas y ortodoxas de la región, aunque la Iglesia Católica a veces colabora a través de sus propios organismos como el CELAM, no es miembro pleno del CLAI.
El documento firmado por la Red CLAI y la Red de Fe por la Justicia Climática, fechado el 5 de diciembre, denuncia “cuestionados procesos de evaluación ambiental, de participación ciudadana y de respeto por las leyes vigentes”.
Las organizaciones religiosas recuerdan la sanción de la Ley de Glaciares en 2010 como un logro histórico y llaman a los legisladores a rechazar las declaraciones de impacto ambiental de proyectos como San Jorge, Josemaría y Los Azules.
La Iglesia Católica se metió de lleno en el conflicto desatado en Uspallata tras la reactivación del proyecto San Jorge, cuyo hito fue la detención de dos vecinos y asambleístas acusados, sin pruebas, de amenazas contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
"El arzobispo está preocupado", confió a ElEditor Mendoza en esos días Daniel Funes, de la red Iglesias y Minerías, que tiene un nodo en Argentina desde hace tres años. Funes se presentó en el Polo Judicial para entregar un escrito. Aunque no le permitieron ingresar, logró presentarlo por medios electrónicos.
Queremos advertir que este tipo de situaciones de criminalización de la protesta social agrava los conflictos llevándolos a escaladas de violencia que recaen en víctimas inocentes de las comunidades; mucho más cuando la justicia no es claramente imparcial y se pone el sistema policial y judicial en aparente servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros, reza uno de los párrafos más duros del documento presentado al fiscal Juan Manuel Sánchez
El 7 de diciembre, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina difundió un comunicado en el que expresa “profunda preocupación por la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de Mendoza a un paquete de leyes que promueven un modelo de desarrollo depredador y profundamente injusto”.
El texto recuerda que el proyecto San Jorge ya fue rechazado en 2011 y advierte sobre los riesgos de eliminar el cerro homónimo en la cuenca del río Mendoza, fuente de agua para más de 1,5 millones de personas.
La denuncia es concreta: el emprendimiento utilizaría sustancias tóxicas como el xantato y podría liberar metales pesados —arsénico, cadmio, plomo y mercurio— con graves consecuencias para la salud. “La exposición prolongada a estos contaminantes puede causar severos problemas de salud a todo ser vivo”, señala el comunicado.
Por otra parte, el 7 de diciembre, una amplia Mesa de Diálogo integrada por la Pastoral Social de Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaytamari, asambleas vecinales y organizaciones civiles, publicó el documento “Por el Bien Común del Pueblo Mendocino”.
Allí se cuestiona la legalidad de la DIA: “Una DIA condicionada, con vacíos y vicios, elementos mal consignados, observaciones no contestadas y promesas a futuro, es ilegal e ilegítima”.
El texto denuncia la violación del Principio Precautorio y de Equidad Intergeneracional, y advierte que se ignoraron informes de instituciones como CONICET, UNCUYO y el Departamento General de Irrigación.
Además, se señala la persecución de voces críticas y la judicialización de la protesta social. La consigna central es contundente: “El AGUA vale más que el oro, el AGUA es VIDA”. La Mesa de Diálogo propone un horizonte alternativo: la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, como símbolo de un modelo de desarrollo basado en el cuidado de la casa común.
Ese mismo 7 de diciembre, las comunidades indígenas de Uspallata y de la cuenca del río Mendoza difundieron un comunicado urgente en el que reiteran su “llamado amoroso y urgente a las y los representantes del Pueblo” para que no nieguen la voz colectiva.
El texto invoca derechos consagrados en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), el Convenio 169 de la OIT, la Declaratoria UNESCO del Qhapa Ñan y la Ley Provincial 6599 de monumentos naturales.
Denuncian que la DIA del proyecto San Jorge omitió el rechazo indígena expresado en la etapa 5 de la consulta previa. “Nuestros derechos indígenas como pueblos preexistentes, y el derecho de la Naturaleza, siguen siendo negados”, afirman.
Las comunidades exhortan a sancionar la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas y advierten que ya iniciaron denuncias ante organismos internacionales. La consigna final sintetiza su cosmovisión: “¡Decimos NO a la muerte, SÍ a la vida! Mendoza es hija del agua”.
Los cuatro documentos, aunque distintos en tono y procedencia, convergen en un mismo eje: la defensa del agua como bien común y la denuncia de un modelo extractivo que amenaza la salud, la vida y la democracia.
La coincidencia entre iglesias, comunidades indígenas, organizaciones sociales y académicas suma voces a la oposición contra el proyecto San Jorge. La narrativa combina argumentos éticos, científicos, legales y espirituales, y se inscribe en una tradición mendocina de resistencia a la megaminería que ya se expresó en 2007, 2011 y 2019 con movilizaciones masivas. El Gobierno, por su parte, cree que hay un cambio cultural de aceptación de la actividad, y leyó un aval en el resultado de las últimas elecciones.
La votación en el Senado será un momento definitorio. Los pronunciamientos buscan interpelar a los legisladores para que escuchen el clamor social de quienes se oponen y respeten los compromisos nacionales e internacionales.