Diego Chaher es el abogado conocido entre empresarios de Mendoza. Javier Milei lo puso al frente del desguace de empresas, entre las cuales figura IMPSA.
Alfredo Cornejo habló del apagón que se dio en el Sur este jueves
Foto: Prensa Gobierno de MendozaDespués de meter mano en la entrega de IMPSA a capitales estadounidenses, Diego Chaher, el hombre de Danie Vila y José Luis Manzano que Javier Milei puso al frente del desguace de las empresas públicas, desembarcó en Mendoza para supervisar la licitación para el manejo de los complejos hidroelécricos Nihuiles y Diamantes.
Chaher está al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” (ATEP).
Es un abogado de Mendoza que trabaja desde hace casi 20 años a las órdenes de Daniel Vila y José Luis Manzano en el Grupo América. Fue director Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink y director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales. Es mendocino y también está vinculado a las áreas legales de UNO Medios. Fue también gerente de Canal 8 de San Juan, del Grupo América.
Primero quedó como interventor de los medios públicos, a los que Milei desarmó apenas asumió con un plan de despidos y retiros voluntarios.
El negocio de la privatización es un eje central en las discusiones dentro del gobierno sobre qué hacer con los medios públicos. Por eso es clave la designación del interventor adjunto de los medios públicos.
La concesión de estas centrales hidroeléctricas clave está en manos de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, pero se venció hace un año. Alfredo Cornejo se la renovó por decreto y ahora se avanzó en una nueva licitación para adquirir el 51% de las acciones de la empresa concesionaria (la Parovincia es dueña de 47% y otro 2% restante está en manos de los trabajadores).
"Es parte de un cronograma e se viene llevando adelante dando soporte a la privatización y re licitación de las empresas hidroeléctricas, van a encontrar todo el soporte de la nación", señaló Chaher en conferencia de prensa junto a Cornejo .
El Gobierno apuesta a que este proceso de licitación conjunta atraiga inversores internacionales, lo que permitiría modernizar la infraestructura de ambos complejos y mejorar su eficiencia operativa.
Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en lo que respecta a la regulación de las tarifas y la distribución de los beneficios económicos generados por estos sistemas.
Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, controla el 52% de HINISA, que controla el 51% de las acciones de las hidroeléctricas que ahora salen a licitación, según el convenio firmando entre la Provincia y la Nación.
El acuerdo busca modernizar la gestión de estos sistemas hidroeléctricos, reducir los subsidios estatales y mejorar la eficiencia en la generación de energía.
Los complejos hidroeléctricos Nihuiles y Diamante han sido pilares en la generación de energía en Argentina, pero su gestión ha estado marcada por desafíos legales y operativos.
El sistema Nihuiles, adquirido por la provincia de Mendoza en 1992, estuvo bajo concesión de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., cuya concesión venció en mayo de 2024.
Tras una serie de prórrogas, se acordó un período de transición que finalizará en mayo de 2025. Por su parte, el complejo Diamante, privatizado en 1994, también enfrenta un proceso de transición que se extenderá hasta octubre de 2025.
El acuerdo firmado entre la Nación y Mendoza busca resolver estos problemas mediante una licitación conjunta que permita una gestión más eficiente y transparente de ambos complejos. Además, se espera que este proceso contribuya a la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y a la reducción de los subsidios estatales, que actualmente cubren una parte significativa de los costos de generación de energía.
Como ocurrió con IMPSA, que el gobierno libertario buscó mostrar como la primera empresa privatizada de la era Milei, el manejo de las hidroeléctricas es un negocio clave en el cual la Nación busca tener injerencia.
A pesar de los avances, el acuerdo no está exento de críticas. Algunos sectores políticos y sociales han expresado preocupación por la posible privatización de estos recursos estratégicos, argumentando que podría llevar a un aumento en las tarifas eléctricas y a una menor participación del Estado en la gestión de los recursos naturales.
Además, existe escepticismo sobre la capacidad de la ATEP para garantizar un proceso licitatorio transparente y competitivo.
Por otro lado, el esquema remuneratorio de la generación de energía eléctrica, que incluye a los complejos Nihuiles y Diamante, sigue en proceso de revisión. Esto podría generar incertidumbre entre los potenciales inversores, quienes podrían ver afectados sus cálculos de rentabilidad debido a los cambios en las regulaciones y subsidios.