La exsecretaria de Energía de Alberto Fernández, Flavia Royón, hoy en la lista de candidatos a diputados nacionales por Salta, dijo que una de las prioridades de la "mesa del cobre" -que integra Alfredo Cornejo junto a gobernadores de San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca- son los "obstáculos" que implica para la minería la Ley de Glaciares. La exfuncionaria consideró que la ley "ha hecho mucho daño" y que el corto plazo se necesitan correcciones a través de un decreto acordado entre el presidente y los gobernadores.
En junio, el gobierno de Javier Milei anunció la modificación por decreto de la Ley de Glaciares, con el objetivo de reducir las zonas protegidas y habilitar la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas en ciertas áreas. En Mendoza, además, existen las restricciones que impone la Ley 7722. No obstante, la derogación de la ley que protege los glaciares no se hizo efectiva.
La modificación, que ya había intentado incluirse en la Ley Bases, generó una fuerte reacción en el ámbito político y ambiental. La actual normativa impide hacer minería en glaciares y ambientes periglaciares.
Se trata de una ley sancionada en 2008, vetada por Cristina Kirchner -en lo que se llamó el "veto Barrick- pero repuesta dos años después tras un gran impulso de asociaciones sociales y ambientalistas de todo el país.
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Los glaciares en discusión
Royon participó en el streaming Dynamo, y allí definió la ley que protege los glaciares como “una interferencia dentro de las competencias provinciales”.
“No obstante, no hay un Estudio de Impacto Ambiental aprobado en una provincia que no contiene el sistema de glaciares”, aclaró.
Royón dijo que en la Mesa del Cobre es "el primer tópico a resolver y las provincias tienen su opinión sobre la Ley de Glaciares y hoy esta indefinición ha sido un freno en el desarrollo del país. El escenario ideal sería rever la ley en el Congreso pero eso va a llevar tiempo".
A su entender, la Ley de Glaciares ha hecho mucho daño al sector. “Hay que tener políticas y discursos públicos sostenibles e informados. El gris legal que dejó esa normativa hoy es un impedimento para el desarrollo de la Argentina”, sentenció.
El Gobierno nacional, sugirió, debería apoyarse en las provincias que tienen los recursos y representan la autoridad de aplicación. “El escenario ideal sería rever la ley en el Congreso. Esa discusión llevará tiempo. Mientras tanto es posible aclarar los puntos inciertos mediante un decreto reglamentario, acordado con las provincias, que permita que los proyectos avancen”, completó.
