Javier Milei se prepara para reducir las zonas protegidas. Hay alerta en Mendoza por la afectación específica para zonas de la cordillera de Malargüe.
Uno de los glaciares de la cordillera de Malargüe protegido por la ley que Milei quiere modificar por decreto.
El gobierno de Javier Milei anunció la modificación por decreto de la Ley de Glaciares, con el objetivo de reducir las zonas protegidas y habilitar la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas en ciertas áreas.
La modificación, que ya había intentado incluirse en la Ley Bases, generó una fuerte reacción en el ámbito político y ambiental. La actual normativa impide hacer minería en glaciares y ambientes periglaciares.
Se trata de una ley sancionada en 2008, vetada por Cristina Kirchner -n lo que se llamó el "veto Barrick- pero repuesta dos años después tras un gran impulso de asociaciones sociales y ambientalistas de todo el país.
En Mendoza tendría una afectación específica porque en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental hay tanto glaciares como ambientes periglaciares. De hecho algunos de los proyectos que se encontraban en zonas de reservorios de hielo fueron rechazados después de advertencias del IANIGLA.
El Gobierno de Mendoza, por su parte, admitió que en la zona de Malargüe Distrito Minero 2 hay glaciares -como advirtió un detallado informe de la UNCuyo y el propio IANIGLA- y frenó dos de los proyectos, pero ordenó seguir con otros 27.
Desde sectores opositores, la decisión fue calificada como un "escandaloso retroceso ambiental". Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, expresó: "Los glaciares no se tocan", y denunció que la reforma busca facilitar la explotación económica en zonas que actualmente están protegidas.
Ferraro argumentó que el decreto viola el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, y permite la intervención en ambientes periglaciares, esenciales para la regulación hídrica.
"Este decreto contradice el derecho vigente y responde a intereses históricos que han intentado remover los límites impuestos por la Ley de Glaciares", señaló.
La exdiputada nacional Graciela Camaño también criticó la iniciativa, atribuyéndola a la presión de empresas mineras. "La modificación por decreto responde a la voracidad empresarial", afirmó, y anticipó que recurrirán a la justicia para impugnar la medida.
En contraste, desde el oficialismo se defiende la modificación como una actualización técnica necesaria. Florencia De Sensi, diputada del Pro, celebró la iniciativa y sostuvo que "la normativa actual frena inversiones, incluso en zonas sin función hídrica relevante. La nueva regulación corregirá excesos y permitirá el desarrollo de proyectos estratégicos que el país necesita".
El Ejecutivo asegura que la reforma mantendrá estudios de impacto ambiental y dará mayor autonomía a las provincias en la regulación de estos espacios. Sin embargo, la medida sigue siendo objeto de debate y podría enfrentar impugnaciones judiciales en los próximos días.