El PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde exigen la constitución de una comisión investigadora en la Legislatura. Denuncian irregularidades en el proceso.
Diputados y senadores de la oposición tienen muchas dudas sobre la millonaria adjudicación de viandas para presos a la empresa Clisa S.A.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Gobierno de Mendoza oficializó la contratación directa para la adquisición de cuatro millones de raciones alimentarias con destino al Servicio Penitenciario, y por las que pagará más de $54 mil millones para los próximos dos años a la empresa Clisa S.A que ya venía prestando el servicio. En la Legislatura reclaman investigar el proceso.
La oposición cerró filas en la Casa de las Leyes y denuncia irregularidades en la contratación de la firma en forma directa, luego del fracaso de la licitación. El PJ, La Unión Mendocina, el Partido Verde y otros espacios brindaron una conferencia de prensa con la intención de presionar al oficialismo para que constituya una comisión investigadora.
"Todo ese proceso licitatorio, tanto en su etapa inicial como la contratación directa, tuvo observaciones de la fiscalía de estado. Se la ha dado vista a Ética Pública y al Tribunal de Cuentas ante posibles responsabilidades de funcionarios públicos que han intervenido en el proceso licitatorio. Entendemos que si fracasó, debió llamarse a otro proceso licitatorio. Es una licitación importante, son 54 mil millones de pesos", dijo Germán Gómez, jefe de bloque de diputados del PJ.
El ruido en todo el recorrido del expediente se dio, primero, en la ausencia de Clisa S.A a la hora de presentar ofertas y en el veto a Bio Limp S.A. por la ausencia de una garantía de oferta. Se le dio de baja como oferente y eso le dio el argumento al Ministerio de Seguridad de habilitar el mecanismo de contratación directa. Allí apareció Clisa S.A quien se quedó con la adjudicación.
Aseguran que los pedidos de informe "se payanean" y presentaron un proyecto para conformar un órgano que reúna documentación para dilucidar si hubo, o no, irregularidades.
Entre los argumentos que sostienen las dudas, está el dictamen de la Fiscalía de Estado. El órgano que conduce Fernando Simón, indicó que si bien la garantía fue mal evaluada, la oferta de Bio Limp debía ser rechazada por una serie de incumplimientos como no haber presentado la habilitación de plantas en Mendoza, no haber acreditado derechos de uso sobre las instalaciones y carecer de documentación del equipo profesional habilitado en la provincia. También consideraron que la oferta debía ser rechaza por inadmisible.
De no avanzar la constitución de la comisión, la senadora Adriana Cano (PJ) remarcó que hay otras herramientas administrativas y judiciales "que podemos iniciar a partir de la negativa política que creemos que es nuestra primera función. Creemos que, institucionalmente, nosotros como legisladoras tenemos que exigir que la Legislatura funcione como órgano de control que es como fue creada constitucionalmente".
"Vamos a insistir en que así sea y esperamos que el oficialismo receptúe este pedido porque creemos que habla de la madurez política que muchas veces dicen tener pero que lamentablemente en estos casos vemos que está obviamente desaparecido", cerró la jefa de bloque del PJ en el Senado.
De acuerdo al proyecto presentado por Germán Gómez, la Comisión estará compuesta por un miembro de cada bloque legislativo con representación en la Cámara, resguardando el principio de proporcionalidad política, y será presidida por un miembro propuesto por el cuerpo legislativo.
El órgano contará con un plazo de noventa (90) días desde su constitución para emitir un informe preliminar, pudiendo prorrogarse por única vez por un período adicional de sesenta (60) días mediante resolución fundada. Y entre las facultades que tendrá, están:
a) Solicitar documentación respaldatoria de los actos administrativos vinculados al proceso licitatorio.
b) Convocar a funcionarios, responsables técnicos y representantes de las empresas intervinientes.
c) Requerir informes a organismos de control, incluyendo la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas.
d) Recomendar, en su caso, la remisión de antecedentes a los órganos judiciales y de control pertinentes.