En Uspallata se celebró la vuelta al pueblo de Federico Soria y Mauricio Cornejo, los vecinos detenidos tras protagonizar protestas contra San Jorge -y a instancias de una denuncia por amenazas de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata- . Por otra parte, las asambleas ya coordinan cómo seguir en las calles ante la firme decisión del oficialismo, que redobló esfuerzos por retomar la agenda de la megaminería.
Soria y Cornejo fueron liberados el jueves pasado al caerse la causa en su contra, en la que el denunciante no aportó pruebas ni testigos que los incriminaran. Cornejo estuvo en un calabozo tres semanas y otras dos en domiciliaria, Soria pasó tres días preso en el complejo penitenciario Estrada, pese a que atraviesa un diagnóstico médico delicado.
El encarcelamiento fue un hito en la historia de la persecución de la protesta en Mendoza. Sin embargo, no desanimó a los vecinos y asambleístas, que este lunes se reunirán en una "asamblea de necesidad y urgencia" para coordinar cómo seguir.
"Esto recién empieza"
Desde las19 este lunes se reunirán en la Casita Colectiva (Guaymallén) para organizar "colectivamente un plan de lucha frente al avance de políticas y prácticas que buscan cercenar nuestras libertades democráticas y restringir derechos fundamentales".
Esto recién empieza, porque nuestros compas han quedado en libertad condicional con una serie de restricciones y la causa, a pesar de salir de las garras del poder mendocino, queda en un limbo jurídico que podría durar años. Por eso pedimos, además de su libertad definitiva, su desprocesamiento y la reivindicación de su honor y buen nombre, mancillado por el gobierno, la municipalidad, minera San Jorge y los medios pautados, a modo de escarmiento para toda la comunidad de Uspallata", señalaron.
Con respaldo de la Iglesia
La Iglesia Católica se metió de lleno en el conflicto desatado en Uspallata tras la reactivación del proyecto San Jorge, cuyo hito fue la detención de Cornejo y Soria.
La semana pasada en el Polo Judicial un referente del grupo Iglesias y Minería se presentó con un escrito en repudio a las condiciones de detención.
"El arzobispo está preocupado", confió Daniel Funes, de la red Iglesias y Minerías, que tiene un nodo en Argentina desde hace tres años. Este jueves, se presentó en el Polo Judicial para entregar un escrito. Aunque no le permitieron ingresar, logró presentarlo por medios electrónicos.
Por otra parte, esta semana podría avanzar en Diputados el proyecto de Jorge Difonso (LUM) para interpelar al jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, por la detención de vecinos y asambleístas en una causa que finalmente se cayó por falta de pruebas.
El proyecto tiene como objetivo obtener información clara y detallada sobre las acciones privativas de la libertad en curso y garantizar que los procedimientos judiciales se ajusten a la normativa vigente.