La motosierra no descansa y después de frenar todas las obras en las rutas, Javier Milei va por el cierre de Vialidad Nacional. Hoy habrá protestas en todo el país.
Trabajadores están de protesta por el inminente decreto de cierre de Vialidad Nacional. En Mendoza afecta rutas cruciales para el despegue minero.
La motosierra no descansa y después de frenar todas las obras en las rutas, Javier Milei va por el cierre de Vialidad Nacional. Hoy habrá protestas en todo el país.
Este miércoles al mediodía, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina tomará las calles en una movilización que busca frenar lo que consideran un ataque directo al futuro de Vialidad Nacional. Frente al edificio de Empleo Público, en la ciudad de Buenos Aires, la protesta se intensificará ante la creciente preocupación por un decreto gubernamental que podría desmantelar el organismo.
Según denunció la secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, el plan del Gobierno Nacional no solo implicaría el cierre de Vialidad Nacional, sino también el despido masivo de sus trabajadores. “Es una locura”, manifestó la gremialista, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta medida.
Javier Milei sacrificó todas las obras viales de Argentina. Entre ellas obras clave para Mendoza la ruta 7, la 40, la doble vía con San Juan y, claro, los pasos fronterizos con Chile. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Minería que depende de Luis Caputo alertó al mismo tiempo que estas rutas son la clave para que en Mendoza despegue la extracción de oro, el cobre y el litio.
Según un informe publicado por el Ministerio de Economía de la Nación en febrero, Mendoza se posiciona estratégicamente en el desarrollo minero, con proyectos que requieren inversiones significativas en rutas, energía y logística. Las obras en las rutas nacionales 7 y 40, junto con el paso trasandino hacia Chile, son fundamentales para sostener el crecimiento minero y económico regional, apuntó la Nación.
Señala el reporte que "es clave para la competitividad del sector minero" optimizar el transporte, la energía y la logística" para generar "beneficios adicionales para las comunidades cercanas a las zonas mineras". Luego enumera las necesidades en vías de acceso (rutas y caminos), transporte ferroviario, suministro energético (líneas de alta tensión, gasoductos) y puertos de exportación.
Ante la posibilidad de que se cierre Vialidad Nacional, Aleñá extendió una convocatoria a legisladores, intendentes y gobernadores, instándolos a resistir la eliminación de un organismo esencial para la infraestructura del país. Desde el sector sindical, aseguran que la intención del Ejecutivo es reemplazar Vialidad Nacional por otro ente, lo que podría significar la pérdida de cientos de puestos de trabajo y una posible privatización de rutas estratégicas.
"El primer paso ya lo dieron al anunciar la privatización de más de 4.400 km de Rutas Nacionales y el cierre de Corredores Viales", añadió Aleñá, enfatizando la amenaza que representa este avance para el sistema vial del país.
Las voces sindicales temen que el país retroceda en términos de seguridad y mantenimiento vial si el proyecto gubernamental se concreta. "Nos están condenando a vivir en la Edad Media, a depender de empresas privadas que solo buscan maximizar ganancias sin beneficiar a los ciudadanos", expresó la secretaria general.
Este argumento cobra aún más fuerza considerando el historial de concesiones privadas en el mantenimiento de rutas, muchas de las cuales han sido señaladas como un fracaso debido a su alto costo y falta de eficiencia. Según el sindicato, privatizar nuevamente los caminos nacionales sin una estrategia clara podría derivar en un deterioro progresivo de la infraestructura y un aumento en la inseguridad vial.
Uno de los puntos clave que destacan los trabajadores viales es su rol fundamental en emergencias climáticas. Recientemente, durante las fuertes inundaciones del fin de semana, operarios de Vialidad Nacional colaboraron activamente en la asistencia a los damnificados, proporcionando estructuras de apoyo, evacuando familias y asegurando el tránsito seguro en zonas afectadas.
"Nuestros trabajadores están siempre donde más se los necesita, garantizando seguridad en rutas y asistiendo en crisis. Aun así, están dispuestos a cerrar el organismo. Es de locos", sentenció Aleñá, visibilizando la importancia del trabajo vial más allá de la construcción y mantenimiento de rutas.
El sindicato sostiene que el Gobierno está ejecutando un ajuste estructural cuyo objetivo final es la eliminación de Vialidad Nacional. “Si no es así, que lo desmientan. Que nos llamen mentirosos y nos insulten, como han hecho con tantos argentinos. Pero la realidad está a la vista”, remarcaron desde la organización gremial.
Además del posible cierre del organismo, el sector denuncia un fuerte recorte presupuestario impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, así como un congelamiento salarial que ha afectado a los trabajadores viales durante siete meses consecutivos.
Aleñá no solo alerta sobre las consecuencias laborales de esta medida, sino también sobre el impacto en la conectividad nacional. "El vaciamiento de Vialidad Nacional y la paralización de la obra pública son criminales. Mientras hacen propaganda, las rutas están destruidas y los accidentes fatales aumentan", advirtió la gremialista.
La dirigencia sindical sostiene que la desaparición del organismo provocaría una crisis en el mantenimiento vial del país, afectando especialmente a regiones con climas extremos, donde la presencia de equipos viales es esencial para despejar caminos bloqueados por nieve, inundaciones o deslizamientos de tierra.
Finalmente, el sindicato pone sobre la mesa una cuestión clave: la posible desaparición de Vialidad Nacional no solo afectaría a los trabajadores, sino que también alteraría la estructura vial del país. "No solo estamos hablando de miles de familias que quedarían sin trabajo, sino de un organismo fundamental para la conexión y el desarrollo de Argentina", remarcó Aleñá.
Para el gremio, el desmantelamiento de Vialidad Nacional representaría un retroceso hacia un modelo unitario, donde cada provincia debería resolver por sí misma el mantenimiento de sus rutas, sin contar con un respaldo federal.
Así, la movilización de este miércoles no solo será una protesta por los empleos en riesgo, sino también un llamado de atención sobre la importancia de preservar la infraestructura vial del país como un bien público.