El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de financiamiento universitario, una norma que había sido aprobada en agosto con amplia mayoría parlamentaria y que buscaba garantizar la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación.
La iniciativa también establecía la convocatoria a paritarias docentes y no docentes en un plazo de tres meses, además de un incremento en las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno rechazó la medida al considerar que su costo fiscal, estimado en más de un billón de pesos para 2025, era “inaceptable” y ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que los recursos previstos para financiar la ley son “genéricos” y no garantizan ni la suficiencia ni la disponibilidad de fondos.
Paro nacional y marcha federal universitaria
En respuesta, los gremios nucleados en CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y CONADU Histórica, entre otros, convocaron a un paro nacional de 24 horas para el viernes 12 de septiembre, día en que el Congreso tratará el veto presidencial.
Además, se llevará a cabo una Marcha Federal Universitaria con epicentro en Buenos Aires y réplicas en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Córdoba, Tucumán y Santa Fe.
“Es un golpe directo a la universidad pública y a la investigación científica. Vamos a defender en las calles el derecho a la educación superior gratuita”, expresaron los sindicatos en un comunicado conjunto.
El Congreso define los próximos pasos
La oposición evalúa convocar a una sesión especial para rechazar el veto, aunque revertirlo exigirá alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras, un número que hoy parece difícil de conseguir.
Aun así, los bloques opositores más duros creen que el escenario político tras la derrota oficialista en Buenos Aires y la tensión con los gobernadores podría abrir una oportunidad para presionar al Gobierno.
No es la primera vez que Milei frena una norma de este tipo. En 2024 también había vetado un proyecto de financiamiento universitario y logró blindar su decisión con el apoyo de un tercio de la Cámara de Diputados.