Mientras que en Mendoza las plataformas están avaladas por ley, en Río Negro las prohibieron por "competencia desleal".
Una postal de la protesta de taxistas en Mendoza contra las plataformas como Uber, Cabify y Maxim.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza Los taxistas de Mendoza salieron a las calles en protesta por las apps que les comen el mercado.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEn sentido inverso de lo que ocurre en Mendoza, donde la batalla entre taxistas y plataformas escaló esta semana en las calles con una protesta, en la localidad rionegrina de Allen acaban de prohibir formalmente la operación de servicios de transporte de pasajeros que funcionan a través de aplicaciones móviles como Uber, Maxim o Cabify, así como aquellos que se organizan por WhatsApp o llamados telefónicos.
El texto advierte que la prestación de servicios no habilitados constituye una violación a las normas de transporte público y representa un riesgo para la seguridad, ya que estos vehículos “carecen de controles técnicos, seguros específicos, licencias profesionales y evaluaciones médicas periódicas”.
La ordenanza, ya publicada en el Boletín Oficial de Allen, establece que todo servicio de transporte automotor que no esté regulado por ordenanzas vigentes y carezca de habilitación municipal será considerado ilegal. En Mendoza la actividad de los autos al servicio de plataformas está permitida y reglamentada por ley desde 2018.
El sector del taxi, con sus 1.306 unidades, se vio acorralado en los últimos años por el avance imparable de las plataformas digitales. Las cifras oficiales son elocuentes: las empresas como Uber, Cabify y Maxim han habilitado 4.016 vehículos, triplicando en número a los taxis y remises combinados. La multiplicación de autos al servicio de Apps fue progresiva, avalada por una legislación pionera, la Ley de Movilidad 9.086 de 2018, e impulsada por otro fenómeno creciente en Mendoza: "la uberización" del mercado laboral, es decir, se transformó en una salida laboral para muchas personas que, incluso, tienen doble trabajo.
Los taxistas de Mendoza, entre sus reclamos en la calle, exigieron que los autos de las plataformas sean sometidos a controles específicos y evaluaciones como las que ellos deben pasar, como desinfecciones quincenales.
Desde la agrupación de taxistas de Allen celebraron los límites impuestos a la plataforma y consideraron que la ordenanza representa un freno a la “competencia desleal” de los servicios informales. También destacaron que la medida protege a quienes cumplen con los requisitos legales y administrativos para prestar servicio.
Pero el problema va mucho más allá del costo del viaje. Para los taxistas de Mendoza, la "competencia desleal" se esconde en los costos operativos y las obligaciones que el Estado les impone y, según denuncian, ignora en el caso de las apps. La lista de reclamos es larga y específica:
Regulaciones técnicas: Los taxis están sometidos a cuatro revisiones técnicas anuales (RTO), mientras que los vehículos de plataformas, a pesar de las recientes enmiendas a la ley, no tienen el mismo nivel de exigencia.
Costos laborales y fiscales: Los taxis tienen "trabajadores registrados", lo que implica el pago de cargas sociales y salarios formales. En contraste, los conductores de apps son monotributistas, sin una relación laboral formal. "Mientras nosotros pagamos impuestos y cargas sociales, las apps se llevan el dinero sin dejar nada en la provincia", denuncian desde el Sindicato de Obreros de Taxis y Remises de Mendoza (SOTM).
Seguros y seguridad: Los taxistas están obligados a contar con un seguro de pasajeros con una prima millonaria y a un sistema satelital monitoreado por la policía, costos y medidas que las apps, según ellos, no asumen en la misma medida.