La ex Secretaria de Gobierno de Las Heras había sido electa en setiembre del 2023 cuando su ex pareja, Daniel Orozco aspiraba a ser el vicegobernador de Omar De Marchi. Ortiz iba segunda detrás de Jorge Difonso en la boleta de candidatos a diputados provinciales por el Primer Distrito Electoral.
Al quedar suspendida, que no es lo mismo que dejar vacante la banca, una candidata del Pro reclamó ese lugar pero una serie de obstáculos atentarían contra sus aspiraciones. La nota ingresada fue sólo eso, una nota firmada por quien aspira a ocupar ese lugar: María Belén Castillo. Acto seguido, y viendo que no había movimiento, fue al Ministerio Público Fiscal a denunciar el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
La suspensión a Janina Ortiz
"Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones", dice el artículo 91 de la Constitución provincial.
Con ese argumento se avanzó en la sanción a Ortiz que enfrentaba procesos judiciales y ya había perdido sus fueros meses antes. Podría decirse que desde que asumió, su paso por la Legislatura fue breve y fue noticia, exclusivamente, por su situación judicial. Lo cierto es que la suspensión no habilita una vacancia y, de acuerdo a lo que votó el cuerpo aquel 27 de marzo, la sanción aplicaba "hasta tanto haya sentencia judicial en las causas que se investigan.
“La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, expresó Lombardi. Una obviedad: de no contar con los dos tercios, la suspensión no se podría haber obtenido.
Asimismo, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial y a la situación procesal de la legisladora. “Esa suspensión está atada al avance de su proceso judicial y a sus posiciones. Si deja de chicanear a la Justicia y demuestra su inocencia, podría retornar a su banca; de lo contrario, seguirá suspendida”, sostuvo Lombardi.
Finalmente, el titular de la Cámara remarcó que la banca no puede considerarse vacante mientras continúe vigente la suspensión resuelta por el cuerpo legislativo, dado que la medida adoptada oportunamente permanece condicionada a la resolución de las causas judiciales en trámite.
El pedido del Pro
"Que vengo a solicitar a ese Honorable Cuerpo que abandone toda situación de indefinición institucional respecto de la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral vinculada a la Diputada Janina Ortíz, y que se dicte, con carácter urgente, expreso y fundado, el pronunciamiento que garantice la integración efectiva de la Cámara, la representación plena del distrito y, en su caso, la activación del mecanismo de sustitución por orden de lista previsto en el art. 83 de la Ley 2551, atendiendo al corrimiento producido por el fallecimiento debidamente acreditado del candidato que me antecedía", dice la nota que María Belén Castillo le mandó a la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Andrés Lombardi.
Castillo es abogada y es parte del sector referenciado en Omar De Marchi, cuya presidencia partidaria ejerce Gabriel Pradines. Fue asesora del diputado nacional Álvaro Martínez. En los argumentos, la aspirante a ocupar la banca indica "que la situación descripta configura un problema institucional concreto, actual y no hipotético: existe una banca cuyo ejercicio se encuentra suspendido por un plazo enteramente incierto, y existe además una alteración sobreviniente del orden de prelación de la lista, circunstancia que obliga a la Cámara a resolver de manera inmediata, seria y fundada cómo se restablece la representación afectada".
No obstante, la banca no fue reclamada por nadie en dos años. Ni por las autoridades del Interbloque La Unión Mendocina ni por el Partido Libertario, a quien le correspondía el lugar en caso de quedar vacante y debía recaer en José Caviglia (falleció en noviembre del año pasado). Por lo tanto, generó alguna sorpresa la urgencia con la que se pide resolver la situación que está en manos de la justicia. Fuentes del partido amarillo desterraron conjeturas y aclararon que el pedido es solamente porque consideran que les corresponde el lugar.
La denuncia
La denuncia, presentada ante el Ministerio Público Fiscal, sostiene que desde la suspensión de Janina Ortiz la banca correspondiente a la Primera Sección Electoral “permanece funcionalmente vacía”, una situación que, según Castillo, afecta de manera directa la representación popular y el normal funcionamiento institucional de la Legislatura de Mendoza.
En el escrito, la dirigente del PRO señala que las autoridades legislativas “habrían omitido arbitrariamente adoptar una resolución útil, expresa y ajustada a derecho”, lo que habría derivado en la prolongación de una “situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos”.
Además, Castillo remarcó que, al integrar la lista electoral y encontrarse alcanzada por el mecanismo legal de corrimiento de lista, realizó distintos planteos institucionales para que se avanzara con la cobertura efectiva de la banca vacante.
En ese sentido, advirtió que la demora o la negativa a resolver la situación podría configurar un incumplimiento de los deberes funcionales por parte de las autoridades parlamentarias, especialmente en lo vinculado a garantizar la integración regular del cuerpo legislativo provincial.
Los artículos que blindan la banca
El primer artículo que cita la nota, el 83 de la ley electoral provincial, hace referencia a las proclamaciones de titulares y suplentes. "En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de los legisladores provinciales y concejales, los sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido.", dice parte del articulado.
Distintas fuentes consultadas coinciden en que la situación de Ortiz no encaja en ninguna de las previstas en la normativa dado que hay una suspensión impuesta por el órgano que integra. En síntesis, no hay un marco normativo que prevea reemplazos parciales. Y de hecho, la causa no ha tenido resoluciones, con lo cual serían extraños los argumentos para impulsar un pedido de expulsión.
"Lo que se encuentra comprometido es el normal funcionamiento del cuerpo legislativo, la integridad de la representación popular y el deber de la Cámara de no tolerar que una suspensión 'hasta que exista sentencia' derive, en los hechos, en una banca sin ejercicio efectivo por tiempo indeterminado", indica Castillo.
Para algunos consultados resulta llamativa la urgencia dado que la Cámara de Diputados viene funcionando con 47 legisladores desde hace dos años y nadie levantó la voz. Si bien en aquel momento la votación fue dividida y la oposición no acompañó la sanción, tampoco se levantó la bandera de la institucionalidad por completar los 48 lugares.
El motivo de no presionar para ocupar la banca puede desprenderse de la propia Carta Magna que en el artículo 88 habilita a las Cámaras a sesionar con la tercera parte de sus miembros, con excepción de los casos en que se exija quórum especial. El detalle de estos casos está en el Capítulo II "De las Sesiones en Minoría" del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. Al faltar una banca, se entiende que no pone en jaque el funcionamiento, más aun cuando el propio espacio de La Unión Mendocina no lo reclamó.