- Este miércoles en el hall del palacio de las leyes fueron registrados cientos de uniformados.
- El Senado votará San Jorge el martes. El miedo a las protestas es inocultable.
El Senado sesionará sitiado por policías.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaUna escena de película a plena luz del día en el frente de la Legislatura desnudó la magnitud del miedo a la protesta que domina la mirada de los estrategas de la pretendida estocada final al cerco social que impidió la megaminería hasta ahora en Mendoza. Cientos de policías blindarán el Senado hasta aprobar la minería.
La tarde del miércoles 3 de diciembre de 2025, la fachada oeste de la Legislatura provincial se transformó en un escenario de control y vigilancia. Una fila de policías bloqueaba el acceso principal, mientras camiones de asalto y patrullas ocupaban la mitad de la calzada de la transitada calle Patricias Mendocinas.
En el hall del palacio legislativo, tres uniformados organizaban el ingreso de sus camaradas, registrando nombres en una planilla como si se tratara de un ritual burocrático.
El despliegue, que comenzó cerca de las 18, no tardó en llamar la atención de quienes descansaban en la Plaza Independencia, buscando refugio en las sombras del sol rabioso de diciembre. Los transeúntes se detenían, miraban, comentaban. La presencia policial, tan visible y desproporcionada, parecía anticipar un clima de tensión que excedía la rutina institucional.
La escena no era casual. El operativo estaba directamente vinculado con la definición legislativa de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. El próximo martes 9 de diciembre, el Senado mendocino votará la suerte de la minería metalífera a cielo abierto, una actividad que hasta ahora había sido bloqueada por la presión social y que ahora busca abrirse paso en la cordillera.
La DIA constituye la última instancia administrativa antes de que el gobernador Alfredo Cornejo pueda firmar el permiso que habilite la explotación de cobre en Uspallata. El trámite, aparentemente técnico, encierra una decisión política de alto voltaje: permitir o no que la minería metalífera se instale en Mendoza, un territorio marcado por la defensa del agua y la memoria de las movilizaciones masivas.
El gobernador ya tiene cerrado los votos que necesita la estrategia prominera que lidera, aunque sigue buscando apoyos en la oposición para teñir con más color el relato del consenso a favor de la actividad, en contraste con la inocutable confrontación social que domina el debate iniciado hace más de décadas.
La historia reciente pesa como advertencia. En 2019, la Legislatura aprobó una reforma que flexibilizaba la Ley 7722, norma emblemática que limita el uso de sustancias químicas en la minería. El entonces gobernador Rodolfo Suárez celebró la decisión, pero la reacción social fue inmediata y contundente: miles y miles de personas salieron a las calles en una pueblada que paralizó la provincia. La presión ciudadana obligó al mandatario a retroceder y restituir la vigencia plena de la ley.
Ese antecedente late en cada paso del proceso actual. La posibilidad de que San Jorge obtenga luz verde revive el temor de que se repita el conflicto, con la diferencia de que ahora el gobierno provincial parece decidido a avanzar, respaldado por un operativo de seguridad que busca blindar la Legislatura frente a eventuales manifestaciones.
Mientras los policías se acomodaban en fila y los vehículos oficiales bloqueaban la calle, la Plaza Independencia se convertía en un observatorio espontáneo. Vecinos, turistas y trabajadores comentaban la escena, algunos con incredulidad, otros con resignación. El contraste entre el calor sofocante y la frialdad del operativo reforzaba la sensación de que algo importante estaba por suceder.
La Legislatura, rodeada de uniformes, se erigía como símbolo de un poder que se prepara para enfrentar la resistencia social. El recuerdo de las marchas multitudinarias, con familias enteras defendiendo el agua, volvía a instalarse en la conversación pública.
La votación del 9 de diciembre se perfila como un punto de inflexión. Si el Senado aprueba la DIA, el gobernador tendrá en sus manos la posibilidad de habilitar la explotación minera. Si la rechaza, la actividad seguirá bloqueada, al menos por ahora.
En cualquier caso, el operativo policial del miércoles dejó un mensaje claro: el gobierno provincial anticipa un escenario conflictivo y busca evitar sorpresas. La minería, que parecía un tema cerrado tras la pueblada de 2019, regresa al centro del debate mendocino con toda su carga de tensión política, económica y social.
La Legislatura, blindada por uniformes, se prepara para una semana decisiva.