La discusión pública por el Proyecto San Jorge sumó otro capítulo en las últimas horas en Mendoza. Mientras el Gobierno provincial insiste en realizar la audiencia pública en el campamento minero ubicado propiedad de la empresa en el cerro San Jorge, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata lanzó una contraofensiva: convocó para el mismo día, el 2 de agosto, a otra audiencia, pero en la villa cordillerana: "La verdadera audiencia será en el pueblo", remarcaron en un comunicado.

La convocatoria oficial, promovida por el gobernador Alfredo Cornejo, prevé realizar el encuentro en plena montaña, a más de 2.000 metros de altura, en pleno invierno. Según el director de Minería, el objetivo es “dar una idea del lugar donde va a estar la mina”. Sin embargo, esta decisión fue recibida con fuertes cuestionamientos, incluso por parte de organismos de Derechos Humanos, que interpusieron recursos en la Justicia.

Para los vecinos, la ubicación propuesta por el Gobierno representa una clara exclusión. Reivindican que “si no es en el pueblo, no es pública”, recordando la masiva manifestación de octubre de 2010, cuando más de 2.000 personas se movilizaron hasta Uspallata para rechazar el mismo proyecto. En aquel momento, la defensa del agua fue el principal estandarte. Hoy, esa consigna vuelve a cobrar vigencia.

Amparos y reclamos judiciales

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Mendoza y Xumek solicitaron formalmente la suspensión del evento oficial, denunciando que su locación vulnera el Acuerdo de Escazú. Además, el abogado Marcelo Romano presentó un recurso de amparo exigiendo el traslado de la audiencia a la villa cabecera de Uspallata, mientras la ONG Oikos evalúa una presentación similar.

Los organismos advierten que la decisión del Ejecutivo "cercena el derecho a la participación ciudadana", considerando que el emprendimiento metalífero en cuestión requiere un debate transparente, inclusivo y con garantías mínimas para los defensores del ambiente.

Dos audiencias, el mismo día

En este clima de confrontación, la convocatoria alternativa de la Asamblea de Uspallata no es solo una reacción: es un intento de mostrar que bajo la pátina de una supuesta participación ciudadana se esconde la intención de cercenar la participación. Bajo el lema “Lejos de la zona de sacrificio queda a mano de todos la dignidad”, los vecinos apuestan por un espacio accesible y comunitario.

La misma organización uspallatina denunció días atrás que el Ejecutivo pretende copar la audiencia pública con personas afines al proyecto, que el Gobierno se encargaría de llevar a la zona en vehículos oficiales.

Batalla por San Jorge, también en la Legislatura

La discusión por el proyecto minero San Jorge en Uspallata recaló antes del receso invernal en la Legislatura, donde dos diputadas se trenzaron en un debate por la audiencia pública que el Ejecutivo convocó en medio de la montaña, en pleno invierno.

El eje de la discusión fueron los pedidos de informes que presentaron el kirchnerismo y el massismo acerca del lugar elegido para la audiencia pública. El peronismo ratificó en la sesión su postura prominera. En esa línea fue que impulsaron San Jorge en 2010 cuando gobernaba Celso Jaque -aunque tuvieron que retroceder ante el rechazo masivo al proyecto entre la población de la villa cordillerana- y después acordaron con Rodolfo Suarez el derribo de la 7722 -iniciativa también rechazada en las calles-. En 2010 quien sí estaba en contra de San Jorge era la UCR, que le hizo pagar caro a Francisco Pérez su impulso al proyecto.

En los pedidos de informe, mientras que el kirchnerismo cuestionó la modalidad híbrida y la accesibilidad a la zona, la massista Gabriela Lizana -autora de uno de los requerimientos al Ejecutivo- se encargó de aclarar que su bloque "no es antiminero sino todo lo contrario".