El gobernador Cornejo ensalzó su decisión de avanzar con la megaminería y lo calificó como una visión "contracultural".
El plan minero de Alfredo Cornejo obtuvo un contundente respaldo legislativo.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl día después de un doble triunfo legislativo que lleva sin dudas su sello, Alfredo Cornejo ensalzó su decisión de impulsar la megaminería en Mendoza, con el proyecto San Jorge en particular, y en ese tren apeló a una comparación histórica: la privatización de la emblemática bodega Giol, un episodio que aún divide aguas en la memoria colectiva de la provincia por sus consecuencias en el tejido social y productivo.
“Que Mendoza no tenga reelección desalienta a los gobiernos a tomar decisiones de largo plazo”, arrancó Cornejo, para luego remarcar que lo que cambió en este tiempo es “la vocación política de tomar decisiones que no las va a ver este Gobierno, por el hecho de no tener reelección”.
Según su relato, la megaminería se convierte en una apuesta que trasciende coyunturas y que exige seguridad jurídica para atraer inversiones de gran escala: “Nadie entierra la cantidad de dinero que se necesita en inversiones mineras si no tiene la seguridad jurídica en la macro, subrayó. Fue en una entrevista con radio Nihuil, cuando los periodistas le pidieron que trazara alguna comparación de la aprobación de San Jorge con algún hito histórico de esta provincia.
Cornejo apela desde hace tiempo a remarcar, como estrategia discursiva, un concepto que repite con insistencia: lo “contracultural”. En ese sentido comparte con Javier Milei la pulsión de sostener políticas impopulares.
Para Cornejo, tanto la venta de Giol en los años ochenta como la apertura a la megaminería hoy representan actos de ruptura con la tradición, decisiones que desafían el consenso social y que, según su visión, terminan consolidando un nuevo paradigma.
“En algún momento se privatizó Giol… alguien tuvo la visión y tomó la decisión. Se vendieron empresas estatizadas por quiebras, eso fue una decisión”, recordó, para luego trazar un paralelismo con la reconversión vitivinícola de los noventa y el turismo enológico de las últimas décadas como parte de un proceso de eslabonamiento. “Con la minería metalífera va a pasar eso, hemos dado la puntada inicial. Tomar la decisión contracultura en su momento es lo valorable”.
La bodega Giol nació en 1896 en Maipú, fundada por los inmigrantes Bautista Gargantini y Juan Giol. En apenas quince años se convirtió en la bodega más grande del mundo, con un emblema inconfundible: la cabeza de toro que aún se conserva en su fachada. Su crecimiento fue vertiginoso y marcó un hito en la modernización vitivinícola de Mendoza.
Tras décadas de expansión, crisis y cambios de propiedad, en 1954 la provincia estatizó la empresa para regular la vitivinicultura y proteger a pequeños productores. Giol se transformó en una herramienta estatal de intervención en el mercado, con objetivos claros: garantizar precios remunerativos y ofrecer infraestructura a quienes no tenían medios propios.
Sin embargo, hacia fines de los años 80, la bodega acumulaba deudas y pérdidas. En ese contexto, se decidió su privatización, en línea con el modelo neoliberal que impulsaba la venta de empresas estatales deficitarias. El diario Los Andes reseñaba en su edición del 3 de diciembre de 1990 (p.15) que la operación se justificaba en la necesidad de “desarmar un patrimonio público deficitario” y abrir paso a la reconversión privada. La cooperativa FeCoVita adquirió gran parte de los activos, iniciando un proceso de modernización tecnológica y de búsqueda de vinos de alta gama.
Lo que se privatizó no era una empresa menor: Giol había sido durante décadas un verdadero gigante vitivinícola. Su patrimonio incluía tres bodegas en Maipú, San Rafael y General Alvear; tres fincas; una planta de elaboración y concentración de mostos; otra para el procesamiento de frutas y hortalizas llamada “La Colina”, con su propia procesadora de hojalata; y dieciséis plantas de fraccionamiento distribuidas en Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero.
Además, era dueña del 51% de Provica, una empresa vitivinícola argentino-colombiana, y de la reconocida enoteca del barrio Cívico. En otras palabras, se trataba de un conglomerado que había marcado la historia productiva de la provincia y que, bajo control estatal, funcionaba como herramienta reguladora del mercado.
Las consecuencias fueron múltiples:
Pérdida de un emblema estatal: Mendoza dejó de tener bajo control público la bodega que había sido símbolo de su identidad productiva.
Reconversión vitivinícola: En los años 90, las bodegas privadas invirtieron en tecnología de avanzada y comenzaron a posicionar vinos de calidad internacional.
Turismo enológico: En las décadas siguientes, el turismo alrededor del vino se consolidó como una nueva fuente de ingresos y prestigio para la provincia.
El proceso no estuvo exento de críticas. Para muchos, la venta de Giol significó la entrega de un patrimonio colectivo y la pérdida de una herramienta estatal para regular el mercado vitivinícola. La memoria de Giol sigue siendo ambivalente: orgullo por su historia, pero también herida por su desmantelamiento.
La analogía que propuso Cornejo ensalza la audacia política, pero omite los costos colectivos. La privatización de Giol no fue un gesto aislado, sino parte de un proceso de ajuste que desarmó patrimonio público y dejó heridas abiertas en la memoria vitivinícola. El mandatario equiparó ese episodio con la megaminería metalífera reduciendo un proceso complejo a una narrativa de “visión” y “coraje”.