Oikos presentó un amparo contra el Ejecutivo, el jefe de Irrigación y el titular de Aysam por el desastre ecológico causado en el Pescara. Historia del colapso.
Sergio Marinelli (Irrigación) y Humberto Mingorance (AYSAM), en el centro de la responsabilidad por el vertido de cloacas al Pescara.
Un canal de riego convertido en un colector cloacal a cielo abierto. Más de 490 hectáreas de cultivos contaminados. Y una cadena de decisiones oficiales que, según una demanda judicial, violó la ley para autorizar el desastre. Esta cruda radiografía de la crisis del Canal Pescara, un ecocidio tolerado por el Estado que además expone la falta de un sistema de controles adecuado, nutre un amparo judicial contra el Gobierno de Mendoza, Irrigación y Aysam presentada por Oikos.
La extensa demanda, cargada de contundentes pruebas científicas y rigor jurídico, fue presentada ante el Tribunal Asociado 4 el 26 de noviembre y acusa a los funcionarios a cargo de esas reparticiones de haber desatado una "crisis sanitaria y alimentaria" sin precedentes al autorizar el vuelco sistemático y masivo de efluentes cloacales crudos en el Canal Pescara, un cauce vital que riega extensas zonas productivas.
El documento, de más de 120 páginas, no solo busca la recomposición del ambiente, sino que exige que se ordene la "TUTELA EFECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA" (p. 5), señalando la irresponsabilidad estatal como la principal causa de este desastre ecológico que atraviesa varios departamentos hasta llegar a una inmensa zona productiva en Lavalle.
Los señalados son, además del Ejecutivo, funcionarios del círculo del gobernador Alfredo Cornejo: el jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, y el titular de AYSAM, Humberto Mingorance.
La crisis estalló con el colapso del colector de Aysam en Guaymallén. Frente al desborde de aguas servidas en calles ampliamente poblada, AYSAM propuso bombear los efluentes sin tratar al Canal Pescara. Del otro lado del mostrador, Sergio Marinelli, al frente de Irrigación, emitió las resoluciones 319, 464 y 585 de 2025, avalando el vuelco masivo.
El amparo detalla que las resoluciones del DGI autorizaron un "vertido precario, excepcional y transitorio de efluentes cloacales crudos" (p. 20) que, en la práctica, se prolongó indefinidamente. La asociación OIKOS, invocando su legitimación activa como defensora de derechos de incidencia colectiva (Artículo 43 C.N.), persigue con su demanda judicial que se condene a los demandados a "RECOMPONER EL AMBIENTE AFECTADO" (p. 5) y a asumir el costo total del saneamiento.
La crítica más incisiva de la demanda apunta a la supuesta ilegalidad de los permisos otorgados por el Departamento General de Irrigación. OIKOS argumenta que las autorizaciones son "FORMALMENTE ILEGALES" (p. 45) porque el DGI, un organismo técnico, excedió sus facultades.
La Ley de Aguas y la Ley General del Ambiente establecen que la única vía para suspender temporalmente la normativa de vuelcos —y permitir un vertido de esta naturaleza— es mediante una declaración de emergencia formal firmada por el gobernador. El Amparo es lapidario: "el DGI excedió su competencia al no existir una declaración de emergencia formal por parte del Gobernador" (p. 46).
Esta falta de un acto administrativo superior, legítimo y fundado, convierte al DGI y a AYSAM en coautores de un daño ambiental masivo, al haber gestionado la crisis por la vía del incumplimiento normativo, priorizando la comodidad operativa sobre el imperativo legal de proteger el ecosistema y la salud pública. La demanda señala que este accionar configura una manifiesta "irresponsabilidad" de los funcionarios que, con su firma, legalizaron la contaminación.
Los análisis de laboratorio que sustentan la demanda pintan un panorama desolador, y desmantelan la excusa oficial de que los efluentes eran vertidos con "doble desinfección". Los contaminantes hallados no solo confirman la presencia de materia fecal sin tratar, sino que advierten de un daño ecológico profundo:
La promesa de una "doble desinfección" no se cumple: el peritaje confirma que el "Cloro Residual fue 'no detectado' en múltiples muestras aguas abajo" (p. 70), demostrando que la condición mínima de mitigación fue ignorada o ineficaz.
La consecuencia directa y más peligrosa de esta cadena de negligencias es la transferencia del riesgo a la salud pública. La demanda advierte que la contaminación "se traslada a la mesa del consumidor a través de los cultivos regados, configurando una CRISIS SANITARIA Y ALIMENTARIA" (p. 80).
Irrigación, consciente del peligro, se vio obligado a emitir una resolución prohibiendo el riego de hortalizas y verduras de consumo directo en las zonas afectadas (Guaymallén y Lavalle), un acto que el Amparo considera un reconocimiento implícito del desastre que ayudaron a crear. Este riesgo no solo amenaza a la población local expuesta, sino a la reputación de la producción agrícola de Mendoza.
Ante la magnitud del ecocidio, OIKOS exige en la presentación que el Poder Judicial asuma su rol como "Juez Ambiental" y dicte medidas que garanticen el saneamiento. Las exigencias son claras y contundentes:
La acción de amparo deja la pelota por la contaminación en la cancha de la Justicia, que tiene la misión histórica de forzar a los responsables a pagar la deuda ambiental y garantizar que el derecho constitucional a un ambiente sano y a la salud no sea una letra muerta en Mendoza.
Esta es la historia del colapso del colector cloacal incluída en el amparo judicial de Oikos: