Por un convenio entre Alfredo Cornejo, ATE y ATSA, los trabajadores expuestos a equipos de radiación ionizante deberán duplicar sus horas de trabajo.
Rodolfo Montero, ministro de Salud, y Alfredo Cornejo impulsaron un paquete de reformas de la salud con foco en el ajuste de personal y de partidas.
Santiago Tagua Rodolfo Montero, ministro de Salud, y Alfredo Cornejo impulsaron un paquete de reformas de la salud con foco en el ajuste de personal y de partidas.
Licenciados y técnicos en diagnósticos por imágenes interpusieron una acción colectiva en la Suprema Corte para que se declare inconstitucional el acuerdo paritario que firmaron ATE y ATSA con Alfredo Cornejo y que modificará las condiciones laborales de unas 450 personas en toda la provincia, quitándoles derechos que tutelaba una ley que fue derogada en el paquete de reformas de salud del oficialismo en 2024.
El acta paritaria obtuvo el aval de la Cámara de Diputados este miércoles, pese a que se trata de una avanzada sobre derechos laborales y la posible afectación de la salud de los trabajadores, al exponerlos durante mayor tiempo a la radiación ionizante. Por eso la demanda reclama por la protección de los Derechos Humanos y, si no obtiene eco en la Corte local, planean ir a la Nación y hasta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En Mendoza, los técnicos y especialistas en radiología trabajan 24 horas semanales, distribuidas en 4 horas diarias, de lunes a sábado. La ley 4.966 establece este régimen de trabajo y una pausa de 30 días de licencia cada 5 meses. Ese régimen cambia con el nuevo convenio pactado entre ATE, ATSA y Cornejo.
Como parte de la reforma integral del régimen laboral de Salud, el Gobierno impulsó la derogación de la ley 4966, que estipulaba ciertas horas de exposición a los rayos, cambio de funciones para embarazadas, entre otras especificidades del oficio. El ministro del área, Rodolfo Montero, y sus asesores, argumentaron en ese momento que la tecnología permitía mayor exposición sin los riesgos de antaño.
"Pero los equipos no emiten menos sino más radiación que antes porque ahora os equipos tienen una radiación secuencial, van girando 360 grados alrededor del paciente, son helicoidales y tienen hasta dos tubos, es decir la exposición a la radiación ionizante es mayor", detalló a ElEditor Mendoza Pablo Lepez, de la Asociación Mendocina de Licenciados y Técnicos en diagnóstico por Imágenes (Amlitedi), que interpuso la demanda colectiva.
Relacionado al reclamo del tiempo de exposición, estos trabajadores aseguran que los elementos de protección no están en condiciones y que en reiteradas oportunidades pidieron al Gobierno que haga inspecciones, sin éxito. Los riesgos de la exposición a este tipo de radiación, desde Marie Curie en adelante, han sido largamente probados y por eso la ley les da una protección especial.
Hay un dosímetro personal para medir las radiaciones que, según la asociación, cuando llega a cierto nivel hay que desafectar a los empleados expuestos. Esa es la razón, además, por la cual tienen una licencia de 30 días al año "por índole de la tarea", que el Ejecutivo redujo a 10 días con la nueva reglamentación que pactó con los gremios.
Todo se vincula al programa de ajuste en el sector estatal. Otra de las cosas que modificó el acta acuerdo entre ATE-ATSA y el Gobierno es que se pasó de 24 a 30 horas semanales de trabajo y exposición a radiación para los que tienen hasta y desde 25 años de experiencia, pero los que ingresen al Estado a partir de este acuerdo deberán cumplir 8 horas diarias. "Esto no ocurre en ningún lado del país", indicó Lepez.
Otro de los puntos cuestionados es que hay controles sanitarios para estos trabajadores que deben hacerse para sacar sangre y medir los "reticulocitos" que muestran los niveles de radiación. De acuerdo a los resultados de esos análisis se se otorga o no licencia. Hoy ese control se hace cada seis meses, pero eso puede cambiar con la reglamentación de la ley que aún no salió.
Uno de los elementos clave para esos controles son lo dispositivos de dosimetría.
Como los salarios de los estatales están entre los sectores donde más ajustó Cornejo en pos de pagar los intereses de la deuda en dólares que contrajo en 2016, no son pocos los médicos y otros profesionales y técnicos de la salud que han tenido que buscar dos y hasta tres trabajos.
En ese contexto, resumió Lepez, "hay colegas que no usan los dispositivos de dosimetría para que no les dieran altos los valores, y con ese argumento el Gobierno dijo que infringimos la ley. Son casos aislados pero no por eso hay que dejar de hacer las inspecciones y controles".
El 3 de abril hubo una audiencia entre la Asociación, el abogado del Gobierno, Ricardo Canet, la enviada de la Fiscalía de Estado, Alicia López y cinco ministros de la Corte -Mario Adaro, Julio Gómez, Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser- el oficialismo no negó las denuncias sobre los riesgos que expuso la entidad sectorial, sino que buscó desacreditar a la asociación como representante de los trabajadores, subrayando a ATE y ATSA con exclusividad en ese sentido.
Sin embargo la abogada que los representa, Johana Gutiérrez, blandió el estatuto de conformación de la entidad, que les da legitimidad no sólo en referencia con los trabajadores sino con los estudiantes en formación.
Ahora la Corte debe decidir sobre el pedido, pero en caso de no prosperar en Mendoza la demanda, ya decidieron que acudirán a la Corte nacional y en otra instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El decreto 427 puso en funcionamiento la ley 9543, relacionada a las condiciones laborales. Entre otras cosas:
1-La jornada laboral pasa de 4 horas por día a 8, con mayor exposición a los equipos. "El régimen laboral de estas personas es un régimen protectorio de la salud, por la posibilidad de tener un daño. En la discusión de la ley nadie de los que vinieron a defender el proyecto que hubiera desaparecido las condiciones laborales en los términos de la ley de higiene y seguridad en el trabajo. En un año los que tienen menos de 25 años de experiencia deberán plegarse al régimen en el plazo de un año. Los demás tendrán 2 años de gracia.
2-Licencia de 30 días corridos. Los trabajadores expuestos a radiación ionizante tienen una licencia de 30 días por "índole de la tarea" que se redujo a 10 días.
3-La suspensión del derecho de las trabajadoras embarazadas a solicitar cambio de funciones. Ahora esto será optativo, aunque los afectados esperan a ver cómo quedará la reglamentación de la ley.
4- Derogación de los controles sanitarios semestrales. "La derogación de esos derechos de los trabajadores fue acordada por el sindicato ATSA, ATE y el Gobierno de la Provincia de Mendoza", denunció en Diputados José Luis Ramón.
"El acuerdo paritario viola varias leyes. En la ley 21.664 del año 1977 se ratifica el acuerdo 115 de la OIT sobre la protección contra las radiaciones, está vigente esto. Es ley vigente. La ley nacional 25.757, que dispone la instalación de equipos de rayos x. y la Ley de Riesgos de Trabajo. Lo peor son los sindicatos que entregaron a los trabajadores y el Gobierno de Mendoza que usa el talerazo que tiene con los números", denunció el legislador de Protectora.
Tras la denuncia de Ramón, hubo varios bloques que pidieron abstenerse de votar el acuerdo paritario, como el PRO, el Partido de los Jubilados y La Unión Mendocina, pero el oficialismo lo impuso con los números propios.