Un pino navideño instalado en el KM0 ardió en la noche del viernes. El Gobierno responsabilizó a quienes se manifestaban contra San Jorge y la megaminería.
Mercedes Rus, ministra de Seguridad, junto al gobernador Alfredo Cornejo.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Gobierno de Mendoza a través de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, volvió a cargar contra los vecinos y asambleístas que se movilizan contra San Jorge y la megaminería. Tras la quema de un pino navideño en el KM0, la funcionaria aseguró que se trató de un “hecho de violencia” y lo vinculó con la protesta por el agua. La funcionaria informó que se secuestró una botella con acelerante y advirtió que “en Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”.
Fue tras otra protesta contra San Jorge y la megaminería, que comenzó en Arístides y Belgrano y recorrió las calles del centro de manera pacífica hasta llegar al KM0, donde todo transcurrió con normalidad hasta que comenzó a arder el pino instalado por Capital. Varios de los vecinos y asambleístas que estaban en la protesta ayudaron a aplacar el fuego con sus botellas y con agua de la fuente.
En sus declaraciones, Rus no dudó en vincular la quema del pino con lo ocurrido el 24 de enero en Uspallata, cuando un vecino quemó parte del supermercado de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros. Según la ministra, aquel hecho fue “similar” y ya cuenta con un condenado. También vinculó la quema del árbol a la protetsa por el agua el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quen dijo que era una "extraña casualidad" que el incendio coincidiera con la marcha contra San Jorge.
Reforzó la narrativa la ministra de Ambiente, Jimena Latorre: "Mismos actores, mismas voluntades. Está no es la forma de expresar una postura/opinión. En cada una de las marchas por la educación pública la gente se manifestó con tranquilidad, sin romper con el orden y sin entorpecer la vida cotidiana de los demás ciudadanos. Acá no".
"En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el Pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento. Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen", soltó el intendente en un posteo.
Agregó: "Estamos solicitando los archivos de las cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios, para determinar si se trató de un hecho intencional e identificar a los responsables. De ser así, que se atengan a las consecuencias legales de su comportamiento. Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan".
Rus y Suarez coincidieron, además, en la retórica oficialista que busca vaciar de contenido la principal proclama de las protestas contra la megaminería: "El agua de Mendoza, no se negocia".
Sin embargo, el trasfondo del incendio en Uspallata revela otra trama que nada tiene que ver con las Asambleas por el Agua. El responsable, Miguel Pablo González, alias El Mostro, mantenía una vieja rencilla personal con Vera. El propio comerciante reconoció en una entrevista con ElEditor Mendoza que el ataque no estaba vinculado a las asambleas por el agua.
A pesar de ello, el oficialismo utilizó el episodio para agitar causas contra vecinos y asambleístas, con el respaldo de medios afines. El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, intentó incluso ser querellante contra los manifestantes, aunque la justicia rechazó su pedido.
El caso expuso además los vínculos de González con la UCR de Las Heras: su hija, Stefi González, milita en la juventud radical junto al propio Lo Presti. Pese a ello, el intendente buscó instalar la idea de que el incendio estaba ligado a la protesta ambiental, omitiendo las conexiones políticas del agresor.
La estrategia oficial se repite: hechos aislados son utilizados para construir un relato de violencia atribuido a las asambleas ciudadanas. La quema del pino navideño y el incendio de Uspallata fueron usados como piezas de un mismo discurso que busca deslegitimar la protesta social y reforzar la idea de que quienes defienden el agua son responsables de actos delictivos.