Ni el respaldo de sus aliados más fieles logró evitarlo. Javier Milei sufrió una derrota parcial en su intento por mantener el control discrecional sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los instrumentos más sensibles en la relación entre Nación y provincias. La Cámara de Diputados convirtió en ley un nuevo esquema de reparto que limita el poder presidencial sobre esos fondos, aunque la división entre los gobernadores dejó en suspenso la posibilidad de sostener el proyecto frente a un eventual veto.
Con 143 votos afirmativos y 90 negativos, el proyecto fue aprobado pero no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarlo ante el rechazo presidencial. Entre los votos en contra estuvieron los diputados que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut), quienes días antes habían impulsado un dictamen oficialista. La oposición celebró, pero con cautela: “La discusión en el Consejo Federal de Inversiones va a romper la unidad de los gobernadores definitivamente”, advirtió un legislador.
En ese esquema, los legisladores que responden a Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (foto), votaron en contra del proyecto de unidad de los gobernadores. Antes, con el aval de un dictamen del oficialismo, colaboraron para romper el frente federal.
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Lisandro Nieri y Pamela Verasay fueron blanco de críticas opositoras por su voto en relación al financiamiento universitario.
El reparto de ATN
Los ATN están compuestos por el 1% de la masa coparticipable y otros aportes, como el 2% del Impuesto a las Ganancias. Según la normativa vigente, el Presidente puede distribuirlos libremente entre las provincias en casos de emergencia. Pero los mandatarios provinciales acusan a Milei de retener los remanentes para sostener el superávit fiscal, y presentaron un proyecto —aprobado previamente en el Senado— para obligar a su coparticipación plena.
El oficialismo intentó contrarrestar con un dictamen de minoría redactado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que proponía mantener la facultad presidencial sobre los fondos. No prosperó. Lo que sí logró fue dividir a los gobernadores, debilitando la estrategia común que venían construyendo desde el Senado.
Aliados que no alcanzan
La fractura entre los mandatarios provinciales, para la cual jugó Cornejo, se hizo evidente. Aunque algunos gobernadores como Cornejo, Orrego y Torres respaldaron el esquema oficialista en comisiones, sus diputados no lograron imponerlo en el recinto. Incluso el voto correspondiente a la diputada Ana Romero, del chubutense Torres, estuvo ausente. El bloque Innovación Federal —que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro— votó a favor del proyecto opositor, sumando tensión al debate.
Unión por la Patria fue clave para la sanción, alineándose en bloque. En cambio, la Coalición Cívica se abstuvo, y otros espacios como Encuentro Federal y Democracia Para Siempre se vieron fragmentados por la presión de los gobernadores.
El otro frente: combustibles en pausa
El otro proyecto impulsado por los gobernadores —para modificar la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles— quedó en el limbo. Aunque fue aprobado en el Senado, no se trató en Diputados porque Unión por la Patria se retiró de la sesión, dejando sin quórum el debate. La iniciativa buscaba que las provincias recibieran el 57,2% de la recaudación, pero el Gobierno propuso un esquema alternativo que favorecía al Tesoro nacional.
La demora fue celebrada por Milei como una victoria táctica, pero también refleja la fragilidad de los consensos en torno a la distribución de recursos. Con el Presupuesto 2026 en el horizonte, el conflicto promete escalar.
El proyecto aprobado en el Senado contempla que sólo el 14% de esa recaudación lo retenga el Tesoro, las provincias se queden con el 57,2% y la seguridad social (la ANSES) el 28,9%. De lo que se enviaría a las jurisdicciones, el 25% sería en partes iguales y el 75%, respetando los índices de coparticipación, que favorecen a los distritos más pequeños.
En comisiones, la semana pasada, Milei propuso otro esquema. El dictamen de minoría plantea que el 28,9% sea para la ANSES y que el resto sea repartido entre la masa de coparticipación, que destina un 42% para las provincias. De esta manera, el fisco nacional se quedaría con aproximadamente el 30% de la recaudación, el doble que lo que implica el proyecto aprobado en el Senado.
Provincias en alerta
“Las transferencias automáticas mejoraron, pero no recuperaron el nivel relativo de 2023”, denunció Ariel Rauschenberger, de UP. Silvana Ginocchio, diputada por Catamarca, advirtió sobre “una caída de los recursos coparticipables”. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los ATN deben reservarse para emergencias, y que cualquier intento de modificar su uso pone en riesgo la capacidad de respuesta ante catástrofes.
Carlos Zapata, defensor del oficialismo, recordó que el esquema actual de los ATN debería haberse reemplazado en 1996, pero nunca hubo acuerdo para iniciar ese debate.
