Entrega de pozos de agua a Elsztain y otros empresarios del círculo rojo: la Corte los habilitó a defenderse
La Suprema Corte avanza con el expediente que investiga la entrega de pozos de agua en un acuífero restringido a poderosos empresarios por parte de Irrigación.
PorGabriela Valdés
29 de diciembre de 2025 - 16:30
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Karina Milei, Alfredo Cornejo y sus pares de San Juan y Jujuy en una de las giras de promoción de los minerales de Mendoza. Detrás, Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió dar intervención a poderosos empresarios implicados en el expediente que cuestiona la entrega de permisos de perforación de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del Río Mendoza. La medida precautoria, presentada por el abogado y regante Marcelo Romano, busca suspender la Resolución 125/25 del Departamento General de Irrigación, cuyo jefe es Sergio Marinelli, que habilitó nueve perforaciones en una zona declarada en restricción hídrica. Con esta decisión, el máximo tribunal provincial abre una instancia clave en un conflicto que combina intereses económicos millonarios, denuncias de corrupción y la crisis hídrica que atraviesa la provincia.
Marinelli, funcionario del riñón de Alfredo Cornejo, firmó la entrega de nueve pozos de agua a poderosos empresarios en una zona de restricción por la fragilidad del acuífero afectado. El principal beneficiario es Eduardo Elsztain, dueño de IRSA.
El caso estalló en febrero, cuando el jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, otorgó permisos de perforación en El Carrizal pese a que la propia Resolución 1108/2024 —firmada por él mismo— había establecido la prohibición de nuevas extracciones. La decisión se tomó en contra de informes técnicos, jurídicos y científicos que advertían sobre el agotamiento del acuífero y recomendaban mantener la restricción. La maniobra benefició a un grupo reducido de empresarios con fuerte peso político y económico, lo que derivó en un pedido de jury contra Marinelli impulsado por sectores del PJ.
Entre los favorecidos se encuentra Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain, cabeza del Grupo IRSA y cercano al presidente Javier Milei. La firma recibió autorización para cinco pozos destinados a regar 424 hectáreas. También fueron beneficiados Chimpay La Rioja S.A., del empresario coreano Young Woo, con dos pozos para 150 hectáreas; Grappolo S.A., del bodeguero Walter Bressia, con un pozo para uso industrial y recreativo; y Pedro García Mateo, con un pozo para 18 hectáreas. En total, las perforaciones permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo, transformando tierras de escaso valor en propiedades cotizadas entre 12 y 24 millones de dólares gracias al acceso al recurso hídrico.
El antecedente de Jaque y Villalón
La Corte resolvió integrar la litis con los empresarios mencionados, notificándolos formalmente para que participen del proceso. Según Romano, esta etapa es crucial: “La Corte en pleno ha llamado para resolver la primera parte de ese proceso que es la medida precautoria, que tiene como objetivo evitar lo que pasó con los pozos de Agrelo en 2011 con Frigerio y Villalón, que ya hace 14 años y aún no se dicta una sentencia”.
El antecedente al que alude Romano remite al escándalo durante la gobernación de Celso Jaque, cuando el superintendente de Irrigación Eduardo Frigerio y su asesor Jorge Villalón fueron acusados de otorgar permisos de perforación de manera irregular para emprendimientos inmobiliarios de lujo. Un jury terminó con el mandato de Frigerio, pero la sentencia definitiva nunca llegó. “La Corte ahora tiene la posibilidad de no entregar el pozo a Elsztain hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, o sí le entregamos el pozo y después que se resuelva”, advirtió Romano, alertando sobre el riesgo de repetir la historia.
Qué significa en la práctica
En la llamada "integración de la litis", la Corte incorpora formalmente a empresas y personas (Cresud, Chimpay La Rioja, García Mateo, Grappolo SA) como partes del proceso dándoles el derecho de defensa: al ser “hechos parte”, esos terceros tienen derecho a ser notificados, presentar escritos, ofrecer pruebas y defender sus intereses.
Efecto procesal: la decisión que se tome en la medida cautelar (suspensión de permisos de perforación de agua) también los alcanzará, evitando que luego aleguen indefensión o nulidad.
milei.elsztain
Milei con Eduardo Elsztain, dueño de Irsa y de gran influencia en el círculo rojo del presidente.
Los argumentos de la demanda
La demanda original califica la resolución de Irrigación como “ilegal, injusta e insostenible” y acusa al organismo de priorizar intereses privados por encima del bien común. El recurso de inconstitucionalidad se apoya en cinco pilares:
Violación constitucional: vulneración del derecho a un ambiente sano (art. 41 CN) y del uso sustentable del agua.
Crisis hídrica ignorada: informes del INA, la UNCuyo y la empresa israelí Mekorot alertan sobre el agotamiento del acuífero.
Arbitrariedad institucional: contradicción con la propia Resolución 1108/2024 que prohibía extracciones.
Falta de controles ambientales: ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, sin audiencia pública ni acceso a la información.
Riesgo colectivo: más de un millón de mendocinos podrían sufrir consecuencias en producción agrícola, empleo y calidad de vida.
Romano ilustró la incoherencia normativa con una metáfora contundente: “En Mendoza, la Ley 5961 obliga a que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, esta resolución autoriza proyectos que afectan más de 590 hectáreas sin exigir ese mismo control”.
Empresarios en el centro del conflicto
La decisión de la Corte de incorporar a los empresarios como parte del proceso marca un giro en el expediente. Elsztain, Woo, Bressia y García Mateo deberán responder por los permisos que recibieron en un contexto de crisis hídrica y cuestionamientos institucionales. Para los críticos, el caso expone la tensión entre el modelo de desarrollo inmobiliario y vitivinícola de gran escala y la necesidad de preservar un recurso estratégico como el agua.
El desenlace tendrá impacto político y económico. Si la Corte avala los permisos, se consolidará un esquema que muchos califican como “corrupción hídrica”. Si los rechaza, los daños y perjuicios para los empresarios podrían ser multimillonarios. En cualquier escenario, el fallo sentará un precedente sobre la gestión del agua en Mendoza y la relación entre poder económico y decisiones institucionales.
Un expediente que trasciende lo jurídico
Más allá de la resolución judicial, el caso refleja la disputa por el agua en una provincia que enfrenta una crisis hídrica estructural.
La entrega de pozos en zonas de restricción no solo compromete el equilibrio del acuífero, sino que también pone en juego la producción agrícola, el empleo y la calidad de vida de miles de mendocinos. La Corte tiene ahora la oportunidad de marcar un límite y definir si el agua se administra como un bien común o como un recurso al servicio de intereses privados.
