El Senado argentino se encamina a convertir en ley este viernes el controvertido proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que promete modificar de raíz el sistema tributario y relajar los controles sobre operaciones financieras y que, según el Gobierno, busca incentivar la incorporación de dólares comprados en el mercado informal al circuito legal. La sesión está prevista para el mediodía, inmediatamente después del tratamiento del Presupuesto, considerado la prioridad legislativa del oficialismo.
La propuesta llega al recinto tras obtener dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Juan Carlos Pagotto, y luego de haber sido aprobada en la madrugada del pasado 18 de diciembre. El oficialismo logró sumar apoyos clave: la UCR, el PRO y bloques provinciales de Misiones, Corrientes y Tucumán acompañaron el proyecto, mientras que el peronismo se mantuvo al margen, al no integrar las comisiones en rechazo a su conformación.
Un régimen “blindado para siempre”
El corazón de la iniciativa es la creación de un Régimen simplificado de Ganancias, que el Gobierno presenta como un mecanismo de alivio y seguridad para los contribuyentes. Quienes adhieran, con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos, quedarán “blindados para siempre”. Esto significa que no deberán informar variaciones patrimoniales ni estarán sujetos a controles sobre sus consumos.
En la práctica, la Administración de Recursos y Control de la Argentina (ARCA) cobrará únicamente el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados, sin importar el crecimiento patrimonial. Los consumos se deducirán de esa base imponible, lo que, según el Ejecutivo, simplificará la relación entre el fisco y los ciudadanos. El artículo 39 del proyecto refuerza esta lógica al establecer un “efecto liberatorio” del pago, siempre que la declaración jurada propuesta por ARCA sea aceptada y abonada en término.
Cambios en la tipificación de la evasión
Uno de los puntos más polémicos es la modificación de los montos que definen la evasión fiscal. El proyecto eleva el umbral para considerar evasión simple de 1,5 millones de pesos a 100 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso se incrementa de 15 millones a 1.000 millones.
Estos cambios, interpretados por críticos como un relajamiento de los controles, son defendidos por el oficialismo bajo el argumento de que permitirán concentrar los esfuerzos en casos de mayor magnitud y relevancia económica. Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría dejar sin sanción conductas que, aunque menores en comparación, afectan la recaudación y la equidad tributaria.
Prescripción y beneficios fiscales
El proyecto también reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. ARCA no iniciará acciones penales si las deudas y sus intereses son cancelados, aunque este beneficio se aplicará una sola vez por contribuyente.
En los casos en que la denuncia aún no haya sido radicada, la obligación quedará extinguida si el contribuyente cancela la deuda con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. Esta cláusula busca incentivar el pago voluntario y rápido, aunque algunos analistas señalan que podría convertirse en una puerta de escape para quienes acumulen incumplimientos.
Paradójicamente, mientras el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, endurece las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término. El Gobierno sostiene que esta medida busca garantizar la responsabilidad mínima de los contribuyentes, incluso en un esquema más flexible.
La combinación de beneficios y sanciones refleja la intención oficial de equilibrar incentivos con disciplina, aunque el debate público se centra en si el resultado será un sistema más justo o, por el contrario, una amnistía encubierta para grandes patrimonios.
Expectativa en el oficialismo
El tratamiento del proyecto genera expectativa tanto en el ámbito político como en el económico. Para el oficialismo, la sanción de la Inocencia Fiscal representa un paso estratégico en su intento de normalizar el flujo de dólares y aliviar la presión sobre el mercado cambiario. Para la oposición, en cambio, se trata de una iniciativa que podría debilitar la capacidad del Estado de controlar la evasión y garantizar la equidad tributaria.
Este viernes, el Senado tendrá la última palabra. La sesión promete ser intensa, con discursos que marcarán posiciones encontradas y con la mirada puesta en el impacto que la nueva ley tendrá sobre la economía y la relación entre el fisco y los contribuyentes.
