-La justicia le dio un revés a Fernando Armagnague que quería impugnar el proceso de la UCR del que participó
- San Carlos y Guaymallén podrían ir a internas
En calle Alem hay reuniones para tratar de evitar internas en dos departamentos.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEn la Unión Cívica Radical (UCR) hay festejo agridulce en medio de la oficialización de listas. Por un lado, el juez federal Pablo Quiros (subrogante) le propició un revés judicial a Fernando Armagnague (otro, después del Congreso Partidario) que quería impugnar el proceso electoral. En Guaymallén y San Carlos se presentaron dos listas.
"Rechazar la presentación formulada por el Sr. Samuel Martinelli, por falta de personería acreditada", resolvió la magistrada federal con competencia electoral luego de recibir una impugnación de Fernando Armagnague y compañía. En realidad, quien lo había hecho era Samuel Martinelli, en calidad de apoderado de la lista Dignidad Partidaria, espacio que lidera el histórico letrado.
El grupo de Armagnague y el de Jorge Palero fueron a la justicia para frenar el proceso electoral denunciando la falta de entrega de los padrones partidarios para poder recolectar los avales a las listas. Metieron el reclamo por la vía equivocada, en el medio hablaron con la conducción partidaria para integrar listas, pero finalmente no lo hicieron y había metido, esta vez por dónde correspondía, el escrito pidiendo la suspensión del proceso.
Todo empezó con la convocatoria a elecciones internas para definir la conducción de la UCR y que se encontró con una impugnación judicial, algo que se ha convertido en una tradición por parte del sector de Fernando Armagnague. Samuel Martinelli, quien se presentó ante la justicia federal como el apoderado de la lista Dignidad Partidaria, expuso el reclamo.
Martinelli denunció la falta de entrega "del padrón partidario e incumplimiento de principios y reglas del derecho electoral y de la Carta Orgánica a la vez que el mencionado Comité Provincia ha violado no sólo el art. 38 de la Constitución Nacional en cuanto prevé, en su parte pertinente, la protección de las minorías, sino además la ley de Información Pública", entre otros aspectos.
Para Quiros, el acto "fue debidamente publicado en el Boletín Oficial del 27 de octubre, cumpliendo con los requisitos formales establecidos estatutaria y reglamentariamente", también que "mediante Resolución Nº 2 estableció la fecha y modo de consulta del padrón de afiliados; que estas pautas fueron aprobadas sin objeciones, conforme surge de las actas respectivas; y que las actas y resoluciones del Comité Provincia y la Junta Electoral respectivamente se encuentran vigentes". Y agrega un detalle importante y es que ninguna de los resoluciones "han sido impugnadas".
Tiene en cuenta el extenso escrito presentado por la apoderada partidaria, Ángela Floridia, que refuta cada uno de los planteos y entre las pruebas incluyó una nota de ElEditor en la que se confirmaba la participación en listas de Martinelli, Armagnague y Sandra Romano, tres de los enfurecidos afiliados que querían anular el proceso electoral. En definitiva, entendió que los impugnadores cuestionaban un proceso del que fueron parte.
Susana Pravata, jueza federal con competencia electoral, le dio otro revés judicial a Fernando Armagnague y compañía.
Martinelli no documentó como corresponde la calidad de apoderado que invoca: "Que en las presentes actuaciones, el Sr. Samuel Martinelli no acompañó instrumento alguno que permita tener por acreditada la calidad de apoderado de la 'Lista Dignidad Partidaria'; limitándose a invocar dicho carácter sin respaldo documental alguno".
"Que esta exigencia no constituye una mera formalidad, sino una garantía indispensable para resguardar la validez de los actos procesales, evitar planteos promovidos por personas no habilitadas y asegurar la intervención únicamente de quienes cuentan con mandato cierto y eficaz de la organización política involucrada", indicó Quiros antes de resolver rechazar los planteos y mandar la denuncia al archivo.
No es la primera vez que Armagnague y compañía impugnan decisiones del partido. La última vez fue que llegó al mostrador de la justicia federal con competencia electoral fue por el Congreso Partidario que se celebró meses atrás para la elección de candidatos a cargos electivos luego de la suspensión de las PASO.
El juez federal Pablo Quiros (subrogante del Juzgado N°1 en temas electorales), había abierto un expediente para tratar el caso y finalmente rechazó la presentación. En caso de avanzar el incidente, será la misma magistrada federal quien deba resolver.
La Junta Electoral debe oficializar las listas presentadas y en dos departamentos podría haber internas: Guaymallén y San Carlos. En el primero ya se veía venir porque está todo roto en la UCR de esa comuna cuando la alcoholemia positiva del concejal Miqueas Burgoa en General Alvear lo catapultó a las noticias. El intendente Marcos Calvente le pidió que diera un paso al constado, el edil se negó y se abrió el proceso en el Concejo Deliberante. Los votos se dividieron y el edil zafó de la investigación que podría haber termina en un dictamen a votar una destitución.
El concejal Miqueas Burgoa presentó lista para disputar el Comité UCR Guaymallén.
Con la interna radical en carne viva, se hicieron evidentes la diferencias. Jonathan Mazuela, Cristina Vargas y Juana Allende querían que Burgoa fuera investigado según indica la ley (luego de vota la sanción) pero no argumentaron en el recinto por qué. De hecho, Allende no quiso hablar cuando terminó la sesión, siendo jefa de bloque, y le dijo a la prensa que hablar con la titular del cuerpo, Verónica Cancela quien desempató en favor de Burgoa. Para los ediles más alejados de Calvente, y algunos referenciados en Marcelino Iglesias como Florencia Triviño y Ezequiel Genovese, no había argumentos para avanzar sobre el edil, dado que había pagado la multa sin chistar.
Estas diferencias tuvieron coletazos en la vida interna de la UCR de Guaymallén porque el concejal integra la lista que pretende disputar la conducción partidaria en ese departamento. "Adelante Radicales", la lista presentada, es encabezada por Carlos Caballero y secundado por Denise Amarfil. Y entre los nombres que aspiran a ocupar los cargos de secretarios, está Miqueas Burgoa.
Hubo charlas, parecía que había acuerdo pero las cosas aun no se definen. Hoy por la tarde sería el ultimátum para oficializar la interna o acordar y evitar que los afiliados radicales vayan a las urnas el 14 de diciembre.
La misma suerte correría San Carlos, porque no se mediatizó que había una segunda lista. Sin embargo, con el correr de las horas se conoció que hay amague a disputa en el Valle de Uco. Por el lado oficialista, encabeza la nómina Juan Guillermo Gallardo quien es el actual presidente de la UCR sancarlina. El problema apareció con la lista que presentó Gerardo Román Busse, quien fue parte del despacho de Laura Montero cuando era senadora nacional.
De acuerdo a lo que arroja la resolución del Senado de la Nación de abril del 2015, la ex legisladora nacional tuvo, además de Busse, a Carlos Alberto Herrada, Luis Pablo Fuentes, Alexis Dante Rubio Aberastain, Jesica Laferte (actual senadora provincial), Franco Bignone y a Alejandro Daniel Bianchi en su despacho.
Por estas horas se tomarán decisiones porque la Junta Electoral tiene que oficializar las listas: ya sea unidad o avisar que hay internas.