Marinelli y la entrega de agua a empresarios ligados al poder: la Corte en una definición crucial
El titular de Irrigación otorgó permisos de agua subterránea en una zona restringida. Uno de los beneficiados fue Eduardo Elsztain, del círculo rojo de Milei.
PorGabriela Valdés
20 de noviembre de 2025 - 11:30
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Karina Milei, Alfredo Cornejo y su par de San Juan en una de las giras de promoción de los minerales de Mendoza. Detrás, Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y Cresud.
Romano interpuso una acción de inconstitucionalidad junto a una medida precautoria anticipatoria contra el Departamento General de Irrigación, con el objetivo de impedir que se habiliten perforaciones en la cuenca del Río Mendoza. “Esto puede abrir un precedente gravísimo: si se permite perforar en zonas de restricción, el recurso hídrico quedará indefenso frente a intereses privados. La Corte debe intervenir antes de que haya daños irreversibles”, advirtió en ese momento el abogado.
Entre los favorecidos estuvo Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain (Grupo IRSA, cercano al presidente Javier Milei), que recibió autorización para cinco pozos destinados a regar 424 hectáreas. La maniobra derivó en un pedido de Jury político contra Marinelli impulsado por sectores del PJ.
Entre los principales beneficiados, indica la investigación, figuran:
Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain (del poderoso Grupo IRSA, muy cercano al presidente Javier Milei), con 5 pozos para regar 424 hectáreas.
Chimpay La Rioja S.A., del empresario coreano Young Woo, con 2 pozos para 150 hectáreas en el emprendimiento Santa María de Los Andes.
Grappolo S.A., de Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), con 1 pozo para uso industrial y recreativo.
Pedro García Mateo, con 1 pozo para 18 hectáreas.
En total, se aprobaron perforaciones que permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo. Según valores del mercado inmobiliario, las tierras pasaron de valer casi cero a cotizar entre 12 y 24 millones de dólares tras recibir el recurso hídrico.
Una instancia clave en la Corte
Consultado por ElEditor Mendoza sobre esta nueva instancia, precisó: "La Corte en pleno ha llamado para resolver la primera parte de ese proceso que es la medida precautoria, que tiene como objetivo evitar lo que pasó con los pozos de Agrelo en 2011 con Frigerio y Villalón, que ya hace 14 años y aún no se dicta una sentencia. La sentencia que se dicte va a ser negativa: si le dan la razón a los empresarios se va a erfeccionar la corrupción, y si le da la razón a Irrigación el daños y perjuicios para esos empresarios va a ser multimillonario.
Se refiere Romano al escándalo durante la gobernación de Celso Jaque con la gestión de Eduardo Frigerio como superintendente de Irrigación, y su asesor, Jorge Villalón, acusados por otorgar derechos de riego de forma irregular permisos de perforación para aguas subterráneas a empresarios que habían adquirido terrenos ubicados en el sur de Luján de Cuyo y que estaban destinados a emprendimientos inmobiliarios de lujo. Un jury terminó con el mandato de Frigerio.
"La Corte ahora tiene la posibilidad de no entregar el pozo a Elsztain hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, o sí le entregamos el pozo y después que se resuelva".
Si le entregan el pozo al dueño de Irsa, señaló Romano, "puede pasar lo que ocurrió con los regantes privilegiados de la Cámara de Agrelo".
milei.elsztain
Eduardo Elsztain (del poderoso Grupo IRSA, muy cercano al presidente Javier Milei),
Los argumentos de la demanda precautoria
En la presentación, el abogado y regante calificó la resolución de Irrigación como “ilegal, injusta e insostenible” y acusó al organismo de priorizar intereses privados por encima del bien común. Su recurso de inconstitucionalidad se apoya en cinco pilares:
Violación constitucional: vulneración del derecho a un ambiente sano (art. 41 CN) y del uso sustentable del agua.
Crisis hídrica ignorada: informes del INA, UNCuyo y la empresa israelí Mekorot alertan sobre el agotamiento del acuífero.
Arbitrariedad institucional: contradicción con la propia Resolución 1108/2024 que prohibía extracciones.
Falta de controles ambientales: ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, audiencia pública y acceso a la información.
Riesgo colectivo: más de un millón de mendocinos podrían sufrir consecuencias en producción agrícola, empleo y calidad de vida.
El abogado ilustró la incoherencia normativa con una metáfora: “En Mendoza, la Ley 5961 obliga a que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, esta resolución autoriza proyectos que afectan más de 590 hectáreas sin exigir ese mismo control”.
