Este jueves el Senado será otra vez escenario de una puja que podría redefinir los equilibrios dentro del oficialismo. Como trasfondo, y con la mirada puesta en Mendoza, la alianza entre el presidente Javier Milei y Alfredo Cornejo vuelve a escena. Se tratarán dos vetos presidenciales cruciales: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. Ambos temas, sensibles y con fuerte respaldo social, pondrán a prueba la solidez del pacto electoral del cual Cornejo ya acusó recibo dándole la espalda al Garrahan y al reparto de los ATN.
Maniobras y volantazos en Diputados
El antecedente inmediato en Diputados mostró que la alianza es fuerte. Los legisladores mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, alineados con Cornejo, se ausentaron al momento de dar quórum para tratar la ley universitaria, en sintonía con el acuerdo electoral entre Cornejo y Karina Milei. La presión social por el destino de la Universidad Nacional de Cuyo hizo que la jugada fuera doble, no dieron quorum pero regresaron al recinto y votaron a favor de rechazar el veto presidencial. El giro fue evidente, sobre todo porque minutos antes se habían ausentado en la votación sobre el Garrahan, revelando una subordinación total a la alianza con los libertarios.
Mendoza, abstenciones y costos políticos
En el Senado, la postura mendocina fue también protagonista con el tratamiento del reparto de los ATN. Mariana Juri y Rodolfo Suárez se abstuvieron en la votación sobre el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sumándose a Alfredo De Angeli en el lote de los que eligieron no votar.
El resultado fue contundente: 59 votos a favor del rechazo al veto, nueve en contra y tres abstenciones. Mendoza, pese a haber jugado a favor del Ejecutivo, quedó fuera del reparto de $12.500 millones que fueron destinados a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. El gesto político de Cornejo no se tradujo en beneficios concretos para Mendoza.
Garrahan y universidades, vetos sin respaldo
Todo indica que hoy el Senado rechazará los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, ambas aprobadas en agosto por amplias mayorías. La ley universitaria recibió 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones; la del Garrahan, 62 votos a favor y 8 en contra. El oficialismo no cuenta con los consensos necesarios para revertir esas cifras, y la reedición del pacto Milei-Cornejo se enfrenta a una prueba de fuego.
La narrativa del ajuste
En una entrevista radial, Lisandro Nieri intentó justificar su falta de apoyo a las leyes sensibles apelando a la falta de presupuesto y a la supuesta mala calidad de los proyectos impulsados por la oposición.
“Las opciones que nos ponen sobre la mesa son todas malas”, dijo en Radio Rivadavia. Sobre su voto positivo en la ley universitaria, lo calificó como una excepción. En cambio, defendió su ausencia en la votación del Garrahan y su apoyo al veto presidencial en la ley sobre discapacidad, argumentando que “Argentina gasta mucho en educación, salud y discapacidad, pero no somos eficientes”. La consigna del “no hay plata” se impone como justificación política, aunque deja expuestos los costos territoriales.
Nieri hizo mutis por el foro con Espert
Sólo 27 de 49 diputados votó para que José Luis Espert fuera expulsado de la Comisión de Presupuesto de Diputados después de que la Justicia de Estados Unidos comprobara sus vínculos con el empresario Fredy Machado, preso por una cauda ligada al narcotráfico. Lisandro Nieri, radical mendocino y nombrado como figura de recambio ante la posibilidad de la expulsión de Espert, no se pronunció, en sintonía con sus correligionarios de la UCR. Sí lo hicieron los radicales que no son aliados de Milei, nucleados en Democracia para siempre, quienes pidieron la expulsión.
Por más de una hora, antes de que comenzara el debate presupuestario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de disputa política. El eje no fue el gasto público ni las metas fiscales, sino la permanencia de Espert como presidente del cuerpo, tras las denuncias por presuntos vínculos con el empresario condenado por narcotráfico Fred Machado.
