La ministra Latorre defendió la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña. Dijo que el Gobierno "está haciendo las cosas bien".
En nombre del Gobierno, Jimena Latorre desestimó las críticas al sitio donde se hará la audiencia pública por San Jorge. En la foto, junto a Jerónimo Shantal, director de Minería.
Mientras se multiplican lasobjeciones al Gobierno por a la realización de la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña, la ministra de Energía, Jimena Latorre, desestimó las críticas: "Son objetores seriales, estamos haciendo las cosas bien", soltó la funcionaria, minimizando las críticas a las barreras a una verdadera participación social.
También evaluó la funcionaria que "hay un cambio de época" respecto al ánimo social que despierta la megaminería metalífera, aunque no se atrevió a hablar de licencia social.
En la víspera, el director de Minería, Jerónimo Shantal, negó que llevarse lejos de la villa cabecera la audiencia se vincule con un temor del cornejismo a un rechazo masivo al proyecto.
Desde que el Gobierno anunció que la audiencia se va a hacer el 2 de agosto en un campamento minero de Yaguaraz a 2.600 metros de altura, a unos 44 kilómetros de Uspallata, hubo múltiples cuestionamientos de vecinos y asambleístas y el Partido Verde fue a la Justicia. Este martes se sumaron sectores del kirchnerismo y del massismo.
La ministra desestimó las criticas. Dijo que habrá transporte del oficialismo para quien quiera llegar al medio de la montaña. "Es una lástima que no hayan ido al lugar, se hubieran dado cuenta que allí no hay problemas y se puede llegar en cualquier vehículo", señaló en una entrevista en Nihuil. Aseguró que en el lugar habrá baños, calefacción y asientos. También dijo que ya hay más de 700 inscriptos.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata pidió a través de un comunicado difundido en sus redes que el Gobierno cambie la sede de la audiencia pública para debatir el proyecto San Jorge. El viernes pasado el Ejecutivo convocó a audiencia en un campamento minero a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en un paraje inhóspito y alejado de la villa de Uspallata.
La Asamblea denunció que la convocatoria —planificada para el 2 de agosto a las 10 en plena temporada alta turística y bajo condiciones climáticas adversas— es una puesta en escena que, lejos de fomentar la participación, la dificulta deliberadamente. “Es una puesta en escena que simula participación”, afirmaron mediante un comunicado.
El proceso de participación pública en torno al proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino”, presentado por la empresa Minera San Jorge S.A., también detonó una tormenta política. Desde distintos sectores, tanto del kirchnerismo como del bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, encabezado por la diputada Gabriela Lizana, surgieron duras críticas al mecanismo de la audiencia pública.
Aunque con argumentos complementarios, ambas posturas coinciden en que el proceso viola principios de transparencia, accesibilidad y participación ciudadana.
La audiencia fue anunciada para el 2 de agosto en coordenadas que indican "las inmediaciones del proyecto", sin dirección física, aunque con coordenadas GPS.
La diputada kirchnerista Valentina Morán presentó un proyecto en el que afirma que se están aplicando “barreras” en la antesala de la audiencia pública convocada por la autoridad minera de Mendoza.
Dijo que la locación equivale a realizar el encuentro en un territorio controlado por la propia empresa minera, lo que representa una amenaza al carácter independiente que debe tener cualquier instancia de participación ambiental.
Por el Frente Renovador, la diputada Lizana, en sintonía con esa preocupación, formalizó un proyecto de resolución exigiendo explicaciones al Ministerio de Energía y Ambiente. Citando el artículo 5 de la Ley Provincial 7722 y el artículo 7 del Convenio de Escazú, argumentó que la elección del lugar contraviene el principio de neutralidad y puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.
Otra preocupación compartida es la accesibilidad digital. El procedimiento requiere inscripción previa mediante un formulario virtual, lo cual —según denunciaron referentes kirchneristas y la propia Lizana— deja fuera a sectores vulnerables: personas mayores, comunidades rurales y habitantes sin acceso estable a internet.