Marcelo Romano, ex senador, tiene un frente judicial abierto desde 2019. Condenado en primera instancia, apeló pero la Suprema Corte rechazó el planteo.
Marcelo Romano, ex senador y concejal electo en San Carlos.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Suprema Corte de Justicia le propició un duro golpe a Marcelo Romano, ex senador provincial y concejal electo en San Carlos por Provincias Unidas. Un incidente del 2019 tiene condena por el delito de "atentado a la autoridad agravado por la calidad de funcionario público". Apeló pero se lo rechazaron.
Una situación particular se da en San Carlos con dirigente que recibió el respaldo en las urnas. Se trata de Marcelo Romano quien se aseguró una banca por el frente Provincias Unidas pero un revés de la Suprema Corte de Justicia abrió interrogantes con respecto a su asunción. El dirigente tiene una causa en la justicia por un incidente del 2019 y siempre sostuvo que la causa tenía un trasfondo político, apuntándole a Alfredo Cornejo.
El año próximo, la Comisión de Poderes que se constituye en el ámbito del Concejo Deliberante sancarlino deberá analizar la documentación de cada uno de los ediles electos y podría haber novedades con respecto a la asunción de Romano quien ya avisó que seguirá litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso de Marcelo Romano tiene tantas instancias que recordarlo insumiría ríos de tinta. A modo de síntesis, hay que remontarse al 11 de agosto del 2019, cuando a las 18:23 horas, sobre Ruta 40 frente al Barrio ATSA, el entonces legislador mantuvo un intercambio de palabras por efectivos policiales. Su hija, al mando de un Renault Clio, había sido demorada en un control vial.
"Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la bicameral de seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto ”, habría sido la frase de Romano por la que sigue desfilando en la justicia. Incluso, tiene abierto un sumario en el Senado de la Nación, órgano en el que se desempeña como asesor con el sueldo mas alto de la categoría.
La Suprema Corte rechazó un recurso de apelación de Romano.
De acuerdo al expediente, al momento de hecho, Romano le pidió a su hija que se subiera al auto y que se fuera del lugar; "impidiendo de esta manera que el personal actuante continuara con el protocolo de actuación y le realizara el test de alcoholemia a la conductora del Renault Clio".
Meses después del incidente y la causa iniciada, llegó el pedido de desafuero a la Legislatura. Al avanzar con la medida, la justicia buscó imputarlo y poder continuar. Todo ese proceso llevó 40 meses (más de 3 años) porque Romano apelaba hasta los sorteos.
Y sino que lo diga María Cristina Pietrasanta, jueza de Garantías que intervino en el caso y a quien le apelaban todos los actos, hasta su designación en la causa. La causa se elevó a juicio y María José Cerdera, magistrada del Juzgado Penal Colegiado sentenció a Marcelo Romano a 10 meses de prisión en suspenso y lo inhabilitó a ejercer cargos públicos por 20 meses (el doble de la condena).
Romano apeló el fallo y cayó en la Suprema Corte. Dalmiro Garay, María Teresa Day y Julio Gómez debían resolver si aceptaban o no el recurso de casación. El revés del máximo tribunal se sostiene en los argumentos del ministro filoperonista, quien detalló por qué entiende que no debía darle luz verde al reclamo de Romano.
El dictamen de la Procuración General, que no es vinculante, había respaldado el accionar del procedimiento judicial, por lo que consideraba que el recurso debía ser rechazado. Uno de los argumentos que echó por tierra Gómez fue el de la prescripción. "La acción penal seguida contra el acusado se encuentra vigente", indicó.
Párrafo aparte mereció el análisis de la conducta de Romano. "Corresponde destacar que el bien jurídico protegido por el tipo de atentado de autoridad, es la administración pública. Específicamente, la razón de la tutela penal de este tipo consiste en el aseguramiento del funcionamiento y prestigio de la administración pública, en tanto los funcionarios públicos no deben recibir condicionamientos de particulares en el proceso de formación de sus decisiones", expresó Gómez.
Marcelo Romano y Adrián, el padre de Facundo Gollano, en la puerta del complejo Estrada, en el Polo Judicial.
Por ese motivo es que considera que "resulta indiferente" si su hija conducía a alta velocidad o no porque aun cuando el procedimiento diga que no, "no puede discutirse que es una facultad funcional de la policía, al menos, detenerla y corroborar si la misma realizó una infracción". De hecho, Gómez remarca que la defensa no cuestiona que "el acto funcional que se pretendía llevar a cabo no fuera un acto que los agentes de policía intervinientes estuvieren facultados a realizar, o supusiere, en algún modo, un ejercicio irracional o arbitrario de la fuerza pública".
"La defensa analiza elementos de prueba aislados y les imprime una valoración disgregada del resto del plexo probatorio. Este proceder, de acuerdo a jurisprudencia constante de esta Suprema Corte de Justicia contradice el principio de unidad de prueba, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el sistema de la sana crítica, e impone, como regla, la consideración de la prueba en su conjunto", expresó el magistrado.
Uno de los párrafos más duros pone en tela de juicio los dichos de Romano. "La entrega de documentación puede interpretarse como indicio de que el procedimiento estaba terminado, o bien, como un indicio de que el procedimiento no pudo llevarse a cabo, en función de la intimidación ejercida por el acusado. Esta última hipótesis, privilegiada por la jueza de la instancia anterior, resulta, a mi criterio, armónica con la totalidad del plexo probatorio".
Por estos motivos, y otros más que constan en el fallo, Gómez consideró que había que rechazar el recurso de casación. Garay y Day no le agregaron una sola coma al fallo y votaron de la misma manera que su colega. Así, la condena se acercaba a quedar firme pero Romano recurriría a la Coste Suprema de la Nación.
La condena a Romano incluye 20 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con el voto popular a su favor, se prepara para asumir, el año próximo en el Concejo Deliberante de San Carlos. Y el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación impediría que la sentencia quede firme y recaiga sobre él el impedimento para ejercer la función pública. En las interpretaciones que se hacen, se incluyen en este concepto a los cargos electivos.
Su documentación, como la del resto de los ediles electos, será analizada por la Comisión de Poderes que se constituya para tal fin el año próximo. Habrá representación de todos los espacios y allí dentro se debatirá qué hacer con el caso de Marcelo Romano. Nadie se sorprendería que, en caso de una negativa, vaya a la justicia.