El Senado retomará este miércoles el tratamiento en comisiones el paquete de leyes que ideó Alfredo Cornejo para destrabar la DÍA de San Jorge y los 27 proyectos que amplían Malargüe Distrito Minero Occidental. El oficialismo buscará darles despacho y dejar listo el paquete de leyes para que se trate la semana que viene en el recinto. Se acordó que los expedientes se tratarán en cinco comisiones: Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Recursos Hídricos, Ambiente e Hidrocarburos, Minería y Energía.
Junto a las DIA de esos proyectos se discutirá el proyecto de ley de regalías mineras y el del Fondo compensador para desastres ambientales. La reunión de las comisiones será este miércoles y se espera que la votación en el recinto sea el 9 de diciembre.
Regalías mineras, clave para el apoyo de los intendentes
El Gobierno de Mendoza se reservará la potestad de bajar las regalías a las empresas mineras adaptándolas a cada proyecto cuando lo considere necesario para que no abandonen la Provincia, según la iniciativa del oficialismo a la que dio media sanción Diputados.
Lo confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, en el inicio de la discusión del paquete de leyes destinado a destrabar el proyecto San Jorge. En rigor, el Ejecutivo va a replicar por ley el plan de rebaja de regalías que Alfredo Cornejo ya ejecutaba a las petroleras. El objetivo declarado es claro: garantizar desde el Estado la competitividad a las empresas mineras.
“Si no hay posibilidad de acompañar al sector privado en la inversión bajando o alivianando carga impositiva en los casos en que la rentabilidad se achica y los costos operativos se incrementan, lo que termina pasando es que las minas adelantan el cierre o recortan actividades de exploración complementaria. Y los que terminamos perjudicándonos somos nosotros, los mendocinos, porque se achica el margen de inversión”, sostuvo Latorre ante los legisladores.
Fondo compensador de desastres
Cornejo ideó dentro del paquete de leyes promineras la creación del Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta que promete reparar daños a gran escala cuando las empresas responsables se declaren insolventes. En los días previos al tratamiento, el Gobierno refrendó su lectura de que el caudal de votos obtenido se traduce en una licencia social para avanzar con la minería a gran escala.
El proyecto oficial propone un fondo administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente, destinado a intervenir en casos de daño ambiental colectivo cuando los responsables no puedan afrontarlo.
En los fundamentos se lee:
Los fondos funcionan como una alternativa para hacer frente a grandes pasivos ambientales y para asegurar la reparación de contingencias futuras, permitiendo una cobertura amplia del daño ambiental que no siempre es posible para las aseguradoras y el mismo responsable del daño. Resultan de la mayor trascendencia para actuar en el cese y reparación de un daño ambiental en forma inmediata, entendiendo que por las características del daño ambiental ello es clave para evitar una propagación mayor de sus efectos. Los fondos funcionan como una alternativa para hacer frente a grandes pasivos ambientales y para asegurar la reparación de contingencias futuras, permitiendo una cobertura amplia del daño ambiental que no siempre es posible para las aseguradoras y el mismo responsable del daño. Resultan de la mayor trascendencia para actuar en el cese y reparación de un daño ambiental en forma inmediata, entendiendo que por las características del daño ambiental ello es clave para evitar una propagación mayor de sus efectos
Qué pasa si las mineras se declaran "insolventes" ante un desastre
Según el artículo 4º del proyecto:
“El Fondo estará destinado a obras y acciones de cese, restauración y/o mitigación de perjuicios generados por un daño de incidencia colectiva, en los casos en que los responsables no puedan solventar la totalidad de las acciones necesarias; ya sea porque los mismos son insolventes, o se trata de personas indeterminadas y/o por cualquier otra causa que impida una adecuada reparación del daño ambiental producido”.
La ley prevé que el Estado actúe de forma “urgente” para evitar la propagación del daño, pero también aclara que el fondo no constituye una garantía supletoria para damnificados directos. El artículo 10º lo establece con claridad:
“Declárase que el Fondo de Compensación Ambiental no constituye una garantía supletoria a favor de los damnificados directos de daños ambientales”. Además, se declara la inembargabilidad de los recursos y se exime al fondo de todos los impuestos provinciales.
