Flavio González fue uno de los vecinos atacados por una patota cuando protestaba contra San Jorge. Lo citaron nueve meses después para constatar las lesiones.
Flavio González, uno de los vecinos de Uspallata atacados en una protesta contra San Jorge en la villa cordillerana.
A casi nueve meses del violento ataque sufrido por Flavio González —vecino y asambleísta de Uspallata — durante una marcha pacífica contra San Jorge en la villa cordillerana, la causa judicial sigue estancada. El expediente N° P-11616/25, caratulado "F. C/ N.N. S/ lesiones graves", permanece sin avances sustantivos por parte del Ministerio Público Fiscal.
El hecho ocurrió el 24 de enero de 2025, en el marco de una movilización pacífica contra el Proyecto Minero San Jorge, y en paralelo a la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. González, integrante de la Asamblea por el Agua de Uspallata, fue atacado por un grupo de hombres que lo embistieron a golpes de puño, provocándole lesiones en el rostro. La agresión fue interrumpida por otro vecino, Mauricio Cornejo, quien acudió en su ayuda con un matafuego, evitando una paliza mayor.
Cornejo, dueño de un negocio de productos regionales, también fue víctima de ataques esa misma jornada. En declaraciones a ElEditor Mendoza, relató que su local fue violentado en medio de la tensión generada por la llegada de una columna de la UOCRA a la villa cordillerana.
Pocos minutos después de ese arribo, se produjo el choque con vecinos que se manifestaban pacíficamente contra el avance megaminero. La denuncia de González fue respaldada con videos que muestran la llegada de una columna de la UOCRA, así como fotografías de sus agresores, algunos de los cuales quedaron registrados por cámaras de seguridad de comercios cercanos.
Ante la falta de avances en la causa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se presentó formalmente ante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional para exigir que se investigue el caso. Sin embargo, el 4 de septiembre, la fiscal Florencia Díaz Peralta rechazó la solicitud de constituirse como querellante particular, argumentando que el hecho no reviste relevancia institucional ni afecta bienes jurídicos colectivos.
La resolución sostiene que se trata de un conflicto entre particulares y que la APDH no tiene legitimación activa para intervenir. Según la fiscalía, el hecho no involucra a funcionarios públicos ni configura una afectación a derechos colectivos.
El mismo día en que la Fiscalía rechazó a la APDH como querellante, 4 de septiembre pasado, González tenía cita en el Cuerpo Médico Forense para que se constataran las lesiones que recibió en la golpiza de enero, es decir, casi nueve meses después. El vecino ya se había presentado en ese organismo a los pocos días del ataque. “Tuve que perder un día de trabajo por este capricho. Cuando pregunté qué pasó con la anterior revisación, me dijeron que la médica que la hizo se había tomado licencia por tiempo indefinido y se había llevado el expediente”, le dijo a este diario González.
Lo ocurrido con González, apuntaron las organizaciones y asambleístas que respaldan al vecino, exponen una cadena de negligencias que refuerza la denuncia de APDH: "la violencia contra defensores ambientales en contexto de actividad extractiva", un encuadre jurídico específico del Acuerdo de Escazú. Por todo esto, la APDH anunció que apelará el rechazo de la fiscal.