La polémica por la audiencia pública del proyecto San Jorge -en medio de un campamento minero en la montaña de Uspallata en pleno invierno- no cesa: la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un pedido de informes al Ministerio de Energía y Ambiente para que detalle los fundamentos legales y técnicos que justifican la elección del lugar —incluyendo sus coordenadas GPS— y aclare su relación con los predios de minera San Jorge.

La audiencia fue programada para el 2 de agosto, a 2.600 metros de altura, a las 10. El Ejecutivo emplazó la audiencia en medio de un campamento minero enclavado en el corazón de la cordillera. De inmediato llovieron las críticas por el difícil acceso a la zona en esa época, además de la lejanía respecto de la villa cordillerana (está a 44 kilómetros). La audiencia fue programada para el 2 de agosto, a 2.600 metros de altura, a las 10. El Ejecutivo emplazó la audiencia en medio de un campamento minero enclavado en el corazón de la cordillera. De inmediato llovieron las críticas por el difícil acceso a la zona en esa época, además de la lejanía respecto de la villa cordillerana (está a 44 kilómetros).

Aunque se trata de una formalidad y en instancias similares impulsadas por la Legislatura el Gobierno ha sorteado el escollo sin dificultad, el pedido se enmarca en fuertes cuestionamientos públicos a una pretendida instancia de participación que el Ejecutivo, señala la oposición, pretende licuar con herramientas como la virtualidad y el desaliento a la participación por el sitio en que se hará.

El Gobierno aseguró que garantizará el acceso físico a los asistentes con transporte, además de calefacción, wifi, baños y seguridad para los asistentes. Sin embargo, vecinos, asambleístas y referentes de la oposición ven detrás de la movida del Gobierno un intento de evitar la masividad de la audiencia, como ya ocurrió en octubre de 2010, cuando unas 700 personas se inscribieron y más de 2 mil llegaron hasta Uspallata para participar.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, negó que se trate de una maniobra para evitar otra “Uspallata 2010”, cuando miles de personas dijeron no al mismo emprendimiento. Desde el oficialismo sostienen que ya hay más de 700 inscriptos, y la ministra de Energía, Jimena Latorre, defendió la transparencia del proceso, al tiempo que remarcó el "cambio de época" que, interpreta, da aval para el avance de la megaminería en Mendoza.

Lo que aprobó Diputados

Pese a que el PJ había solicitado detalles acerca de presuntas irregularidades en el llamado a audiencia, el pedido que se aprobó eliminó las partes más ríspidas para el Gobierno, dejando sólo las formalidades.

"El lugar designado para su realización —"las inmediaciones del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino" (indicado mediante coordenadas GPS)— sugiere un predio controlado por la empresa proponente, lo que vulnera el principio de neutralidad exigido por el artículo 5 de la Ley Provincial 7722 y el artículo 7 del Convenio de Escazú", decía el pedido original. Ese y otros párrafos fueron borrados y lo que se aprobó fue lo siguiente:

Cuestionamientos de la UNCuyo, entre otros

En paralelo, organismos académicos y científicos como la Facultad de Medicina de la UNCuyo, el CONICET, la UNCuyoy la Asociación de Médicos de Argentina difundieron duros dictámenes técnicos que cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, advirtiendo sobre los potenciales impactos sobre el agua, la biodiversidad y la salud pública.

Esta semana se incorporó, además, un documento titulado Evaluación de Cuencas Superficiales y Subterráneas del Proyecto San Jorge, que realizó José María Cortés —doctor en Ciencias Geológicas, investigador del CONICET y profesor retirado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA— quien plantea objeciones demoledoras al modo en que la empresa presentó su estudio de impacto ambiental (IIA).