El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial, anunció una significativa reducción en los índices de pobreza e indigencia en Argentina durante el segundo semestre de 2024. La información, basada en datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), atribuye esta mejora a las reformas económicas implementadas por la administración del Presidente Javier Milei.
Según el comunicado, la pobreza, que había alcanzado un pico del 52,9% en el primer semestre de 2024, descendió al 38,1% en la segunda mitad del año. La indigencia, por su parte, disminuyó del 18,1% al 8,2%.
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Sin embargo, economistas y organizaciones sociales de Mendoza expresan serias dudas sobre la sostenibilidad de esta reducción y cuestionan el costo social que implica. La baja de la inflación, celebrada por el gobierno, se ha logrado a expensas de una fuerte recesión, licuación de jubilaciones y salarios, y un aumento significativo del desempleo.
Si bien la reducción de la inflación es innegable, el análisis de la situación en Mendoza revela que muchos mendocinos y mendocinas han visto deteriorado su poder adquisitivo. Los aumentos en las tarifas de servicios públicos, el transporte y los alimentos básicos han impactado negativamente en los sectores de menores ingresos, poniendo en duda la magnitud real de la mejora en la calidad de vida.
El impacto en Mendoza
En Mendoza, el sector vitivinícola, clave para la economía local, ha sufrido despidos y suspensiones debido a la caída del consumo interno y la falta de competitividad en el mercado externo. El sector de los comercios también registra una fuerte contracción, con cierres de locales y reducción de personal.
Organizaciones sociales que trabajan en los barrios más vulnerables de Mendoza advierten sobre el riesgo de que la reducción de la pobreza sea solo un espejismo. La falta de políticas sociales focalizadas, el recorte en programas de asistencia alimentaria y la precarización laboral podrían revertir rápidamente los avances logrados, especialmente si la recesión económica se prolonga.
La reducción de la pobreza, celebrada por el gobierno, plantea interrogantes sobre el costo humano y la verdadera inclusión social en una provincia marcada por la desigualdad. La duda persiste: ¿se trata de una mejora genuina o de un ajuste que solo posterga la crisis?