Una comisión legislativa escuchó testimonios que se oponen a San Jorge. El Gobierno espera tener dictamen en los próximos días.
Claudia Herrera, de la comunidad huarpe Guaytamari, de Uspallata. Expuso los argumentos del rechazo a San Jorge.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza La Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial, presidida por José Luis Ramón (Protectora), abrió sus puertas en una sesión especial marcada por la ausencia de quórum reglamentario, pero cargada de testimonios. Dieciséis oradores se presentaron para denunciar las consecuencias sociales, ambientales y culturales del megaproyecto minero San Jorge, en Uspallata.
La idea de la comisión es elaborar con estos testimonios un dictamen alternativo al del oficialismo, que espera tener despacho sobre la DIA de San Jorge en los próximos días.
Vecinos, asambleístas y representantes de ONG ambientalistas ocuparon el recinto con relatos que oscilaron entre la denuncia jurídica y los relatos en primera persona de la persecución judicial. Entre ellos, Liza Rule Larrea y Martín Iglesias narraron su detención durante una protesta en la capital mendocina el pasado 23 de octubre. Rule recordó haber pasado más de 50 horas en la Comisaría Séptima “en condiciones infrahumanas”, sin conocer la imputación en su contra. “Mendoza no escapa a la lógica de sacrificio de los territorios”, lanzó al inicio de su exposición.
La audiencia incluyó a referentes como Nora Moyano, Federico Soria y Marcelo Giraud, además de representantes de organizaciones como OIKOS (Agustín Sánchez) y FARN (Cristian Fernández). Estos últimos aportaron un análisis jurídico-ambiental que apuntó a incumplimientos de la legislación nacional y tratados internacionales. La sesión se inscribió en la Denuncia Nº 87517, que busca visibilizar la persecución judicial contra quienes se movilizan contra la megaminería.
Claudia Herrera, en representación de comunidades originarias, expuso la negativa rotunda del pueblo huarpe al proyecto PSJ Cobre Mendocino. El procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) concluyó en rechazo, denunciando irregularidades que invalidan la consulta establecida por el Convenio 169 de la OIT. “No ha sido libre, no ha sido previo, no ha sido informado”, resumieron las comunidades Guaytamari y Llahue Xumec.
Días atrás, las comunidades huarpes Guaytamari y Llahue Xumec, junto a otras comunidades de pueblos originarios de la Cuenca del Río Mendoza, presentaron públicamente el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) respecto del proyecto “PSJ Cobre Mendocino”. La conclusión fue categórica: "negativo".
En un documento de 18 páginas, advirtieron que el procedimiento no cumplió con los principios básicos: “Debemos resaltar que el procedimiento de consentimiento no ha sido libre, porque el proponente quiso persuadirnos con supuestos beneficios económicos y el concedente nos apuró en todo momento con los tiempos, sin respetar las fechas previamente acordadas”.
La sesión cerró con la intervención de Eduardo Sosa, exfuncionario del Gabinete de Ambiente de Alfredo Cornejo. Sosa denunció una presunta manipulación sistemática del proceso de audiencia pública: firmas apócrifas, planillas duplicadas, ocultamiento de informes técnicos y restricciones logísticas que limitaron la participación ciudadana. Según su exposición, el objetivo habría sido acelerar la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que la empresa accediera a beneficios fiscales del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).