- Fracasó el tratamiento exprés que le pidió Milei a Patricia Bullrich en el Senado.
- Deberá ceder incentivos presupuestarios a los bloques colaboracionistas.
Patricia Bullrich trastabilló en su primera negociación en el Senado.
El ambicioso cronograma que había trazado la Casa Rosada para cerrar el año legislativo con una victoria contundente se desmoronó ayer en el Senado. La reforma laboral, una de las vigas maestras del programa de gobierno de Javier Milei, no verá la luz este año. Primer traspié de Patricia Bullrich.
En un reconocimiento tácito de que no cuenta con el número de votos para imponerse en el recinto, el oficialismo debió aceptar una derrota táctica y postergar el debate hasta el próximo 10 de febrero. La negociación con los bloques colaboracionistas insumirá más incentivos presupuestarios de los que supuso el gobierno tras ganar las elecciones de octubre.
Lo que se presentó públicamente como un gesto de apertura al diálogo es, en la rigurosidad de la aritmética parlamentaria, la confirmación de un fracaso en la estrategia de “shock” legislativo. El Ejecutivo aspiraba a sancionar la norma de manera exprés, incluso barajando la posibilidad de sesionar en la semana posterior a Navidad, pero la realidad política se impuso sobre los deseos del gabinete: sin consenso con la oposición dialoguista y con la calle en tensión, forzar la votación era un salto al vacío.
La encargada de oficializar el paso atrás fue la senadora Patricia Bullrich, quien ocupa un rol central como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Al cierre de un plenario de comisiones cargado de tensión, Bullrich intentó suavizar el revés argumentando la necesidad de “analizar los pedidos de cambios” y abrir una nueva instancia de conversación con los bloques amigables. “Estamos abiertos a la escucha”, declaró la legisladora, en un tono que dista de la urgencia que el Gobierno manifestaba días atrás.
Sin embargo, fuentes inobjetables del Senado confirmaron que la decisión no responde a una súbita vocación dialoguista, sino a la calculadora: el oficialismo no tenía garantizado el éxito de la sesión. Los senadores de la UCR, el PRO y los bloques provinciales, imprescindibles para alcanzar el quórum y la mayoría simple, condicionaron su firma en el dictamen oficialista a cambio de frenar el tratamiento en el recinto. La condición fue clara: firmar para mantener vivo el expediente, pero no votar hasta febrero para evitar un cierre de año caótico.
El repliegue del Gobierno obligó a reordenar drásticamente las prioridades de gestión. Ante la imposibilidad de avanzar en ambos frentes, Patricia Bullrich debió comprometerse ante los aliados a modificar la secuencia legislativa: primero se dará tratamiento al Presupuesto 2026 y recién después, con el nuevo año calendario en marcha, se volverá a la carga por la reforma laboral.
Esta nueva hoja de ruta fue el precio que La Libertad Avanza tuvo que pagar para no perder el apoyo de los sectores dialoguistas. Desde el radicalismo valoraron la postergación como una válvula de escape necesaria ante un escenario que amenazaba con radicalizarse. “Darle más tiempo al tratamiento va a permitir hacer aportes”, señaló un senador aliado que suele acompañar las iniciativas oficiales, dejando entrever que el texto original del Ejecutivo sufrirá modificaciones sustanciales durante el receso de enero.
El freno de mano legislativo no se explica únicamente por las negociaciones de pasillo; el clima social jugó un rol determinante. La intención del Gobierno de avanzar a toda marcha chocó con una fuerte resistencia sindical, cuyo punto más visible fue la movilización masiva convocada recientemente por la CGT. La foto de una plaza colmada y la amenaza de una escalada en la conflictividad social funcionaron como una advertencia para los gobernadores y senadores indecisos, que prefirieron no pagar el costo político de votar una ley sensible en vísperas de las fiestas.
La postergación permite a los sindicatos ganar tiempo para reorganizar su estrategia de cabildeo y presión sobre los legisladores provinciales, complicando aún más el panorama para el oficialismo de cara a febrero.
Este giro en la agenda expone, una vez más, las serias dificultades del Ejecutivo para traducir sus intenciones en leyes. La postergación de la reforma se suma a una serie de contratiempos recientes, como la caída de uno de los capítulos centrales del Presupuesto en la Cámara de Diputados días atrás.
Lejos del plan original de cerrar el 2025 con las reformas estructurales aprobadas, el gobierno de Javier Milei deberá rendir examen nuevamente en 2026. El desafío para febrero será mayúsculo: lograr un proyecto más consensuado en un escenario político que, a la luz de los hechos, se presenta cada vez menos dócil a los mandatos de la Casa Rosada.