En 2026 habrá un aumento de 85% de los intereses de deuda que tomó Cornejo en su primera gobernación. La reducción en la partida de personal.
El Presupuesto 2026 de Cornejo prevé un fuerte aumento en los intereses de la deuda.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl proyecto de Presupuesto 2026 de Mendoza presentado por el gobierno de Alfredo Cornejo anticipa un año de ajuste y una ecuación financiera crítica: mientras se prevé que los ingresos totales crezcan 27.3% respecto a 2025, los gastos totales se dispararán 42.0%, y el pago de deuda consolidada aumentará más del doble que la recaudación. En ese escenario, la provincia deberá recurrir a mecanismos financieros extraordinarios para cubrir un déficit de $648.554 millones.
"La diferencia entre ingresos y egresos totales determina un resultado financiero negativo (déficit) de $648.554 millones. El déficit presupuestario de 2026 más el pago de la deuda consolidada mendocina genera una necesidad de financiamiento equivalente a $1.003.165 millones", indicó el economista y consultor Dante Moreno al respecto. Esta necesidad de financiamiento representa aproximadamente el 18% del total de ingresos proyectados para el año próximo.
La estructura presupuestaria del Gobierno muestra que los ingresos totales alcanzarán $5.644.247 millones, mientras los egresos totales escalarán a $6.292.801 millones. Esta diferencia del 42% en el crecimiento del gasto versus 27% en los ingresos significa que por cada peso que ingresa a las arcas provinciales, se gastará aproximadamente $1.15.
En síntesis, gastos e ingresos:
El economista desglosa este fenómeno: "En el caso de las erogaciones corrientes el incremento es del 37,9% [...] en tanto las erogaciones de capital registran una suba del 73,4%". Particularmente preocupante resulta el crecimiento explosivo de la obra pública, que aumentará 214.1% respecto al presupuesto anterior, mientras otros rubros de capital caen en promedio 55.5%.
Los números revelan que el servicio de la deuda se está convirtiendo en uno de los factores más críticos de las finanzas mendocinas. El rubro "Intereses y gastos de la deuda" dentro de las erogaciones corrientes alcanzará $108.895 millones, representando un incremento del 85.8% respecto a 2025.
El mecanismo de financiamiento elegido por la administración Cornejo confirma esta dependencia del endeudamiento. Según el informe: "Las fuentes de financiamiento que postula la administración provincial asignan al fideicomiso fondos de resarcimiento (es decir, la plata que era para Portezuelo del Viento) una participación del 49,46% ($496.190 millones) y la aplicación del art. 41 [...] que permita realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública [...] por un importe de $354.040 millones equivalente al 35.29%". En síntesis: el 84.75% del financiamiento provendrá de reestructurar deuda existente o acceder a nuevos créditos.
Para entender el impacto concreto de estas cifras, debemos analizar cómo se componen los ingresos y gastos provinciales.
Los ingresos dependen en 52.4% de transferencias nacionales, principalmente coparticipación. Los recursos propios provienen de impuestos como Ingresos Brutos (80.6% de la recaudación tributaria provincial), Automotor (+33.5% vs 2025) e Inmobiliario (+53.7% vs 2025). Esto significa que los mendocinos pagarán significativamente más impuestos el año próximo.
En el gasto, el 45.79% de las erogaciones corrientes se destina a salarios del sector público, mientras las transferencias a municipios representan el 15.6%. Aunque se proyecta una reducción del 4.9% en la planta de personal permanente, el fondo para salarios será 39.5% superior al de 2025, lo que sugiere importantes aumentos nominales.
La planilla de personal oficial fija en 74.070, lo que implica una reducción respecto a los 77.913 cargos permanentes del Presupuesto 2025, mientras que hay 2.842 temporarios, es decir que también se reducen (en el presupuesto anterior había 2.962 temporarios) y más de 435 mil horas cátedra. Pero más allá de la cifra, lo que destaca es la rigidez: el artículo 20 de la ley prohíbe la creación de nuevos cargos que excedan esos límites, y cada vacante solo podrá cubrirse con autorización expresa del gobernador (artículo 28).
Se trata de un endurecimiento respecto al Presupuesto anterior, que ya había impuesto restricciones al aumento de la masa salarial pero con mayor flexibilidad en casos de paritarias y áreas críticas como seguridad, salud o educación. El nuevo proyecto apunta directamente a contener el gasto salarial, principal componente del presupuesto provincial.
El presupuesto muestra un fuerte impulso a la obra pública, con $710.684 millones destinados a "Trabajos Públicos", representando el 81.38% de las erogaciones de capital. Proyectos emblemáticos como el Tren de Cercanías del Este ($164.651 millones) y las Rutas Nacionales 7 y 40 ($76.507 millones) absorberán importantes recursos.
Sin embargo, el informe advierte que solo el 22.56% de esta obra pública se financiará con Rentas Generales, mientras el 77.44% restante provendrá de Fondos Afectados, lo que limita la flexibilidad en el uso de estos recursos.
La ecuación final es preocupante: "El Resultado Financiero es negativo ($648.554 millones) y equivalente al 11,5% de los ingresos totales". Para cubrir este déficit, Mendoza recurrirá principalmente a dos mecanismos: el Fideicomiso Fondos de Resarcimiento (49.46%) y operaciones de crédito público (35.29%).
Esto crea un círculo vicioso: para pagar deuda existente y financiar gasto corriente, se contrae nueva deuda, que a su vez generará mayores obligaciones financieras futuras. El mismo documento lo reconoce al señalar que el monto definido para intereses "podría modificarse ante variaciones positivas del tipo de cambio [...] que obligaría a destinar una mayor cantidad de pesos para la adquisición de los dólares correspondiente".
Los números del Presupuesto 2026 mendocino revelan una estrategia de alto riesgo: expandir el gasto público, particularmente en obra pública, financiado mediante endeudamiento y fondos especiales. El crecimiento del pago de deuda al doble del ritmo de los ingresos, sumado a un gasto total que supera en 50% el crecimiento de la recaudación, configura un escenario donde el ajuste futuro parece inevitable.