La alianza de Cornejo con los libertarios arrastra a la UCR de Mendoza a una estrategia en vaivén y contradictoria. Uno por uno, los últimos votos.
Alfredo Cornejo y Mariana Juri en el Congreso.
La semana política dejó al descubierto las contradicciones que atraviesan a la UCR mendocina a raíz del vínculo de Alfredo Cornejo con el gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas los legisladores que responden al gobernador exhibieron un comportamiento errático que pone en evidencia las tensiones internas de una alianza que se consolida en lo discursivo pero tiene fisuras por el cisma en el Gobierno tras los últimos escándalos de corrupción.
Los diputados que responden a Alfredo Cornejo en el Congreso de la Nación votaron la semana pasada en contra del rechazo al veto del financiamiento del Hospital Garrahan y a favor de la UNCuyo, aunque primero no habían dado quórum. Sus senadores, por otra parte, se abstuvieron en la votación de la ley de reparto de ATN a las provincias, pese al perjuicio claro para Mendoza. Esta semana se dio vuelta ese comportamiento y fueron sus senadores los que votaron a favor del Garrahan y del financiamiento universitario. El comportamiento errático se entiende en el marco de la alianza electoral sellada poco antes de que el contexto se volviera desfavorable para los libertarios. Ahora el círculo rojo le da la espalda a Milei y el caos financiero parece incontenible.
La escena frente al Congreso fue elocuente, con miles de manifestantes en defensa de la universidad pública. En Mendoza, con una Carpa Blanca, símbolo de la resistencia docente en el menemismo, se esperaba el resultado de la votación en el ingreso de la UNCuyo.
El Senado finalmente dio luz verde a dos leyes clave: la insistencia sobre el financiamiento universitario y el rechazo al veto presidencial sobre la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan. Pero más allá de los resultados legislativos, lo que quedó expuesto fue el zigzagueante comportamiento de los legisladores cornejistas en temas sensibles.
Los senadores Mariana Juri y Rodolfo Suarez votaron a favor de ambas leyes, en una postura que contrasta con su abstención días atrás en la votación sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta clave para las provincias. Esa abstención fue interpretada como una señal de alineamiento con el Ejecutivo nacional, en detrimento de los intereses de Mendoza. El volantazo de esta semana parece responder a la enorme presión social por las universidades y al peso institucional que tiene la UNCuyo para los mendocinos.
La incoherencia de lo ocurrido ayer toma otra dimensión al observar el comportamiento de los diputados cornejistas la semana pasada. Lisandro Nieri y Pamela Verasay se ausentaron en la votación por el Garrahan y no dieron quórum para rechazar el veto universitario. Pero al filo de la votación aparecieron y votaron a favor. La secuencia, en menos de cinco minutos, dejó al descubierto una estrategia zigzagueante, marcada por ausencias intermitentes, abstenciones tácticas y cambios de postura según el cálculo político del momento.
La ley de financiamiento universitario aprobada por el Senado establece actualizaciones automáticas de partidas presupuestarias para universidades públicas, hospitales universitarios y programas de ciencia y técnica. También obliga a recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar becas y garantizar la continuidad de los servicios sin afectar la coparticipación federal. En Mendoza, donde la UNCuyo tiene un fuerte arraigo territorial, el impacto de esta ley es directo. Y el costo político de no acompañarla, altísimo.
En tanto, el rechazo al veto sobre la emergencia pediátrica del Garrahan se suma a otros dos vetos derogados por el Congreso en el último mes: la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en Pediatría. En todos los casos, los únicos que cerraron filas con Milei fueron los seis diputados libertarios y la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero. El resto, incluso aliados circunstanciales como Cornejo, comenzaron a marcar distancia.
La ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica en Argentina por un año pone el foco en la crítica situación del sistema de salud, con especial atención en las residencias médicas nacionales. El texto aprobado contempla medidas urgentes para garantizar el funcionamiento pleno del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, reconocido como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad.
También ordena la recomposición salarial inmediata del personal de salud, tanto asistencial como no asistencial, que atiende a la población pediátrica. Incluye a los residentes de todas las especialidades y exige que el aumento no sea inferior al nivel real de ingresos que percibían en noviembre de 2023, reconociendo funciones críticas y buscando equiparación en un contexto de ajuste y deterioro del sistema sanitario.