El Gobierno de Mendoza dio por cerrado el proceso de participación ciudadana sobre el proyecto minero San Jorge: aseguró que más del 67% de las expresiones recibidas se manifestaron a favor de la iniciativa. Con ese dato como respaldo político, el expediente PSJ Cobre Mendocino avanza hacia el tratamiento legislativo, en medio de fuertes cuestionamientos por el impacto ambiental, el uso de explosivos en zona cordillerana, el impacto en el río Mendoza y las cuencas subterráneas y la legitimidad del procedimiento.
La audiencia pública, que se extendió durante diez jornadas consecutivas entre julio y agosto, fue presentada como “histórica” por el Ministerio de Energía y Ambiente. A ella se sumó un período complementario de cinco días hábiles para el envío de correos electrónicos, lo que elevó el total de intervenciones ciudadanas a más de 9.000, siempre según el Gobierno. De ese total, 6.378 se expresaron a favor del proyecto, mientras que 3.056 lo hicieron en contra, informó el oficialismo. Entre estas últimas se contabilizan los 1.592 pronunciamientos notariales reunidos por la Asamblea del Agua y los 856 correos canalizados por organizaciones territoriales.
De la descalificación al cumplimiento legal
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre descalificó públicamente la instancia participativa, calificándola como “hipócrita” e "ilegítima". Sin embargo, ante la presión social y la normativa vigente, el Ejecutivo se vio obligado a cumplir con el procedimiento legal y a incorporar todas las opiniones al expediente administrativo.
Un expediente con informes y tensiones
El expediente, disponible para consulta pública, incluye además informes técnicos elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC). También se suman dictámenes de organismos provinciales y nacionales como la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el EPRE, el IADIZA, el EMETUR, el SEGEMAR, entre otros.
Desde el oficialismo aseguran que se trata de un proceso “riguroso y plural”, que consolida las condiciones para avanzar con la evaluación legislativa. Pero desde las asambleas socioambientales y espacios científicos independientes anticipan un debate caliente por los porcentajes de apoyo exhibidos.
La organización Oikos Red Ambiental exigió una auditoría integral e independiente sobre todo el procedimiento de inscripción, validación y desarrollo de la Audiencia Pública en la estancia Yalguaraz, Uspallata, organizada por el Gobierno de Mendoza y la empresa Minera San Jorge S.A. La solicitud, que incluye el resguardo inmediato de todas las bases de datos bajo acta notarial, apunta a develar los algoritmos y criterios utilizados para asignar los cupos presenciales en una sede de alta montaña, en lo que denuncian como un proceso viciado que violó el derecho a la participación y buscó acallar la voz de la comunidad.
¿Qué implica San Jorge?
El proyecto San Jorge contempla la extracción de oro y cobre mediante voladuras y uso de químicos como el xantato en plena cordillera, en zonas de alta sensibilidad hídrica. Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una minería “sustentable y fiscalizable”, los antecedentes del emprendimiento —rechazado en 2011 por la Legislatura— y el contexto de avance megaminero en la región reactivaron las alarmas sociales.
Camino a la Legislatura, n medio de protestas
Con el expediente ya cerrado y el respaldo del 67% como bandera, el oficialismo prepara el terreno para el tratamiento legislativo. El proyecto podría ingresar en las próximas semanas a comisiones, donde se espera un fuerte debate entre sectores productivistas, ambientalistas y representantes territoriales.
Las protestas contra San Jorge no cesan: la última fue el viernes pasado, que concluyó con la detención de Facundo Gollano, uno de los manifestantes, tras la marcha.
