La norma recibió 56 votos a favor y ninguno en contra. Garantiza pensiones, aranceles actualizados y empleo protegido. Ausentes los senadores mendocinos.
La votación de esta última fue unánime. Sin embargo, los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez estuvieron ausentes.
Con 56 votos afirmativos y ninguno en contra, el Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles 10 de julio el proyecto que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma, largamente reclamada por organizaciones sociales y prestadores, busca proteger los derechos de personas con discapacidad y garantizar los recursos del sistema.
El tratamiento se dio en una sesión especial impulsada por bloques opositores, en un contexto de alta tensión institucional. Mientras el oficialismo cuestionó la validez del debate por no haber dictamen previo, la mayoría parlamentaria avanzó con el tratamiento de tres proyectos clave: aumento de jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y esta ley de discapacidad.
La votación de esta última fue unánime. Sin embargo, los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez estuvieron ausentes.
La norma sancionada introduce reformas importantes y compromisos presupuestarios para garantizar derechos básicos, en cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Algunos de los puntos destacados:
Además, se refuerzan los mecanismos de participación institucional a través del Consejo Federal de Discapacidad, y se introduce una cláusula de diálogo permanente con las organizaciones representativas del sector.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el discurso del senador Luis Juez, que emocionó al recinto con su defensa de la ley y su llamado a actuar “más allá de las banderas políticas” cuando se trata de dignidad y derechos humanos.
La aprobación fue celebrada por organizaciones de personas con discapacidad y prestadores, que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso. Desde el Ejecutivo, en cambio, hubo silencio oficial: el Gobierno había anticipado su oposición a la ley por su impacto fiscal, aunque no logró frenar su tratamiento ni su votación.