San Jorge: potentes alegatos contra los escraches y hostigamientos a los legisladores que votaron a favor
Mientras se multiplican las manifestaciones contra San Jorge y la minería, en la Legislatura hubo una sesión especial por los escraches a legisladores.
PorGabriela Valdés
18 de diciembre de 2025 - 08:40
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La Cámara de Diputados aprobó la segunda parte de la Ley Hojarasca.
Uno de los episodios que se debatió fue el escrache que sufrió el diputado Mauricio Torres en su domicilio de San Carlos, tras lo cual el juez contravencional de ese departamento,Leandro Passerini, inició una causa de oficio.
La resolución aprobada por unanimidad rechazó “todo tipo de acciones de hostigamiento, intimidaciones, escraches y manifestaciones violentas”, instando a organizaciones sociales y actores políticos a canalizar sus reclamos en paz y dentro del marco constitucional. El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, impulsó la iniciativa junto a legisladores de distintos bloques, tras los episodios registrados en San Carlos y General Alvear, donde domicilios de diputados fueron blanco de ataques.
Lombardi reivindicó el rol institucional del debate: “Este recinto está armado para debatir las ideas, defender posiciones y encontrar consensos cuando es posible. Me voy mucho más contento cuando en esta Cámara se obtienen los consensos, y no cuando la idea individual de un sector se impone por una votación”.
El presidente también puso el foco en la dimensión humana de la tarea legislativa: “Todas las personas que estamos acá somos padres, hijos, abuelos; somos personas de bien que hemos tomado una decisión de vida, que es abocarnos a lo público. Tomamos decisiones muy complejas, pero todos votamos y hablamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque soñamos con una Mendoza mejor”.
Y fue enfático al repudiar los ataques a la vida privada: “No puede ser que nuestros hijos tengan que sufrir un escrache, ni que se violente el derecho a la intimidad; somos personas y tenemos derecho a que nuestra vida privada sea respetada”.
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El presidente de la Cámara, Andrés Lombardi.
“El escrachador es peor que un patotero”
Uno de los alegatos más potentes fue el del diputado José Luis Ramón (CyC), quien advirtió sobre la peligrosidad de naturalizar el escrache como práctica política: “El escrachador es algo peor que un patotero. El patotero está en el campo de batalla, el lugar donde las fuerzas lícitamente se enfrentan. El escrachador se esconde detrás de una supuesta visibilización pública política para extorsionar a una persona”.
Ramón recordó episodios de escraches en su contra, protagonizados entre otros por militantes radicales y también por grupos del “pañuelo celeste” durante el debate por la legalización del aborto, que finalmente votó en contra.
Luego reconoció sus diferencias con Cornejo, pero subrayó: “El tipo no mintió nunca. Desde el primer día dijo que quería cobre, vino y agua. Lo votaron igual. ¿Está cometiendo un delito con este proyecto? No. Estamos en contra, pero la batalla es en este sitio”.
Alberto López (UCR) puso el acento en la diferencia entre disenso y violencia: “El escrache no es disenso. El disenso es pacífico, fomenta el debate, garantiza la pluralidad. No hay democracia sin disenso. Sin disenso tendríamos autoritarismo”.
Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) también alertó sobre la normalización del odio en redes sociales: “Lo ocurrido en el domicilio del diputado Torres constituyó un escrache que invadió su privacidad y la de su familia. Este tipo de acciones no pueden justificarse bajo ninguna forma de protesta”.
Gabriela Lizana (FRMLN) vinculó el debate con el concepto de democracia: “Minimizar la gravedad de la violencia es un retroceso. Rechazo de manera clara los escraches intimidatorios, pero también llamo a visibilizar las violencias implícitas, como la estigmatización del disenso”.
Valentina Morán (PJ) defendió la legitimidad de la protesta pacífica, pero marcó límites: “Estoy en contra de los escraches, sobre todo cuando involucra a las familias. La movilización de la sociedad es legítima y hay que respetarla. Los ciudadanos no dan un cheque en blanco a los partidos políticos”.
También remarcó en cuanto a la avanzada del oficialismo blandiendo el respaldo de las urnas: "Han sido avalados democráticamente en las urnas, pero no es tan lineal. El tema de minería va a seguir generando conflicto porque hay personas que han votado al gobernador actual y no están a favor de la minería o no confían en los controles. Los ciudadanos no dan un cheque en blanco a los partidos políticos para que hagan lo que quieran y no apoyan en todo".
Emanuel Fugazzotto (PV) reivindicó el carácter pacífico del ambientalismo y advirtió sobre las violencias simbólicas: “El ambientalismo da batalla contra un sistema que está instalado, hay una cuestión de geopolítica mundial. La violencia no solamente es física, también es simbólica y verbal. El disenso es válido, y cuando al disenso se le dice que no, que es vago, que es hambrientalista se lo termina llevando al ámbito de la violencia. No podemos permitir que el disenso se degrade en prácticas de odio”.
También dijo que el mensaje del no a la violencia "es para todos: entran los legisladores que se animaron a decir que los que se manifiestan contra la minería eran vagos, entran los periodistas que se encargaron de decir que los ambientalistas son todos mentirosos e ignorantes".
Un mensaje institucional
Enrique Thomas (PRO Libertad) calificó la sesión como histórica: “Estamos ante una escalada de violencia que ha perdido referencias éticas. El mensaje institucional de esta resolución es claro: no vamos a tolerar intimidaciones ni ataques a la vida privada de los legisladores”.
Germán Gómez (PJ) reforzó esa idea: “Defender las instituciones es defender la democracia”, apuntó.
La sesión dejó un mensaje contundente: la violencia no puede ser aceptada ni naturalizada como forma de acción política. Los diputados coincidieron en que el escrache y el hostigamiento trascienden el legítimo derecho a la protesta y constituyen un avasallamiento de derechos fundamentales. El recinto se erigió como el único campo de batalla legítimo, y la resolución aprobada busca preservar la paz social y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
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