El juez Sebastián Sarmiento tuvo dos cambios en la defensa oficial. Finalmente respondió él mismo, por escrito, ante el jury.
El Jury de Enjuiciamiento ya tiene la respuesta del juez Sebastián Sarmiento
El Jury de Enjuiciamiento al juez Sebastián Sarmiento aun no empieza formalmente pero ya acumula una gran cantidad de hojas: notificaciones, pedidos, cambios en la defensa. Se suma ahora, el descargo del magistrado: 172 páginas que no ven la luz públicamente. La acusación es por "mal desempeño" en relación a cinco casos.
El contenido del escrito es un misterio porque aun no se ha notificado a los 21 miembros del órgano. No obstante, lo que no es un misterio es el enojo que ha despertado la dilación del proceso por los cuestionamientos de Sarmiento: el 31 de julio se decidió correrle traslado de la denuncia para que respondiera. La acusación lleva la firma del diputado radical Franco Ambrosini y de la hija de una víctima, Melisa Pelayes.
Todo había empezado mal cuando el magistrado del Juez del Juzgado Penal Colegiado N° 1, que gana muy por encima de la línea de pobreza, pidió a un defensor oficial para esta instancia, amparándose en la ley.
Cuestionó al primero, Jorge Martín Luque, porque era del sur provincial (Segunda Circunscripción). Se inhibió la segunda defensora penal, Cecilia Pedrazzoli, de la 19° Defensoría de la Primera Circunscripción Judicial. El caso le cayó a Silvina González Gonella, a cargo de la 13° Defensoría de la Primera Circunscripción Judicial (fuero penal).
"Encima que pide defensor oficial, cuando le sobra para pagarse un abogado particular, quiere un defensor a la carta", bramaban en el Palacio de Justicia y algunos oficialistas por las redes sociales. Más escaló la furia cuando supieron que fue el propio Sarmiento quien respondió el escrito.
No sólo eso, sino que al filo del cierre de los plazos, introdujo otro escrito luego de haber tomado conocimiento y analizar una de las pruebas. Los que han visto el contenido, aseguran que el nivel de detalle responde a las dilaciones: "Ganó tiempo con todo esto".
"Se acercó Melisa Pelayes pero investigando descubrimos que hay otros casos que hemos fundamentado en la presentación de este pedido de Jury de Enjuiciamiento. Voy a nombrar tres para hacer mérito a la brevedad", indicó el legislador radical y describió los casos de Héctor Pelayes, de los hermanos Martínez Oviedo (San Rafael) y también el de Pardo Olguín quien abusó de una nena de 12 años. Hay que agregar el de Héctor Quiroga, también asesinado.
Para Ambrosini, el cuadro de situación es claro: "Sin estas decisiones, Pelaya y Quiroga estarían con vida y la nena de 12 años no tendría arruinada la vida por las reiteradas ocasiones de sus violaciones con acceso carnal. Nosotros necesitamos jueces que estén comprometidos, como lo decía anteriormente, que estén comprometidos con la ley, que respeten las instituciones, pero por solo todas las cosas, que nos cuiden".
"Esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad. Entonces saltaron a la luz otros casos, se contactaron con nosotros, que obviamente no tuvieron la oportunidad o por ahí no se animaron a hablar", contó Melisa Pelayes sobre el proceso de armado de los argumentos para pedir la sanción de Sarmiento que arriesga la destitución.
El diputado Franco Ambrosini da detalles del pedido de jury al juez Sebastián Sarmiento, acompañado por los hijos de Héctor Pelayes.
Un párrafo aparte es el del retiro de los celulares a las personas privadas de la libertad. Las tensiones entre el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario provincial y el juez Sarmiento insumieron algunos meses. Todo escaló cuando Sarmiento ordenó suspender el retiro de los celulares de las cárceles de la provincia de Mendoza.
El Poder Ejecutivo presionó mediáticamente y el magistrado dio un paso al costado. El juez Juan Manuel Pina decidió aceptar la apelación del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien en representación del Gobierno de Mendoza se había opuesto a la decisión de Sarmiento.
"Él tomó decisiones que son propias del Ejecutivo, que en el caso de esto es el Servicio Penitenciario, y también medidas que también son del Poder Legislativo. Avasalla todos los poderes. Le da órdenes al Servicio Penitenciario de las inversiones que tiene que realizar para todos los presos en tecnología y demás", indicó Ambrosini.
El escrito no circula y la respuesta de Sarmiento a ElEditor fueron dos tildes azules. A través de consultas, se supo que el magistrado penal centró su defensa en que las decisiones que tomó, están argumentadas y que se tomaron en virtud de la normativa vigente.
Para el magistrado, se pretende confundir "el control disciplinario" con la revisión del contenido de las sentencias, vulnerando a la independencia judicial. Por eso, sostiene que se está utilizando al jury como una "herramienta de censura institucional o disciplinamiento simbólico".
"Dice, puntualmente, que si se aceptan acusaciones como esta, se subordinan la función judicial al clima político o mediático, con consecuencias irreparables para el Estado de Derecho", contó alguien que vio el escrito. Y hasta bromeó con la redacción: "Cuando lo leas, vas a entender todo y encima con un lenguaje exquisito".
Sarmiento es parte del fuero penal judicial que funciona en el Polo Judicial.
El eje central de la defensa se basa en cinco puntos, uno de ellos, el que considera más relevante en términos institucionales, asegura que "ningún magistrado puede ser removido ni sancionado por el contenido de sus decisiones judiciales". Otro, de los aspectos que remarca el magistrado, apunta a la utilización de "documentación secreta". P ara el juez, hay información que no pudo haber sido obtenida de manera legítima dado que hay secreto legal sobre los expedientes penales.
"O el denunciante accedió irregularmente a documentación secreta, incurriendo en violación de secretos y abuso de autoridad, o bien formuló una denuncia sin conocimiento efectivo de los informes y audiencias, actuando con temeraria ligereza. En ambos casos, la denuncia carece de legitimidad y de sustento jurídico", ha expresado en el escrito. Y avisa que que estos actos, con pruebas ilícitas, son nulos.
Hay un relato muy detallado de cada uno de los casos y por qué Sarmiento considera que ninguna de las acusaciones que recaen sobre él, ameritan una sanción. Puntualmente en el caso Pelayes, el policía retirado que murió a tiros en un enfrentamiento con una persona que gozaba libertad condicional, Sarmiento apunta a Ambrosini al decir que actuó con irresponsabilidad y que accedió de manera irregular a documentación. Los detalles se sabrán cuando circule el escrito.
Un dato no menor en la defensa de Sarmiento tiene que ver con el rol del Ministerio Público Fiscal. El magistrado ha dejado claro que en todas las decisiones cuestionadas, no hubo recursos interpuestos ni observaciones por parte del órgano que comanda Alejandro Gullé.
El juez, que bien sabe que con el Procurador General están parados en bibliotecas distintas de la doctrina jurídica, deja claro que el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales, son quienes garantizan la legalidad y tienen oportunidades para interponer recursos o hacer observaciones. Así, el silencio es interpretado como una convalidación. Entiende el juez que no puede ser sancionado si el propio órgano de control legal no impugnó.
El Jury de Enjuiciamiento deberá analizar el escrito y volver a definir si se avanza con el proceso, en todos los casos o en algunos, o bien si la denuncia se archiva. Hay otros casos más a debatir como el de una defensora oficial que es denunciada por su jefa, Cecilia Saint-André.