Tras una semana con la agenda marcada por el desastre ambiental en Lavalle, el Gobierno de Mendoza retomó su plan de propaganda sobre controles mineros con un operativo conjunto que incluyó a la Policía Ambiental Minera, Gendarmería Nacional, Policía Vial, Policía Rural y la CNRT. El despliegue, realizado sobre la Ruta Nacional 7, derivó en 20 actas de infracción por el traslado indebido de minerales. Pero el contraste con la situación en Lavalle deja al descubierto una grieta entre el discurso oficial y la realidad ambiental.
Mientras en Luján de Cuyo se fiscalizan lonas protectoras y guías de transporte, en Lavalle miles de hectáreas productivas son afectadas por el vertido de líquidos cloacales crudos al canal Pescara, autorizado por el Departamento General de Irrigación (DGI) a pedido de AYSAM.
Tiempo atrás, el propio director de minería, Jerónimo Shantal, blanqueó el mecanismo por el cual Alfredo Cornejo planea vencer la resistencia social a la minería. El funcionario dijo que la promoción permanente que hace el Gobierno de los controles es clave. Este es uno de los puntos de mayor desconfianza por parte de la ciudadanía.
Shantal los calificó como una herramienta para fortalecer la licencia social: “Hemos reforzado la Policía Ambiental Minera y creado la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que permite que la comunidad participe directamente del control. Incluso hay escuelas integradas a la UGA. Esto genera confianza y hace que Mendoza sea la única provincia del país con este modelo participativo”.
Propaganda oficial de controles
El operativo minero fue presentado como parte de una estrategia de “fortalecimiento del control y la trazabilidad” en línea con el nuevo Código de Procedimiento Minero. “Detectamos fallas en medidas de seguridad, como la falta de lonas protectoras, y aprovechamos para informarles a los transportistas sobre las nuevas disposiciones”, señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera. La obligatoriedad de la Guía de Transporte de Minerales fue uno de los puntos destacados, como garantía de legalidad y sostenibilidad.
Sin embargo, el contexto político y ambiental en el que se inscribe este operativo no pasa desapercibido. La audiencia pública por el proyecto San Jorge reactivó el debate sobre la minería metalífera en Mendoza, y la laxitud en los controles fue uno de los puntos que se repitió en los oradores. Sin embargo, el contexto político y ambiental en el que se inscribe este operativo no pasa desapercibido. La audiencia pública por el proyecto San Jorge reactivó el debate sobre la minería metalífera en Mendoza, y la laxitud en los controles fue uno de los puntos que se repitió en los oradores.
En paralelo, Lavalle se convirtió en símbolo de la falta de controles efectivos. El contraste entre el despliegue de móviles y dispositivos tecnológicos en Luján y la ausencia de respuestas concretas en Lavalle alimenta la percepción de que el control ambiental en Mendoza es más reactivo que preventivo, y más publicitario que estructural.
