Un jubilado mendocino decidió llevar a los tribunales al Estado argentino y al laboratorio AstraZeneca, a quienes reclama más de 152 millones de pesos tras sufrir una trombosis venosa profunda (TVP) que atribuye a la vacuna contra el COVID-19.
Un jubilado mendocino reclama más de $152 millones por una trombosis que atribuye a la vacuna de AstraZeneca y cuestiona la ley que protege a los laboratorios.
Un jubilado mendocino decidió llevar a los tribunales al Estado argentino y al laboratorio AstraZeneca, a quienes reclama más de 152 millones de pesos tras sufrir una trombosis venosa profunda (TVP) que atribuye a la vacuna contra el COVID-19.
La presentación judicial no solo busca una reparación económica, sino que también cuestiona la validez de la Ley 27.573, aprobada durante la gestión de Alberto Fernández, que blindó a las farmacéuticas de responsabilidades civiles.
La normativa, sancionada en octubre de 2020 en pleno contexto de emergencia sanitaria, permitió al Gobierno cerrar contratos confidenciales con laboratorios internacionales.
Dentro de esos acuerdos se incluyeron cláusulas que impiden demandas directas por efectos adversos. En su lugar, los damnificados deben recurrir al Fondo de Reparación COVID-19, un sistema administrativo que otorga compensaciones limitadas y solo en casos graves, previa comprobación científica.
El jubilado, que pudo costear estudios médicos y asesoría legal, reclama una indemnización por daño físico y moral, gastos médicos, incapacidad permanente, pérdida de oportunidades laborales y recreativas, además de un resarcimiento por daño punitivo como sanción ejemplar contra AstraZeneca.
En su presentación, asegura que las secuelas le impiden realizar actividades básicas como trabajar en su campo, practicar deportes o viajar. A diferencia de otros afectados, logró financiar los peritajes que exige la normativa, donde toda la carga de la prueba recae sobre la víctima.