Con críticas al rol por omisión de Alfredo Cornejo, el Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja pactó con YPF un "stand by" para los despidos en las empresas petroleras que se quedaron con los pozos que operaba la compañía de bandera en Mendoza y que abandonó para focalizarse en Vaca Muerta.
Como parte del llamado Plan Andes, YPF se desprendió de áreas maduras en Mendoza y el Gobierno las entregó en concesión a operadoras más chicas, rebajando impuestos y ablandando los requisitos en las licitaciones. El plan tuvo para Mendoza un enorme costo ambiental -la millonaria remediación de los pasivos quedó en un limbo- y social, porque los empleos quedaron a la buena de Dios.
El abandono de YPF de pozos en Mendoza para concentrarse en Vaca Muerta no sólo causó una pérdida de regalías equivalente a medio Portezuelo del Viento. Tras el cierre del llamado "Plan Andes" hay conflicto por despidos de los trabajadores pues la petrolera comenzó a dar de baja a contratos de empleados que se desempeñaban en los pozos, sobre todo en Malargüe.
Tres gremios advirtieron sobre esta situación a Cornejo: el de los Petroleros Privados, Camioneros y Petroleros jerárquicos. Este último sindicato es el que llegó al acuerdo con YPF para un "stand by" de despidos.
Freno a los despidos
El sindicato que lidera Julián Matamala acordó con YPF "la continuidad de todos los servicios existentes y la garantía de establecer un 'stand by laboral', que prohíbe cualquier tipo de despido o interrupción salarial durante toda la etapa de transición, asegurando que cada familia petrolera jerárquica perciba el 100% de su salario".
Matamala, por otra parte, cuestionó a Cornejo: “El Gobierno provincial no ha tenido ni tiene participación alguna en la defensa de los intereses de los trabajadores petroleros”. Matamala, por otra parte, cuestionó a Cornejo: “El Gobierno provincial no ha tenido ni tiene participación alguna en la defensa de los intereses de los trabajadores petroleros”.
Y siguió: “Su ausencia y falta de compromiso histórico con el sector ha sido evidente, no sólo en este proceso, sino en cada situación crítica que ha atravesado la industria. Ante esta notoria desidia oficial, este Sindicato ha actuado con firmeza y responsabilidad que la situación exigía, obteniendo resultados tangibles sin la necesidad de operadores políticos ni falsas gestiones".
Y completó: “Lo que conseguimos fue producto exclusivamente de nuestro trabajo sindical serio, por el profundo conocimiento del sector y el respaldo incondicional de nuestros representados. Seguiremos firmes en nuestra tarea irrenunciable de defender el empleo, los derechos y la dignidad de cada familia del sector petrolero”.
Plan Andes y fuga a Vaca Muerta
Plan Andes es el nombre con el que YPF bautizó el abandono de pozos maduros en todo el país para focalizarse en lo que la administración de Marín, un hombre de Paolo Rocca en el Ejecutivo, considera más rentable: Vaca Muerta. En Mendoza los pozos de los que se desprendió la petrolera de bandera están ubicados en tres bloques de áreas: Mendoza Norte, Llancanello y Mendoza Sur.
El abandono de pozos maduros por parte de YPF bajo la denominación de "Plan Andes" se hizo dejando atrás un gran costo económico, social y ambiental. Económico: Mendoza dejó de percibir durante años el equivalente en regalías a medio Portezuelo del Viento. Social porque la partida de YPF significó la caída de cientos de contratos de trabajo. Y ambiental porque Mendoza no recibió ni un solo peso para la remediación y cierre de esos pozos.
Santa Cruz, por ejemplo, recibió 335 millones de dólares por la remediación de los pasivos. En Chubut YPF vendió la concesión de las áreas a PECOM, con el costo de la reparación ambiental incluido en el precio de la operación, y las que se quedó la provincia están "en evaluación de costo" a pagar por la petrolera.
Neuquén selló los decretos 372 y 380/2025 que permiten a YPF desprenderse de áreas con más de 1.200 pozos, un millar de kilómetros de ductos y pasivos sin remediar. Bentia Energy e Ingeniería Sima asumen la operación, pero la cobertura ambiental alcanza apenas cuatro años. La cesión implica que las firmas pagarán US $1,17 millones por la remediación de mil pozos de dos áreas y US$ 450.000 por otras cuatro áreas.