- Los miembros del Jury de Enjuiciamiento se reúnen el próximo jueves
- El juez Sarmiento podría zafar y resta saber qué ocurre con una defensora oficial
El juez Sebastián Sarmiento conocerá, la semana qué viene, qué pasará con la denuncia en su contra.
El juez penal Sebastián Sarmiento está a una semana de conocer su futuro ante el Jury de Enjuciamiento. El próximo jueves, a las 9, se reunirán los 21 miembros para tratar no sólo su descargo, sino también la denuncia que hizo la Defensora General, Cecilia Saint André contra una defensora que está bajo su órbita.
El nombre de Sarmiento está en los expedientes del Jury de Enjuiciamiento desde junio, cuando llegó la denuncia contra el juez, firmada por el diputado radical Franco Ambrosini, y la hija de una víctima de inseguridad. Se votó corresle traslado de la denuncia Los distintos cambios en la defensa dilataron la presentación de un descargo que se mezcló con la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Los adornos navideños empiezan a decorar negocios, calles y casas. Falta menos de un mes para Navidad y al juez penal Sebastián Sarmiento podría llegarle el regalo por adelantado. Hay fuertes versiones que aseguran una votación favorable al archivo de la denuncia, luego de que el máximo tribunal negociara los votos para que Dalmiro Garay fuera reelecto.
El magistrado ya se expresó sobre los cinco casos que resolvió y que engrosaron el escrito que firmó el legislador sanrafaelino y Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes, quien fue asesinado en su casa por un sujeto que accedió a beneficios penitenciarios por decisión de Sarmiento.
Mientras se demoraba la presentación del escrito, Sebastián Sarmiento seguía adelante con el concurso para convertirse en juez de ejecución penal en Zapala, Neuquén. La semana pasada tuvo la entrevista personal, una instancia clave en el proceso de selección.
Sarmiento ganó tiempo porque de avanzar el jury en su contra, quedaba manchado el concurso. También seguía de cerca qué pasaba con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, votación que tuvo en cuenta varios elementos porque no había acuerdo previo. El resultado fue 5 a 2 favorable a Dalmiro Garay y contó con dos votos de ministros filo peronistas: Julio Gómez y Omar Palermo.
El Jury de Enjuiciamiento, que preside justamente el titular de la Corte, no iba a reunirse antes de que se definiera si Garay seguía o no al frente del máximo tribunal. Entre los factores que pesaron en la negociación, según contó este medio, se incluyó el caso de Sarmiento y las versiones aseguran que hubo gestos para obtener esas voluntades y que, uno de los restantes puntos es archivar la denuncia.
Le Defensora General, Cecilia Saint-André se hartó de la conducta de una defensora oficial de San Rafael y pidió el jury de enjuiciamiento. En un escrito de 58 páginas, relata 136 inasistencias injustificadas, el hecho de no haber retornado a sus funciones pese a diagnósticos contrarios y las quejas de sus defendidos.
Este cóctel de motivos impulsó la denuncia contra Romina Crisafulli, Titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos del departamento de San Rafael. El Jury, que espera por el descargo del juez Sebastián Sarmiento luego de idas y vueltas con el pedido de defensor oficial, deberá tratar la acusación de la jefe de los defensores oficiales.
De acuerdo al escrito ingresado, Cecilia Saint-André acusa a Crisafulli por una serie de hechos que se ajustan al desorden de conducta y al mal desempeño de sus funciones, dos de los causales previstos en la ley del Jury de Enjuiciamiento sobre los motivos por los que puede ser acusado un magistrado. Después amplió la denuncia con más observaciones y nuevos certificados.
El senador provincial Félix González (PJ ala kirchnerismo) presentó como había anunciado una denuncia ante la Justicia para impulsar un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, por la presunta comisión de “mal desempeño de funciones” por haber autorizado la perforación de pozos en una zona previamente vedada por el mismo organismo.
La presentación del PJ se apoya en la Resolución N.º 1108, firmada por Marinelli el 5 de agosto de 2024, estableció “una restricción de dos (2) años para nuevas perforaciones de pozos de agua en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, específicamente en la zona de Agrelo”. Esta medida se fundamentaba en la necesidad de “preservar el recurso hídrico” en un área considerada crítica en términos de disponibilidad.
Sin embargo, argumentó el legislador, apenas unos meses después el mismo funcionario dictó la Resolución N.º 125, que “autorizó la perforación y uso de al menos nueve (9) pozos de agua en la mencionada zona de Agrelo, contraviniendo la normativa propia y los principios de gestión sostenible del recurso hídrico”.
En la denuncia también se cuestiona la falta de respaldo técnico en las autorizaciones, ya que “las habilitaciones fueron concedidas sin la existencia de avales técnicos que garanticen la no afectación del acuífero”.
Entre los beneficiarios de los permisos destacan nombres vinculados al poder económico local y nacional. La lista incluye a Cresud SAFIC A, empresa controlada por el Grupo IRSA del empresario Eduardo Elsztain (empresario del círculo rojo de Javier Milei, dueño del hotel en donde se alojó el libertario tras el balotaje), y también a Chimpay La Rioja S.A., al bodeguero Walter Bressia a través de Grappolo S.A., y al empresario Pedro García Mateo.
Según indicaron fuentes judiciales, se está tramitando una prueba que es un expediente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y estiman que esa documentación llegue la semana que viene. Luego, habrá que fijar fecha para que el Jury lo trate, difícilmente sea este año, por lo que seguramente quedará para el 2026.