- El Jury de Enjuiciamiento se reúne antes de Navidad para definir si avanza la causa o no, la causa contra el juez
- Tendría los votos para zafar
Los siete ministros de la Suprema Corte no acuerdan, desde hace meses, la presidencia en el Consejo de la Magistratura.
Poder JudicialEl nombre de Sebastián Sarmiento está en los expedientes del Jury de Enjuiciamiento desde junio, cuando llegó la denuncia contra el juez, firmada por el diputado radical Franco Ambrosini, y la hija de una víctima de inseguridad. Cambios en la defensa dilataron la presentación de un descargo y la elección en la Suprema Corte allanó el camino.
Los adornos navideños empiezan a decorar negocios, calles y casas. Falta menos de un mes para Navidad y al juez penal Sebastián Sarmiento podría llegarle el regalo por adelantado. Hay fuertes versiones que aseguran una votación favorable al archivo de la denuncia, luego de que el máximo tribunal negociara los votos para que Dalmiro Garay fuera reelecto.
Diciembre encierra varias definiciones políticas: no sólo listas, alianzas y proyectos mineros, sino causas de alto voltaje como la del magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°2 que está en la parrilla mediática desde junio cuando formalmente se pidió el jury de enjuiciamiento por mal desempeño. Ya circula una fecha probable de reunión.
Cinco casos que resolvió engrosaron el escrito que firmó el legislador sanrafaelino y Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes, quien fue asesinado en su casa por un sujeto que accedió a beneficios penitenciarios por decisión de Sarmiento.
Al desembarcar la denuncia en el mostrador del edificio del Poder Judicial ubicado por calle San Martín, se sabía que tenía aval del Poder Ejecutivo porque Sarmiento está parado en la vereda de enfrente al Gobierno provincial. El retiro de los celulares de las cárceles había tensionado la relación.
El jury decidió, por 16 a 5, que se le corriera traslado de los hechos por los que se lo denunciaba. Son 21 miembros los que conforman el órgano: los 7 ministros de la Corte, e igual cantidad de diputados que de senadores según mayorías y minorías. Es decir, el oficialismo tiene mayoría y dejó claro el mensaje, allá por fines de julio.
El magistrado tendría tiempo para redactar un descargo y ahí empezaron los primeros chispazos porque Sarmiento pidió a un defensor oficial, siendo que gana muy por encima de la línea de pobreza y ese servicio, tiene como principal población a quienes no pueden afrontar costos de litigantes.
No obstante, cuestionó la designación al primero, Jorge Martín Luque, porque era del sur provincial (Segunda Circunscripción). Se inhibió la segunda defensora penal, Cecilia Pedrazzoli, de la 19° Defensoría de la Primera Circunscripción Judicial. El caso le cayó a Silvina González Gonella, a cargo de la 13° Defensoría de la Primera Circunscripción Judicial (fuero penal).
Finalmente terminó respondiendo de su puño y letra, mientras concursa un cargo penal en Neuquén. El escrito tiene más de 170 páginas. "Cuando lo leas, vas a entender todo y encima con un lenguaje exquisito", le había dicho una fuente que leyó el texto, a ElEditor. No faltó a la verdad.
Para el magistrado, se pretende confundir "el control disciplinario" con la revisión del contenido de las sentencias, vulnerando a la independencia judicial. Por eso, sostiene que se está utilizando al jury como una "herramienta de censura institucional o disciplinamiento simbólico".
El eje central de la defensa se basa en cinco puntos, uno de ellos, el que considera más relevante en términos institucionales, asegura que "ningún magistrado puede ser removido ni sancionado por el contenido de sus decisiones judiciales". Otro, de los aspectos que remarca el magistrado, apunta a la utilización de "documentación secreta". Para el juez, hay información que no pudo haber sido obtenida de manera legítima dado que hay secreto legal sobre los expedientes penales.
"O el denunciante accedió irregularmente a documentación secreta, incurriendo en violación de secretos y abuso de autoridad, o bien formuló una denuncia sin conocimiento efectivo de los informes y audiencias, actuando con temeraria ligereza. En ambos casos, la denuncia carece de legitimidad y de sustento jurídico", ha expresado en el escrito. Y avisa que que estos actos, con pruebas ilícitas, son nulos.
Hay un relato muy detallado de cada uno de los casos y por qué Sarmiento considera que ninguna de las acusaciones que recaen sobre él, ameritan una sanción. Puntualmente en el caso Pelayes, el policía retirado que murió a tiros en un enfrentamiento con una persona que gozaba libertad condicional, Sarmiento apunta a Ambrosini al decir que actuó con irresponsabilidad y que accedió de manera irregular a documentación.
Mientras se demoraba la presentación del escrito, Sebastián Sarmiento seguía adelante con el concurso para convertirse en juez de ejecución penal en Zapala, Neuquén. La semana pasada tuvo la entrevista personal, una instancia clave en el proceso de selección.
Sarmiento ganó tiempo porque de avanzar el jury en su contra, quedaba manchado el concurso. También seguía de cerca qué pasaba con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, votación que tuvo en cuenta varios elementos porque no había acuerdo previo. El resultado fue 5 a 2 favorable a Dalmiro Garay y contó con dos votos de ministros filo peronistas: Julio Gómez y Omar Palermo.
El Jury de Enjuiciamiento, que preside justamente el titular de la Corte, no iba a reunirse antes de que se definiera si Garay seguía o no al frente del máximo tribunal. Entre los factores que pesaron en la negociación, según contó este medio, se incluyó el caso de Sarmiento y las versiones aseguran que hubo gestos para obtener esas voluntades y que, uno de los restantes puntos es archivar la denuncia.
Esos 21 miembros se reunirían el 15 de diciembre y la votación llevará la denuncia al archivo. Sarmiento seguirá su carrera hacia el despacho judicial en Neuquén y el Gobierno no le hará ninguna zancadilla. Si queda en el cargo, ganaron todos. Por lo pronto, el juez festejaría antes de Navidad.