Se vota San Jorge en la Legislatura: la apuesta de Cornejo para destrabar definitivamente la megaminería
La semana que viene se decide el futuro de San Jorge, rechazado hace 14 años en la Legislatura. El oficialismo confía aprobarlo con mayoría propia y oposición.
PorGabriela Valdés
22 de noviembre de 2025 - 13:00
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Alfredo Cornejo se propuso la entrada de la minería a gran escala en Mendoza con una estrategia política y legal.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
La Legislatura mendocina se prepara para un debate que promete ser histórico la próxima semana. El martes 25 de noviembre, en el último plenario de comisiones, se tratará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. El oficialismo buscará despacho de dictamen para llevar el proyecto el miércoles 26 al recinto de Diputados para su votación. Catorce años después del primer intento de llevar al recinto el proyecto, que regresa al escenario legislativo en un contexto político y social muy distinto.
El proyecto San Jorge, que propone la extracción de oro y cobre a gran escala en el valle de Uspallata, fue sepultado en 2011 por la resistencia social y el rechazo legislativo. Hoy, el oficialismo interpreta los resultados electorales como una señal de respaldo, tal cual las palabras de Alfredo Cornejo tras el batacazo en las urnas.
El Gobierno da por descontada la aprobación de la DIA por la mayoría en ambas cámaras.Cornejo fue uno de los dirigentes que en 2011 boicoteó la iniciativa durante la gestión de Francisco Pérez. Ahora, convertido en gobernador, apuesta a que la megaminería se convierta en motor de desarrollo económico.
Cornejo esperó el triunfo del 26 de octubre —53,63% de los votos para la alianza LLA-UCR— para remitir la DIA a la Legislatura. “Tengo fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y con capacidad de competir en el mundo”, aseguró en la feria Argentina Mining Cuyo 2025, acompañado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. El director de Minería, Jerónimo Shantal, reforzó la interpretación oficial: “Más del 80% de los votantes apoyó partidos que están a favor de la actividad minera, lo que marca un cambio de clima político y social en la provincia”.
Para destrabar San Jorge, Cornejo envió la DIA junto a un paquete de leyes que busca abrirle paso al proyecto: la Ley de Regalías Mineras y la creación del Fondo de Compensación Ambiental, son parte de ese combo. Este último propone un fondo administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente para intervenir en casos de daño ambiental colectivo. La estrategia oficialista fue clara: multiplicar el debate legislativo y ofrecer herramientas que den un marco institucional al avance de la minería metalífera.
Prácticamente en soledad, el diputado José Luis Ramón impulsa un dictamen en contra del oficialismo. El legislador fue quien recibió en la Comisión de Derechos y Garantías a vecinos, asambleístas y organizaciones sociales que resisten el proyecto, muchos de los cuales fueron judicializados tras protestas contra la minera.
De la UNCuyo al Conicet, dictámenes técnicos lapidarios
La DIA impone exigencias técnicas, ambientales y sociales que, aunque ambiciosas en los papeles, no logran disipar las dudas sobre los impactos reales en una región de alto valor ecológico, cultural y turístico.
El propio CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, celebró el envío del proyecto y aseguró que las exigencias “no afectan negativamente” a la empresa.
En los últimos meses se conocieron dictámenes técnicos lapidarios contra el proyecto: la UNCuyo advirtió sobre el drenaje ácido de roca; la Facultad de Ciencias Médicas desaconsejó el uso de los químicos nocivos que la empresa informó que va a usar; la Dirección de Hidráulica cuestionó la captación de agua del arroyo El Tigre y señaló discrepancias en el tamaño del dique de colas; OIKOS Ambiental anticipó una reducción del 45% del caudal; y el Conicet denunció graves deficiencias metodológicas en el Estudio de Impacto Ambiental. El geólogo José María Cortés desmontó el marco del estudio, señalando afectaciones invisibilizadas a los cursos de agua que alimentan a Uspallata y potencialmente a todo el Gran Mendoza aguas abajo.
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En el sprint final de la discusión por San Jorge, se abrió una nueva discusión que encendió las alarmas de los ambientalistas: el Gobierno Nacional impulsa una modificación de la Ley de Glaciares para habilitar la minería en zonas de perigraciares. Milei dijo que la idea se la dio el propio Cornejo. la ministra Jimena Latorre negó que el gobernador haya propuesto al presidente esas modificaciones, como dijo el libertario. No obstante, admitió que la Provincia planificó un "protocolo" o "guía de acción" para trabajar con los ambientes periglaciares en caso de que coexistan en territorios donde hay proyectos mineros.
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Ese documento, al que ElEditor Mendoza accedió, es la "Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: Estudios de Glaciares y Ambiente Periglacial en Proyectos Mineros", un manual de 10 páginas que establece el camino a seguir para caracterizar y, eventualmente, operar, en zonas con presencia de esas reservas hídricas.
Ese manual tendrá fuerza de ley una vez que la Legislatura apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos que forman las DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental 2, otro de los proyectos que impulsa el oficialismo. La moneda está en el aire y la semana que viene será definitoria.
El acuerdo difundido por la Casa Blanca reconoce explícitamente la necesidad de aumentar la oferta de minerales críticos para sostener la transición energética y los sistemas de almacenamiento eléctrico. El entendimiento se apoya de manera directa en el Memorándum de Entendimiento sobre minerales críticos firmado en agosto de 2024 entre el Departamento de Estado y la Cancillería argentina.
La política minera parece redefinirse en función de intereses externos. Aquí la presión por flexibilizar la Ley de Glaciares aparece como condición implícita para consolidar el rol de Argentina en la relación con Estados Unidos. La discusión en Mendoza se inscribe, por tanto, en un tablero geopolítico donde las decisiones locales no pueden escindirse de una batalla geopolítica por los minerales y otros recursos estratégicos.
San Jorge como símbolo de la disputa
El proyecto San Jorge, que vuelve a la Legislatura mendocina tras el contundente rechazo del 2014, se convierte en símbolo de esta disputa mayor. La defensa de Latorre se inscribe en un clima donde el gobierno nacional celebra la integración con la economía norteamericana y promete un millón de empleos como contracara de la flexibilización ambiental.
San Jorge es apenas la punta del iceberg de un dilema mayor que pone en foco el desarrollo subordinado a acuerdos internacionales. La decisión que se tome marcará el rumbo político, económico y social de Mendoza.