El proyecto que se debate en el Senado pretende que las asignaciones familiares se paguen hasta los 21 años en Mendoza si los jóvenes siguen estudiando
Asignaciones familiares en Mendoza: el Senado debate ampliarlas a jóvenes de hasta 21 años que estudien
El beneficio alcanzaría a hijos e hijas de empleados estatales que estudien y no puedan mantenerse por sus propios medios. También contempla a quienes trabajan en relación de dependencia. El Senado provincial de Mendoza dio un paso clave hacia la ampliación del régimen de asignaciones familiares para trabajadores estatales.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto dio despacho favorable a un proyecto que busca modificar el artículo 8 de la Ley N° 7377, incorporando beneficios para jóvenes de entre 18 y 21 años que se encuentren estudiando y sin medios propios de subsistencia. El texto, impulsado por las senadoras Adriana Cano y Mercedes Derrache, será tratado ahora en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, en una nueva etapa del trámite legislativo.
La iniciativa amplía el alcance de la asignación por hijo, que actualmente solo contempla a menores de 18 años. La nueva redacción del artículo 8 incluye:
Hijos e hijas de entre 18 y 21 años que estudien regularmente en niveles educativos inicial, básico, polimodal o superior.
La condición de que no puedan sostenerse económicamente por sus propios medios.
Compatibilidad con el trabajo en relación de dependencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.
La asignación por hijo consistirá en un pago mensual al trabajador estatal, determinado en función de su remuneración bruta total, habitual y permanente, por cada hijo o hija a cargo que cumpla con los requisitos.
Las autoras del proyecto explicaron que esta modificación tiene como eje fortalecer la protección social integral de jóvenes y adolescentes. El objetivo es garantizar igualdad de oportunidades, especialmente en un contexto donde muchas familias no pueden sostener los costos de la educación de sus hijos mayores de edad.
“Estamos avanzando en un reconocimiento concreto del derecho a estudiar y a acceder a recursos básicos para quienes aún dependen económicamente de sus familias”, señalaron las legisladoras.
Además, remarcaron que se trata de una medida orientada a consolidar derechos con perspectiva de justicia social, acompañando las transformaciones del sistema educativo y laboral.
Tras obtener dictamen favorable en Hacienda y Presupuesto, el proyecto será evaluado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Si es aprobado, pasará al recinto del Senado para su votación definitiva, y luego será remitido a la Cámara de Diputados.