Este lunes, desde Houston, Texas, en el marco de su gira promocional enfocada en la reducción de impuestos y la flexibilización de regulaciones empresariales, Alfredo Cornejo expresó su satisfacción por el retorno de la causa judicial contra vecinos y asambleístas de Uspallata al ámbito provincial. El expediente, que había sido remitido a la Corte de la Nación, volvió a manos de la juez Claudia Tula, quien anteriormente se había declarado incompetente para abordarlo.
Este lunes Federico Soria y Mauricio Cornejo acudieron nuevamente al Polo Judicial citados por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien les informó que la causa de las denuncias por amenazas que radicó Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, seguirá bajo su órbita. La actuación de Sánchez y el equipo de fiscales fue severamente cuestionada por la Iglesia Católica en un duro documento, y además pidió ser investigada en una votación unánime en la Cámara de Diputados.
Uspallata, el "Mostro", la minería
En su intervención, Cornejo abordó diversas aristas del proceso judicial, vinculándolo con el caso de Miguel Pablo González, conocido como "El Mostro". González, señalado por sus lazos con la UCR de Las Heras, fue condenado por incendiar el local de Vera con un bidón de nafta, en un episodio que el propio Vera admitió que no estaba vinculado con los asambleístas sino con una pelea personal.
En su análisis, el dirigente radical equiparó este hecho con las acusaciones dirigidas contra Soria y Cornejo, poniendo el foco en la necesidad de sancionar actos de violencia- "Es imposible que la Justicia se declare incompetente si uno de ellos ya fue condenado porque admitió los hechos", dijo sobre el Mostro.
"La certeza que tengo es que no solo en minería, sino en cualquier ámbito, los hechos de violencia deben ser castigados. La justicia debe actuar con profundidad y no simplemente sacarse los temas de encima", declaró en una entrevista con radio Nihuil. Asimismo, reafirmó que la Justicia de Mendoza ya ha retomado la investigación, aunque la Corte aún debe resolver aspectos de fondo, lo que no impide que la jurisdicción provincial continúe con sus pesquisas.
